El Estatuto Marco y un problema que va mucho más allá de la sanidad
La polémica abierta entre los médicos y el Gobierno a propósito del Estatuto Marco pone sobre la mesa una cuestión que trasciende la sanidad: una sociedad puede defender la igualdad de dignidad y derechos sin negar las diferencias de formación, competencia, autoridad y responsabilidad. España necesita recuperar el valor del mérito profesional y escuchar a quienes conocen desde dentro los servicios públicos.
La controversia en torno al Estatuto Marco del personal sanitario ha provocado una reacción especialmente contundente entre sectores médicos.
Más allá de las reivindicaciones laborales concretas, existe una cuestión que merece una reflexión política mucho más profunda: ¿estamos construyendo un país en el que reconocer diferencias de formación, competencia y responsabilidad se ha convertido casi en algo incómodo?
Todos los profesionales sanitarios son necesarios. Todos merecen respeto. Todos contribuyen al funcionamiento de un hospital.
Pero eso no significa que todos desempeñen la misma función, tengan la misma formación, posean las mismas atribuciones o asuman idéntica responsabilidad.
Reconocerlo no supone establecer categorías sobre la dignidad de las personas. Supone reconocer cómo funciona una organización compleja.
Y este debate no afecta únicamente a la sanidad.
Afecta a la concepción que tenemos del mérito, la profesionalidad, la autoridad y la responsabilidad en la España actual.
Un comunicado que ha puesto palabras a un malestar
En este contexto, un sindicato médico ha difundido un comunicado especialmente duro sobre el Estatuto Marco. Su lenguaje es deliberadamente provocador y corresponde exclusivamente a sus autores, pero consideramos interesante reproducirlo íntegramente porque plantea cuestiones que merecen ser debatidas.
Comunicado del sindicato médico:
“Todos los colectivos sanitarios son necesarios. Nadie lo discute. Pero ser necesario no significa ser equivalente. El #hospital no es una fiesta infantil con globitos, medallitas y frases de PowerPoint para que ningún ego frágil acomplejado se vaya a casa con sarpullido. Es un sistema complejo con funciones distintas, responsabilidades distintas y consecuencias distintas. Y sí, existe una jerarquía funcional. No moral. No humana. Funcional. Hay quien diagnostica y decide. Hay quien ejecuta, cuida, administra, monitoriza o traslada. Todos imprescindibles. No todos intercambiables.
Sin embargo España ha conseguido una hazaña europea: tener una de las menores diferencias salariales entre #médico y enfermería pese a que la diferencia de formación, función y responsabilidad es abismal. Once años largos antes de ejercer como especialista. Once. Pero nada, detalle ornamental.
Lo importante es que nadie se nos acompleje. Que no se note demasiado que diagnosticar no es administrar, que prescribir no es ejecutar, que decidir un ingreso no es tomar constantes y que firmar un alta no es acompañar emocionalmente al paciente hasta la puerta.
Igual dignidad, sí. Equivalencia profesional, no.
Pero decir esto provoca ataques de dignidad selectiva en ciertos sectores. Entonces aparecen los discursos de «trabajo en equipo», «horizontalidad», «competencias avanzadas», «liderazgo compartido» y demás espuma tibia de cursillito de empoderamiento en tonos pastel.
Todo muy bonito hasta que algo sale mal. Entonces desaparece la transversalidad, se esfuma el empoderamiento, se pincha el globo y todo el mundo mira al juez señalando al medico… entonces todos acaban teniendo claro que «ellos solo hicieron lo que ordeno el medico».
Y al que le escueza, que se rasque la entrepierna con el Estatuto Marco.
Porque ésa es la madre del disparate: un Estatuto Marco que permite negociar las condiciones laborales de los médicos sin los médicos. Con sindicatos que representan a enfermería, auxiliares, celadores y otros colectivos, pero contra los sindicatos que representan a la inmensa mayoría de los facultativos. Democracia sindical, lo llaman…
Es como si Iberia negociara las horas de vuelo y los descansos de los pilotos con el personal de tierra porque son más. Total, todos trabajan en el aeropuerto. Todos son importantes. Todos quieren que el avión llegue. Pero cuando el aparato esté a diez mil metros, igual conviene que el descanso del piloto no lo haya decidido el que coloca las maletas.”
La dureza de algunas expresiones puede compartirse o rechazarse. No es esa la cuestión que queremos abordar.
Lo importante es el problema que existe detrás.
Igual dignidad no significa equivalencia profesional
Una democracia debe partir de un principio irrenunciable: todos los ciudadanos poseen la misma dignidad y deben ser iguales ante la ley.
Pero igualdad no significa equivalencia.
Un médico no tiene mayor dignidad humana que un enfermero, un celador o un auxiliar. Tampoco un profesor tiene mayor dignidad que su alumno, ni un juez que el funcionario que trabaja en su juzgado.
Pero sus funciones no son las mismas.
Su formación no es la misma.
Sus atribuciones no son las mismas.
Y, sobre todo, su responsabilidad tampoco es necesariamente la misma.
Una sociedad madura debería ser capaz de reconocer simultáneamente ambas cosas.
Igual dignidad.
Diferentes responsabilidades.
El problema aparece cuando, en nombre de una determinada concepción de la igualdad, empezamos a considerar sospechosa cualquier diferencia basada en preparación, conocimiento, experiencia, mérito o responsabilidad.
El mérito no es un privilegio
Durante demasiado tiempo se ha ido debilitando en España una idea elemental: el esfuerzo debe tener consecuencias.
Prepararse más debe importar.
Adquirir conocimientos especializados debe importar.
Asumir mayores responsabilidades debe importar.
Responder profesional o jurídicamente por una decisión debe importar.
Nada de esto constituye un privilegio.
Es meritocracia.
Y una sociedad que deja de reconocer el mérito termina enviando un mensaje profundamente desmovilizador, especialmente a sus jóvenes: esforzarse más, prepararse mejor y asumir mayores responsabilidades acaba teniendo cada vez menos reconocimiento.
Desde Avante 2/3 defendemos precisamente lo contrario.
Queremos recuperar una cultura del esfuerzo, el mérito y la responsabilidad.
Queremos una España donde estudiar vuelva a servir, donde la excelencia sea reconocida y donde la preparación profesional tenga consecuencias reales.
La autoridad debe acompañar a la responsabilidad
Existe además otro principio fundamental.
No puede exigirse responsabilidad sin conceder autoridad suficiente para ejercerla.
Preparación, competencia, autoridad y responsabilidad forman parte de una misma cadena.
Quien posee determinada preparación puede ejercer determinadas competencias.
Quien ejerce esas competencias necesita autoridad para tomar decisiones.
Y quien dispone de esa autoridad debe responder por ellas.
Preparación → competencia → autoridad → responsabilidad.
Cuando esa cadena se rompe aparecen las disfunciones.
Tenemos profesionales responsables de decisiones sobre las que cada vez poseen menor capacidad efectiva de actuación; técnicos sometidos a estructuras burocráticas que desconocen la realidad cotidiana de su trabajo; y responsables políticos o administrativos capaces de regular ámbitos profesionales enormemente complejos desde una distancia creciente respecto de quienes trabajan diariamente en ellos.
La consecuencia es una Administración cada vez más grande y, demasiadas veces, menos eficaz.
Gobernar no consiste en ignorar a quienes saben
La controversia del Estatuto Marco plantea además otra pregunta esencial.
¿Tiene sentido reformar las condiciones de ejercicio de una profesión altamente especializada sin conceder una participación adecuada a quienes la ejercen y conocen directamente?
El Estado tiene la obligación de gobernar.
Pero gobernar no significa pensar que un despacho administrativo posee automáticamente más conocimiento que quienes trabajan cada día en hospitales, colegios, juzgados, explotaciones agrícolas, empresas o servicios públicos.
Avante 2/3 defiende precisamente que las grandes políticas de Estado deben recuperar el conocimiento profesional.
Lo planteamos, por ejemplo, para la educación: cualquier reforma profunda debe escuchar atentamente a los sectores directamente implicados. Defendemos además recuperar la autoridad del profesor y tratar al docente como un verdadero profesional, con mayor exigencia pero también con mayor reconocimiento.
El principio es perfectamente trasladable a la sanidad.
Escuchar al profesional no debilita al Estado. Hace que el Estado funcione mejor.
El problema español: mucha burocracia y responsabilidades cada vez más difusas
Este episodio permite observar además una enfermedad institucional bastante más profunda.
España se ha convertido en un país extraordinariamente complejo desde el punto de vista administrativo.
Administración General del Estado.
Comunidades autónomas.
Entidades locales.
Organismos públicos.
Agencias.
Consejerías.
Direcciones generales.
Comisiones.
Mesas de negociación.
Procedimientos interminables.
La estructura crece, pero la responsabilidad individual sobre los resultados se diluye.
Cuando algo funciona, aparecen muchos responsables del éxito.
Cuando algo fracasa, comienza el recorrido entre administraciones para descubrir de quién era realmente la competencia.
Ese modelo es especialmente visible en nuestra sanidad, fragmentada territorialmente en diferentes sistemas autonómicos, con estructuras administrativas, políticas de personal y capacidades de gestión distintas.
Avante 2/3 defiende un Estado mucho más racional, eficaz y cohesionado. Un Estado capaz de garantizar que los derechos fundamentales y los grandes servicios públicos no dependan del territorio donde viva cada español.
No queremos más burocracia.
Queremos mejores instituciones.
Lo que ocurre en un hospital ocurre también fuera de él
La reflexión puede trasladarse prácticamente a toda la sociedad.
Cuando un avión atraviesa una situación crítica queremos un piloto preparado.
Cuando necesitamos una intervención quirúrgica queremos al mejor cirujano disponible.
Cuando una infraestructura presenta problemas queremos ingenieros competentes.
Cuando nuestros hijos entran en un aula queremos profesores preparados y con autoridad.
Cuando la seguridad nacional está amenazada queremos profesionales experimentados tomando decisiones.
Y cuando la Administración gestiona miles de millones de euros de los ciudadanos deberíamos exigir exactamente lo mismo.
Competencia. Preparación. Mérito. Responsabilidad.
¿Por qué hemos convertido conceptos tan elementales en asuntos políticamente incómodos?
Una España que vuelva a premiar a quien responde
Avante 2/3 no defiende una sociedad de privilegios.
Defiende una sociedad de oportunidades, mérito y responsabilidad.
Una España donde nadie sea discriminado por su origen, territorio o condición, pero donde tampoco se pretenda borrar artificialmente las diferencias que nacen del esfuerzo, la preparación y las responsabilidades asumidas.
Porque igualdad ante la ley no significa que todas las funciones sean iguales.
Trabajo en equipo no significa ausencia de autoridad.
Cooperación no significa que nadie sea responsable.
Y democracia no significa que el conocimiento profesional pueda ser ignorado.
España necesita recuperar algo que nunca debería haber perdido: el respeto por quien sabe, por quien se esfuerza, por quien asume responsabilidades y por quien responde de sus decisiones.
Eso vale para nuestros médicos.
Vale para nuestros profesores.
Vale para nuestros jueces, ingenieros, investigadores, agricultores, empresarios, autónomos, funcionarios y profesionales.
Y debería valer también para quienes gobiernan.
Porque el verdadero problema comienza cuando quienes tienen la responsabilidad no tienen autoridad, quienes tienen autoridad no poseen la preparación necesaria y quienes toman las decisiones nunca responden por sus consecuencias.
Igualdad de derechos. Mérito en las oportunidades. Autoridad para ejercer. Responsabilidad para responder.
Sobre esos principios también se reconstruye un país.
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