El Tribunal Supremo y su papel en el Estado de Derecho
Es uno pilares del Estado de Derecho en España y tiene su sede en Madrid. Es el Órgano judicial único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional.
Además, constituye la cúpula del sistema de impugnaciones y es, por tanto, el máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España. Se ocupa, entre otras cuestiones, de decidir los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios, del enjuiciamiento de los miembros de altos órganos del Estado y de los procesos de declaración de ilegalización de partidos políticos.
Dicho de otra manera, es el tribunal más alto del país para todo lo que no esté vinculado a cuestiones de constitucionalidad. Su función principal es asegurar una aplicación uniforme de las leyes en todo el territorio nacional, resolviendo recursos contra sentencias dictadas por tribunales inferiores.
¿Qué decisiones puede tomar el Supremo?
El Supremo puede: anular sentencias de tribunales inferiores. Establecer jurisprudencia que otros jueces deben seguir. Revisar actuaciones del Gobierno vía recurso contencioso-administrativo. Juzgar a aforados, como diputados, senadores o ministros. Emitir sentencias con efecto nacional. Además, puede influir en decisiones futuras por la doctrina jurídica que establece en sus resoluciones.
¿Puede frenar decisiones del Gobierno?
Sí, pero sólo si alguien recurre formalmente una decisión ante él. El Supremo no actúa de oficio ni entra a valorar decisiones políticas por sí mismo. Su intervención se produce cuando se considera que una medida del Ejecutivo podría vulnerar la ley.
Interpretación y unificación del derecho
Se ha escrito que una de las misiones centrales del Tribunal Supremo es la Interpretación y unificación del derecho. Ampliando un poco más esta misión, diríamos que el TS interpreta las normas cuando hay dudas sobre su alcance o su significado. Las leyes pueden ser ambiguas, generales o diseñadas para situaciones amplias. Ahí es donde entra la responsabilidad del Supremo: aclarar qué dice una norma, cómo debe aplicarse y qué criterios deben seguir los tribunales inferiores al resolver casos similares. Esta función de interpretación trae dos beneficios: seguridad jurídica y previsibilidad. Si todos aplicaran la ley de la misma manera, las personas y las empresas podrían planificar con una visión clara del marco normativo. Además, la sala de interpretación se ocupa de unificar criterios para evitar que decisiones similares en tribunales distintos resulten en resultados opuestos. Cuando esto ocurre con frecuencia, se genera confusión, desconfianza en el sistema judicial y, en casos graves, una sensación de “jurisprudencia selectiva”. El Supremo intenta evitarlo mediante resoluciones que sirvan como guía para el conjunto del país.
La propuesta de AVANTE DOS TERCIOS para el Poder Judicial
AVANTE DOS TERCIOS propone que el TS y su Presidencia sea la máxima autoridad efectiva del Poder Judicial. Que sea independiente verdaderamente al ser elegido el presidente del TS por y entre los magistrados del TS con diez años de ejercicio en el cargo. Sustituyendo al actual Consejo General del Poder Judicial por una Secretaría General dependiente de la presidencia del TS, un fiscal general del Estado elegido por la presidencia del TS y la desaparición del Tribunal Constitucional que pasaría a ser una sala más del TS.
