Aunque el actual gobierno quiera convencer a los españoles de que la situación económica de España es buena, de que la economía española va como un cohete, lo cierto es que si por algo destaca es por estar totalmente dopada. Una inversión pública forzada no es garantizar un PIB bien fundamentado; una apuesta por el segundo sector (sobre todo el turismo), relegando al primero y al tercero, para buscar una entrada fácil de dinero, no es asegurar una estructura productiva equilibrada, ni un PIB con una tendencia firme al alza; con una falsa tasa de empleo, camuflada por los contratos fijos discontinuos, seguiremos en la senda de la desigualdad y el empobrecimiento “sostenible”.
En suma, los principales problemas económicos que debemos afrontar y a los que hay que dar solución a largo plazo, con decisión y constancia, son los siguientes:
Elevada tasa de desempleo, con una alta incidencia de paro juvenil y una significativa disparidad entre distintas regiones del país. Esto se debe, en parte, a la rigidez del mercado laboral y a la falta de formación en algunos sectores.
Elevado déficit público y deuda pública por encima del 100 % del PIB. A lo que hay que añadir la manifiesta mala e ineficiente gestión de los ingresos públicos.
Acceso a la vivienda cada vez más problemático, especialmente en grandes capitales y otros importantes núcleos urbanos.
Pérdida generalizada de poder adquisitivo por encarecimiento de los precios y empobrecimiento de la clase media y aumento de la desigualdad.
Excesiva dependencia del sector turístico y preocupante dependencia de importaciones y déficit energético.
Un lastre que viene suponiendo unos 90.000 millones de euros al año.
La productividad del trabajo es determinante para el crecimiento de la renta y los salarios, con las consecuencias que de ello se derivan. Además, es la garantía de crecimiento a largo plazo, porque es el resultado de una buena combinación de los factores de producción disponibles (capital, mano de obra, inputs y conocimiento). A la postre, facilita las políticas que favorecen la inclusión social y económica.
En el año 2022 España se situaba por debajo de la media europea (46,28€), con 42,7€ de productividad por hora trabajada. Pero lo peor es que la evolución de la productividad en España fue más débil que la europea, creciendo a una media del 0,77 % anual desde el 2000, por debajo del 1,05 % de la EU-27 o el 1,4 % de EE. UU. Una consecuencia de este hecho, que no llega a corregirse, es el distanciamiento de la renta por habitante española de la media de la UE.
Reorganización de la administración pública, recuperando competencias e impuestos delegados a las CCAA. Potenciación de competencias en las Diputaciones Provinciales y Cabildos o Consejos Insulares. Eliminación de parte de los tributos municipales en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Aplicación de las medidas expuestas en el Programa de Política de Trabajo. Daremos prioridad al apoyo a la creación de empleo en el sector privado para salir de la insostenible situación actual, en la que España, en 2024, registraba un total de 3.037.432 empleados públicos, superando en 440.000 al número de autónomos. Aunque de la cifra total de empleados públicos, solo 1.542.404 son funcionarios de carrera.
Siguiendo la recomendación de la Comisión Europea, en 2016, crearemos el Consejo Nacional de Productividad. Sus misiones, entre otras, serán desentrañar las causas de nuestros problemas de productividad e identificar las formas de activar los mecanismos que la incrementen.
Grupo 1: integrado por la familia nuclear: cónyuge, ascendientes y descendientes por línea directa, adoptados y adoptantes.
Grupo 2: integrado por parientes colaterales no incluidos en el Grupo 1.
Grupo 3: integrado por cualquier otra persona no incluida en los grupos anteriores.
Grupo 1 — tipo reducido: 2 %
Grupo 2 — tipo medio: 4 %
Grupo 3 — tipo alto: 6 %
Eliminar el impuesto directo y rebajar el IVA de ambos al 7 %.
Eximir de esta tasa a embarcaciones no recreativas, para fomentar la actividad económica en zonas portuarias.
Eliminar el Impuesto sobre Hidrocarburos (IHE) y rebajar al 7 % el IVA aplicado a éstos.
Rebaja general del IVA al 15 %, el reducido al 7 % y el superreducido al 3 %. En el caso de productos de higiene íntima para mujeres, así como los de higiene infantil y personas mayores, se propone el 0 %, al igual que para productos de alimentación infantil específicos.
Revisar el IVA de autónomos para cumplir la citada directiva, de manera que se cumpla con la franquicia del IVA, cifrada en 85.000 €.
Eliminación del IRPF para pensiones. El cobro de una pensión no se puede considerar rendimiento del trabajo: el derecho al cobro de esas pensiones se generó durante la vida laboral, mediante la retención practicada sobre los salarios mensuales. Es un caso de doble imposición.
Revisar a la baja el IRPF fijando como objetivo a alcanzar en tres años la siguiente tabla, modificable con los incrementos del SMI:
Aplicación de las medidas expuestas en el Programa de Industria, Energía e I+D+i.
Aplicación de las medidas expuestas en el Programa de Industria, Energía e I+D+i.
Incremento salarial generalizado, simultáneo a la bajada de cotizaciones a la Seguridad Social, tanto para el empresario (o autónomo) como para el trabajador. Lograremos reducir la brecha salarial entre los empleados públicos y los del sector privado, que actualmente está cifrada en el 25 %, fijando este objetivo en una diferencia máxima del 8 % en los tres primeros años. Estas medidas lograrán reactivar el consumo y el ahorro, compensando en gran parte las bajadas de impuestos.
Se revisarán a la baja todas las tablas de las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social. Con carácter general se reducirá la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores al 10 % para la empresa y al 4 % la parte correspondiente al trabajador, además de subir la base mínima de cotización a 1.300 €/mes y el tope máximo de base de cotización a 10.000 €. Todo ello hasta que se inicie lo previsto en el plan de 10 años de reducción de estas cuotas, hasta que finalmente el coste de las pensiones se pase a cargo de los PGE, tal y como se expone en el Programa de Política de Trabajo y Seguridad Social.
Hasta el comienzo del citado plan, las cuotas de autónomos serán progresivas, según la escala de la tabla siguiente. Además, se aplicará una exención total de la cuota durante los 18 primeros meses de actividad del negocio y una reducción del 50 % hasta los 36 meses.
| Ingresos netos / mes | Tipo | Cuota |
|---|---|---|
| x < 1.300 € | 0 % | 0 € |
| 1.300 – 1.500 € | 4 % media del tramo (1.250) | 50 € |
| 1.500 – 2.000 € | 5 % media del tramo (1.750) | 87,5 € |
| 2.000 – 2.500 € | 6 % media del tramo (2.250) | 135 € |
| 2.500 – 3.000 € | 8 % media del tramo (2.750) | 220 € |
| x > 3.000 € (*) | 10 % | 300 € → |
(*) Por encima de los 3.000 € se aplicarán incrementos de cuota de 3 % por cada 1.000 € más de ingresos, hasta un máximo de 10.000 € de ingresos/mes.
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