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Un dato sobre la CE: el artículo 103 y el deber de servir con objetividad (Datos y curiosidades)

Un dato de la constitucion
El artículo 103 de la Constitución establece que la Administración Pública debe servir con objetividad a los intereses generales. Analizamos qué implica este principio, la importancia de tomar decisiones basadas en criterios técnicos y jurídicos y la necesidad de establecer mecanismos de control que garanticen una Administración verdaderamente al servicio de los ciudadanos.

El artículo 103 de la Constitución española

El Título IV de la Constitución española se denomina: “Del Gobierno y de la Administración” y abarca los artículos 97 al 107, ambos incluidos; por tanto el artículo 103 está comprendido en este Título. La gran importancia de este precepto legal deriva de que se constituye como el artículo central sobre la Administración Pública.

Los principios que deben regir la Administración Pública

Veamos como comienza el apartado uno del 103: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Es decir que establece un conjunto de principios clave que regulan cómo deben funcionar las administraciones públicas en España. Estos principios son fundamentales en el desempeño de cualquier Estado democrático moderno y garantizan la eficiencia y la responsabilidad del gobierno y sus instituciones

¿Qué implica la objetividad?

Por su parte, la objetividad implica: actuar sin favoritismos ni arbitrariedades y tratar a todos los ciudadanos de forma imparcial. Para ello debe fundamentar sus decisiones en criterios técnicos y jurídicos, no políticos. La Administración existe para servir a los ciudadanos, no para servirse a si misma.

Políticas basadas en datos e información verificada

En consecuencia, la Administración pública actúa con objetividad al implementar políticas basadas en datos e información verificada. Esto implica la utilización de herramientas y metodologías que permiten evaluar el impacto de las decisiones.

Control y evaluación de la actuación administrativa

Además, para garantizar que actúe con objetividad, es necesario establecer mecanismos de control y evaluación que permitan medir el desempeño y la eficacia de sus acciones, cerciorándose de que se atiendan los intereses generales de la ciudadanía. Pero, desgraciadamente, no es esto lo que hacen normalmente los políticos.

El compromiso de AVANTE DOS TERCIOS

AVANTE DOS TERCIOS asegurará que la Administración Pública proceda siempre en base al interés general de la sociedad, lo que significa que las autoridades públicas tienen la responsabilidad de tomar decisiones y realizar acciones que beneficien a la ciudadanía en su conjunto, afianzando sus derechos y garantías.

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