Para conseguir ajustar la oferta de trabajo a las necesidades reales del mercado laboral, en el presente y el futuro, es necesario primero acertar con una política educativa que adapte la formación a esas necesidades y a los cambios que se producen por las nuevas formas de producción y las nuevas tecnologías. No es ni muy lógico, ni conveniente llenar las universidades con alumnos poco o mal seleccionados, de los cuales no se puede esperar el rendimiento óptimo; entre otras cosas porque nuestra sociedad del bienestar ya no se puede permitir el lujo de mantener una universidad pública gratuita o cuasi gratuita, para algunos alumnos que no cuentan con los méritos y capacidades necesarios para poder obtener el aprovechamiento adecuado a las enseñanzas que se deben impartir en ese nivel educativo. La selección debería iniciarse en la educación secundaria de forma secuencial, de tal manera que, según los méritos, actitud y aptitud de cada alumno, se le fuera derivando hacia aquellas enseñanzas y especialidades en las que va a sacar mejores resultados y va a dar a la sociedad un mejor rendimiento.
Como consecuencia las administraciones públicas con competencia en materia educativa deberían ofertar una formación profesional más atractiva y amplia, teniendo en cuenta el tipo de profesiones que van a desarrollarse en el futuro y la demanda de puestos de trabajo prevista por cada una de ellas (aunque reconozco que esto es casi jugar a adivinos). Pero también deberían ser capaces de romper algún círculo vicioso, como es el caso de los oficios que tienen que ver con la vida rural, ya que da la sensación de que hay pocas escuelas de formación profesional para capacitar a los jóvenes en materias relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca o los temas forestales, porque no hay mucha demanda por parte del alumnado; pero la situación de grave despoblación de algunas zonas y de deterioro de algunos ecosistemas peninsulares, requiere que las administraciones hagan un esfuerzo para, dentro de un conjunto de medidas que acometan este problema, incluir una oferta atrayente de formación en estos aspectos educativos y empeñarse a fondo en la difusión de la misma.
No quiero que se entienda que soy partidario de una radical separación de la formación profesional y de universitaria, al contrario, pienso que no hay que cerrar puentes a aquellos individuos que, estando capacitados y con los méritos suficientes, deseen ampliar su formación. Y por ello las universidades deberían difundir y hacer atractivos los itinerarios de acceso, desde el grado superior de formación profesional a titulaciones universitarias de las especialidades correspondientes. Pero para hacer más flexible, atractiva y amplia la oferta, las universidades deberían también replantearse la forma en que se adaptaron al sistema de grados universitarios de Bolonia. Me explico, en España se adoptaron mayoritariamente los grados de 240 créditos y en algunos casos hasta se han ofertado “dobles grados” de 360 créditos, pero se despreció la posibilidad que ofrecía el sistema de Bolonia de establecer grados de 180 créditos (3 cursos). Éstos últimos son los que, en mi opinión, resultarían más atrayentes para aquellos que, habiendo cursado un grado superior de formación profesional y habiendo tenido alguna experiencia laboral, desearan incrementar su formación y, posiblemente, fueran los que más se ajustaran a las necesidades del mercado laboral y a los requerimientos de la acción contra la despoblación y el mantenimiento y/o recuperación de nuestros ecosistemas.