En un artículo anterior se trataba el deber de la Administración Pública de servir con objetividad y recordábamos que el Título IV de la Constitución española se denominaba: “Del Gobierno y de la Administración” y abarcaba los artículos 97 al 107, ambos incluidos. También se remarcaba que el artículo 103 está comprendido en este Título y que la gran importancia de este precepto legal deriva de que se constituye como el artículo central sobre la Administración.
El principio de eficacia en el artículo 103
Pues bien, dentro de ese artículo 103 y después de afirmar que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales, el legislador indica que ésta debe actuar siguiendo el principio de eficacia. Es el primer principio clave de los cinco que cita y que regulan cómo deben funcionar las administraciones públicas en España.
¿Qué significa el principio de eficacia?
La eficacia no es más que la capacidad de alcanzar los objetivos propuestos. Aplicado este principio de eficacia a la Administración Pública consistiría en el deber de la misma de lograr los objetivos que le son establecidos con un óptimo aprovechamiento de los recursos empleados para ello. El principio de eficacia de la administración pública, obliga a las autoridades administrativas a no permanecer inactivas frente a situaciones que afecten a los ciudadanos.
Pero además el principio de eficacia busca que la Administración Pública cumpla con los objetivos fijados en la actuación administrativa, que ha de orientarse a la consecución de fines de interés general. Se trata de ir más allá del mero cumplimiento, de cumplir con una diligencia o unos estándares de calidad. La clasificación de la eficacia como principio constitucional implica que la Administración, en su actuación, no solo debe ajustarse al principio de legalidad, sino que también debe emplear todos los medios (materiales y humanos) necesarios para alcanzar el fin que la Constitución Española le asigna: la consecución del interés general.
Una Administración que consiga realmente sus fines
La Administración debe conseguir realmente los fines que tiene encomendados, no limitarse a tramitar papeles. Un ejemplo sería: resolver expedientes en plazo o prestar servicios con calidad. Algo que no es si no dotamos a la Administraciones Públicas de los medios y el personal necesario, posible actualmente con funcionarios públicos debidamente capacitados. Todo ello para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a los que sirven.
La gestión eficaz de los recursos públicos
En este sentido, la Administración Pública en España que tiene como misión principal atender los intereses generales, lo cual implica gestionar con eficacia los recursos públicos. Con el objetivo de proporcionar servicios esenciales, desde la sanidad y la educación hasta la seguridad o la justicia. Hoy en día, mal atendidos para las necesidades nacidas del aumento de la población y, sobre todo, de los entes autonómicos que derrochan los recursos y que deben desaparecer.
El compromiso de AVANTE DOS TERCIOS
AVANTE DOS TERCIOS se compromete a adoptar las medidas necesarias para que la Administración Pública sea eficaz. Eliminando drásticamente el cáncer que son las Comunidades Autónomas, donde hoy en día existen muchísimos empleados públicos que realizan las mismas funciones repetidas en cada una de las Autonomías.
Como consecuencia, se va a obtener por un lado un excedente de funcionarios que irán a completar las muchas necesidades que hoy existen en la Administración Central del Estado. Y por otro se podrán racionalizar los servicios con los recursos disponibles de manera adecuada. Evitando el despilfarro y favoreciendo una utilización razonable y apropiada del dinero público.
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