Los últimos episodios desastrosos, la Dana de Valencia, Albacete y Teruel y los incendios del Oeste y Noroeste peninsular de este verano, han dejado en muchos de nosotros la sensación de que estamos viviendo en un Estado, si no casi fallido, sí del que no se puede esperar mucho más que el continuo espectáculo de los políticos corruptos bailando Bachata a la espera de juicio (si los fontaneros de La Moncloa no lo impiden), para después ser indultados por el gobierno o exculpados por el obediente TC.
La responsabilidad ante emergencias como consecuencia de incendios, inundaciones, nevadas, terremotos y emergencias sanitarias es, inicialmente, autonómica y en concreto de sus correspondientes los servicios autonómicos de Protección Civil y Emergencias, Bomberos y Brigadas Forestales. Los hechos cantan, los resultados de las repuestas que las autoridades autonómicas que tienen esa competencia han resultado evidentemente muy limitados. No solo eso, la prevención y la previsión no ha existido prácticamente. Este es uno más de los muchos problemas que acumula nuestro Estado de las Autonomías.
En las emergencias citadas más arriba, el Estado solo presta el apoyo y asume la coordinación cuando la gravedad de la emergencia supera unos límites, muy subjetivos por cierto, que exceden de la posibilidad de respuesta de los medios autonómicos. Así mismo, es el Estado el que tiene la responsabilidad de solicitar el apoyo de la UE, apoyo al que se recurre normalmente tarde, quizás por no tener un conocimiento claro de nuestras verdaderas posibilidades de respuesta ante catástrofes del calibre de las mencionadas. Porque no quiero pensar que los retrasos y la cicatería en la prestación de apoyos se pueda deber a un rastrero cálculo político. No me gusta en absoluto, en este caso, pero prefiero creer que es debido a la habitual ignorancia de esos políticos que ocupan cargos que deberían estar desempeñados por técnicos bien preparados y experimentados.
José Luis Rodríguez Zapatero, distrajo parte de los efectivos y del presupuesto de las FAS para la creación de la UME. Lo hizo poco después de la suspensión del Servicio Militar obligatorio que promovió su antecesor José María Aznar López. La consecuencias para la operatividad de las FAS, como se puede suponer, fueron bastante, digamos, incómodas.
Las justificaciones que se adujeron para crear la UME, tras otra serie de calamidades que ocurrieron en años anteriores, fueron la evidencia de que los medios y la organización de la Protección Civil eran insuficientes e ineficaces y, en segundo lugar, que debido a la transferencia de las competencias en esa materia a las Comunidades Autónomas, se había descuidado a una organización de respuesta a emergencias a nivel estatal que pudiera coordinar, por encima de las CCAA, en caso de situaciones graves o cuando una catástrofe afectara a más de una de ellas.
Tras el tiempo requerido para su organización, formación y adiestramiento, la UME empezó a intervenir en emergencias, pero no como primera respuesta sino como refuerzo, cuando la Comunidad Autónoma correspondiente lo solicite al Ministerio del Interior, que determinará cuándo, cómo, dónde y con qué intervendrá. Por otro lado, la posible intervención del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, depende de la solicitud que, en su caso, haga el órgano encargado de la coordinación de la emergencia. Pero operan bajo coordinación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), no del Ministerio de Defensa, otro actor más a jugar en una difícil coordinación.
La UME, que goza de un gran apoyo mediático desde su creación y que ha sido objeto de un sinfín de elogios, incluso a nivel internacional, también ha sido objeto de críticas por parte de profesionales de cierto nivel en el ámbito forestal y de algunos bomberos de Brigadas Forestales. Peso a todo, ha tenido hasta ahora intervenciones certeras y decisivas de innegable éxito. Pero, curiosamente, en ningún país de nuestro entorno, o de un nivel socio-económico similar, se ha creado una unidad militar de esas características. Puede que sea porque en otros países no se le ocurre a nadie, o no se atreven, a utilizar con métodos “manu militari” al personal de una organización diseñada para responder ante emergencias que poco tienen que ver con operaciones militares. Aprovecharse de una bicoca como esa solo se le ocurre a un tipo como José Luis Rodríguez Zapatero….y a Maduro.
Además del empleo de la UME, en los últimos desastres, se ha solicitado por parte de autoridades locales, CCAA, e incluso ha sido un clamor entre los ciudadanos más afectados, la intervención de otras unidades de las FAS. Bien sabido es que nuestras tropas no son precisamente bomberos adiestrados y que en ciertas ocasiones hasta podrían estorbar a los profesionales, pero también es cierto que, y sobre todo en el Ejército de Tierra, disponen de unas altas capacidades de apoyo logístico (alojamiento, alimentación, sanidad, transporte, energía eléctrica, etc.), helicópteros, comunicaciones y, por supuesto, de unas unidades de Ingenieros, que cuentan con maquinaria, puentes, lanchas, buceadores, generadores, construcciones de circunstancias, etc. que bien podían haberse utilizado para paliar la precariedad en la que quedaron buena parte de las poblaciones afectadas. No son bomberos, pero pueden apoyar en muchos otros aspectos y están ahí deseando ayudar, cuando les dejan.
En el pasado las Fuerzas Armadas han intervenido con éxito, a pesar de ser conscientes de que sus unidades militares no están organizadas, ni adiestradas, especialmente para esas misiones, que para ellas son secundarias. A pesar de todo, en muchos casos su intervención fue decisiva, porque los medios con los que cuentan para el combate bien pueden ser utilizados para otros cometidos y la disponibilidad de sus miembros está demostrada. Los militares saben perfectamente que podrían apoyar más y mejor si la dotación de sus unidades fuera la que debiera, aun así, si les dejan darán lo mejor de sí.
Si, por ejemplo, España dispusiera de la mitad de los Regimientos de Ingenieros con los que cuenta Francia y con similares medios, posiblemente podríamos habernos ahorrado la carísima UME. Entre otras cosas, porque como en Francia, además, nuestros militares podrían interactúan habitualmente con Protección Civil e intervenir más a menudo, sin tanto complejo y tanto remilgo por sacar al Ejército a las calles, los ríos o los campos. La pazguatería ante una visible intervención de las FAS, de la que casi todos los políticos actuales adolecen y que en la actual coyuntura política se incrementa, por la alergia que les produce lo militar a partidos separatistas y de izquierda, extrema o no, es la responsable de buena parte del abandono que han sentido y sienten los afectados por esos desastres.
Independientemente de todas estas disquisiciones y entrando en cuestiones de organización, es evidente que tenemos un grave desbarajuste y una falta de personal especializado, por un lado, en la prevención, como ya quedó demostrado en la llamada “pandemia del COVID 19” y, por otro, en la dirección de y conducción de situaciones de emergencia. Con la supresión de las CCAA el descontrol que se viene produciendo en estos casos podrá ser sorteado. Avante 2/3 tiene la intención de dotar a la Dirección General de Protección Civil de mayores y mejores medios y plantilla, tanto para atender a la necesaria prevención en su más amplio sentido, como para asumir la planificación, coordinación y mando en todos los casos de catástrofes naturales o no. Esa Dirección General estará a las órdenes del Ministro del Interior y coordinará a las Direcciones Provinciales de Protección Civil y asumirá el mando de todos los medios del Estado, civiles, militares, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que intervengan, incluidos los aéreos. Consecuentemente, en la citada Dirección General se integrarán miembros de las FAS, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
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