Al parecer, consultadas varias fuentes más o menos fiables y a pesar de la dificultad de llegar a dar con la cifra verdaderamente real, tal y como reconocen todos los que han dedicado tiempo a desentrañar semejante misterio, parece que el total de empleados públicos en España, a 1 de enero 2024, era de unos 2.970.000. Ese número incluye a funcionarios, personal laboral no funcionarios y otro personal. Como se puede observar no se incluye en número de cargos políticos, en el que coinciden la mayoría de las fuentes: unos 92.000. Cifra esta última que no es demasiado exagerada si tenemos en cuenta que en España hay 8.132 municipios, unas 459 comarcas (aunque la división comarcal es algo dinámica) 41 Diputaciones Provinciales, 17 Comunidades Autónomas más 2 Ciudades Autónomas. Evidentemente, no todos los cargos políticos que ocupan puestos en estas instituciones tienen un sueldo, como es el caso de alcaldes de numerosas localidades, en otros casos su remuneración es realmente insignificante, aunque en el otro extremo se pueden observar los escandalosos sueldos de algunos regidores de las grandes y no tan grandes ciudades.
Considerando este asunto desde el punto de vista comparativo, no tenemos un número excesivo de políticos, sin embargo si a ese número añadimos el personal de las empresas públicas, del Consejo de Estado, los políticos retirados con pensiones, los de Tribunal de Cuentas, Banco de España, los de los consejos económicos y la multitud de asesores, observatorios, fundaciones públicas, sindicalistas liberados, etc. la cifra, ya no de políticos, sino de empleados públicos se dispara.
Pero vayamos a lo curioso: la distribución de los diferentes tipos empleados públicos en los distintos niveles de la Administración. Con datos de 2022:
- En la AGE el 82 % es funcionario, el 15 % personal laboral y el 3 % otro personal.
- En las CCAA el 52 % son funcionarios, el 13 % personal laboral y el 35 % otro personal.
- En las Administraciones Locales el 31 % son funcionarios, el 54 % personal laboral y el 15 % otro personal.
Llama la atención que en las CCAA el 35 % de los empleados públicos no sean ni funcionarios ni personal laboral. Es una cifra que puede tener significados varios, pero que puede inducir a sospechar que más de la tercera parte del empleo público está reservado y dedicado a la fidelización ideológica. Es una de las características que tiene nuestro Estado de las Autonomías y que se replica de manera más moderada en el nivel municipal. Es en esos 35 % y 13 % donde está gran parte del probable exceso de empleados públicos.
No obstante y a pesar de todo, no está ahí el grave problema del exceso de gasto público. No es esa la parte mollar de los 60.000 millones que suponen los gastos superfluos de las administraciones públicas. Hay muchos más agujeros que hay que controlar. Tampoco son esos 60.000 el único objetivo del control que se debe ejercer, en nuestra España la corrupción en 2018 estaba cifraba en 90.000 millones de euros y hoy puede que haya aumentado.
