Miembro de Comité PermanenteLuis Baile Roy
Miembro de Comité PermanenteRespuestas del foro creadas
Como yo no tengo ni idea de temas fiscales, le he pasado tu comentario a un «experto» o a mi me lo parece y me ha devuelto el texto con unos comentarios. Te lo transcribo tal cual me ha llegado (comentarios en negrita):
Simplificación del sistema fiscal
La implementación de un tipo único de IRPF podría mejorar la posición
competitiva de España en materia fiscal:
Actualmente, la competitividad del sistema tributario español es de las
más bajas de la OCDE.
Un sistema más simple y con tipos más bajos podría atraer inversión ytalento.
Es una opinión, creo que hay formas más efectivas de atraer la inversión, ¿Atraer la inversión por implementación de un tramo único?
Mejoraría la imagen internacional de España como destino para hacer
negocios.
Puede ser, pero no creo que tuviera un gran efecto,
Incentivo a la actividad económica
Una tarifa plana de IRPF más baja que los tipos marginales actuales
podría estimular la actividad económica:
Incentivaría el trabajo y el emprendimiento al reducir la carga fiscalsobre las rentas del trabajo.
El IRPF grava las rentas personales, haría que los trabajadores dispusieran de mayor capacidad de gasto y por lo tanto fomentaría principalmente el consumo y algo el ahorro. ¿Emprendimiento?
Podría fomentar el ahorro y la inversión al dejar más renta disponible
en manos de los contribuyentes. Si.
Reduciría los desincentivos a obtener mayores ingresos que generan los
tipos marginales crecientes. SiReducción de la evasión fiscal
Un sistema más simple con un tipo único podría ayudar a combatir el
fraude fiscal:Eliminaría incentivos para buscar deducciones o exenciones complejas. Si
Facilitaría la detección de incumplimientos al simplificar las
declaraciones. Si
Reduciría las oportunidades de planificación fiscal agresiva. Irían a otros impuestos.
Mayor eficiencia recaudatoria .
Mayor simplicidad,
Aunque inicialmente podría suponer una reducción de ingresos, a medio
plazo podría mejorar la recaudación:
Esta es una afirmación sin base.
Ampliaría la base imponible al eliminar deducciones y exenciones
complejas. Si
Reduciría los costes de gestión y control del impuesto. Si
Podría aumentar el cumplimiento voluntario al simplificar las
obligaciones. Lo dudo,
Equidad y transparencia
Contrariamente a lo que podría parecer, un tipo único podría percibirse
como más justo:Siempre que se ha propuesto rebajar el tipo máximo del IRPF, por ejemplo, al 25/35 por ciento, acompañado de una importante subida del mínimo exento que garantice la progresividad de la reforma, los políticos de todos los partidos han vociferado que eso supondría «bajar los impuestos a los ricos». Error, el tramo alto del IRPF lo paga la clase media asalariada.
Eliminaría distorsiones y tratamientos diferenciados entre
contribuyentes. Si.
Aumentaría la transparencia al simplificar el cálculo de la carga
fiscal. Si
Mantendría la progresividad mediante un mínimo exento elevado.
En conclusión, una tarifa plana de IRPF podría ofrecer ventajas
significativas en términos de simplificación, competitividad, estímulo
económico y eficiencia recaudatoria. Para ello, será crucial
diseñarla adecuadamente para mantener la suficiencia recaudatoria y la
equidad del sistema.La parte alta del IRPF está casi vacía. Sólo los asalariados (trabajadores por cuenta ajena) pertenecientes a la clase media y media-alta y que están sujetos al control de la Hacienda Pública, figuran en ese registro.
Hay miles de yates, chalés de lujo por toda la costa española cuyos propietarios no declaran estar en el tramo alto del IRPF.
¿Qué opinión te merecen esos comentarios? Puede llegar a implementarse.
Un sistema justo y eficiente se conseguiría con un sistema fiscal sencillo. Algunos países europeos han adoptado el tipo único con la esperanza de mejorar la recaudación, el crecimiento económico y la equidad, que solo se conseguiría si el mínimo exento se amplía.
Si fuera así, pocos podrían votar y se les acababa el chollo a los actuales políticos, que basan su supervivencia en el engaño y, porqué no decirlo,en la ignorancia del respetable
Buena apreciación. Hubo una democracia, hace muchos siglos, en la que para ejercer algunos cargos se exigía una preparación específica y adecuada (generales de los ejercitos, gestores de la hacienda pública, etc), además eran elegidos /seleccionados por la Asamblea de Ciudadanos, por un tiempo determinado y, en algunos casos, no podían repetir indefinidamente. También había algunos cargos a los que se podía optar voluntariamente, siempre con unas determinadas condiciones y, una vez reunidas todas las solicitudes, se procedía a realizar un sorteo (insaculación) para designar al que iba a desempeñar el cargo, normalmente por un periodo de tiempo corto.
Hoy día cualquiera que no sepa donde meterse, puede hacer carrera en un partido político. Que se lo pregunten a Patxi López o a Adriana Lastra, por poner solo dos ejemplos
Totalmente de acuerdo. Es uno de mis temas preferidos. Algunos me dicen que soy muy pesado con el asunto, pero a mí me parece gravísimo. En pocos días iré introduciendo en nuestras propuestas las políticas que proponemos para incentivar la natalidad.
De acuerdo con tus comentarios y además creo que la promoción de la inmigración ilegal, no solo es una manera de distraer la atención para disimular sus corruptelas, es en sí misma parte de la corrupción. La subvención a ciertas ONG,s y a gobiernos de paises origen y de paso, son otra forma de corrupción.
Los productos alimentarios, sean nacionales o de importación, deberían cumplir las misma normativa, para garantizar la seguiridad alimentaria a toda la población. No es de recibo permitir la entrada de alimentos importados sin los controles más exhaustivos.
Los productos importados pueden competir en precios con los nacionales percisamente porque, en su gran mayoría, son producidos en países en los que el factor trabajo es mucho menos costoso, además de utilizar medios más rudimentarios de recolección y tratamiento. A lo que habría que añadir que en esos países los trabajadores no suelen no contar con los mismos derechos que de aquí.
¿Cúal sería el cuerpo electoral que elegiría a los diputados de cada provincia en Congreso?
¿Qué circunscripción contemplas para el caso de la elección del ejecutivo (supongo que presidente del gobierno?
¿Serían los partidos políticos los únicos que podrían presentar candidatos en este último caso?
¿Por qué mencionas a los profesionales del Derecho en general como elegibles al CGPJ? Cuando todos sabemos que no en todos los casos cuentan con méritos necesarios.
¿Por qué no contemplas la posibilidad de elección de miembros del CGPJ mediante la insaculación (sorteo), previa selección de un número determinados de insaculados por méritos objetivos dentro de la judicatura?
Ojalá repitas eso de participar. La lectura de tu aportación me ha dado que pensar y aunque yo no soy de campo porque, aunque me he pasado muchas horas y días por él, nunca he trabajado la tierra, ni he tenido ganado. lo único que he hecho que me ha aproximado a los problemas de la España rural es practicar la trashumancia con vacas avileñas bastantes años. De todas formas, si tenemos a una persona que sabe de estos temas y quizas le interese participar en este foro. Le voy a pasar tu aportación al foro.
Sobre los temas que tratas en esta entrada he escrito en mis dos últimos libros y coincido prácticamente en todo. Solo puntualizaré que en la CE del 78, que efectivamente se hizo con un alto grado de consenso, en mi opinión, algunos artículos se introdujeron por presiones (o instrucciones) externas. De la misma forma que a la Alemania de la posguerra se le impuso un federalismo que ni pidieron, ni necesitaban y solo por mantener dividido al Estado, a España se le impuso un Estado de las Autonomías que ya se sabía cómo iba a terminar.
En cuanto al Senado, en mi libro he propuesto un sistema para su constitución, según el cual no es necesaria la elección de senadores por sufragio universal. Suponiendo que el Estado Autonómico continúe tal y como es actualmente, mi propueta era que los senadores deberían ser designados por los gobiernos de las CCAA, según la siguiente proporción, por ejemplo:
· 1 para las CCAA con menos de 100.000 de habitantes (2 CCAA)
· 2 para las de 100.000≤Habitantes≤1.000.000 (3 CCAA)
· 3 para las de 1.000.000≤Habitantes≤2.000.000 (5 CCAA)
· 4 para las de 2.000.000≤Habitantes≤5.000.000 (5CCAA)
· 5 para las de 5.000.000≤Habitantes≤7.000.000 (2 CCAA)
· 6 para las de 7.000.000≤Habitantes≤9.000.000 (2 CCAA)
Estos 65 senadores constituirían el núcleo de la representación de las CCAA y, como es lógico, debido al procedimiento de designación, estarían sometidos al mandato debido de quien los designó, de esta forma, si la lógica imperara, las discusiones entre partidos estarían relegadas a un segundo plano, primando lógicamente la defensa de los intereses de cada comunidad autónoma. En este grupo se tendría en cuenta no sólo una representación mínima de dos senadores para cada autonomía, excepto para Ceuta y Melilla que contarían con 1 senador cada una de esas Ciudades Autónomas, además, atendiendo a la población de cada comunidad, se asignaría un número de senadores por cada tramo de población considerado, de manera que se prima la cantidad de habitantes, sin tener en cuenta la extensión territorial de la autonomía o la densidad de población.
Pero, desde mi punto de vista, en la cámara de representación territorial también deberían tener voz otras entidades territoriales de nivel inferior a las CCAA, las cuales también tienen reconocida su autonomía administrativa y, en su caso, política, por lo que tienen importantes responsabilidades, de las que tienen que rendir cuentas ante sus ciudadanos y, por lo tanto, deben tener un foro para la defensa de sus intereses, exposición de sus necesidades y planteamientos de sus problemas y propuestas, pudiendo participar también en los procesos legislativos que les atañan. Me estoy refiriendo a las Provincias y Municipios que, a menudo, no se sienten representadas ni en los parlamentos o asambleas autonómicas, ni en las cámaras de Las Cortes Españolas. Por ello sería muy conveniente y justo asegurarles una adecuada representación en el Senado, como cámara de representación territorial, que compense la influencia que en el mismo pueden alcanzar las CCAA.
Puesto a la labor de equilibrar la representación de CCAA por un lado y de provincias y municipios por otro, en el libro he planteado tres posibilidades para la asignación del número de senadores (no autonómicos) a cada territorio. En primer lugar pensé en recurrir a los datos de la extensión territorial de las provincias, en segundo lugar a los de la densidad poblacional de las mismas y, en tercer lugar a un sistema mixto basado principalmente en la extensión territorial, pero introduciendo un factor corrector para los casos de densidades de población iguales o más bajas de 25 hab./Km2. En todo caso, los senadores serían elegidos por un cuerpo electoral compuesto
por los diputados provinciales y los ediles de los municipios de dicha
diputación (un sistema parecido al francés en este caso).En cuanto a las capacidades con las que debería contar el Senado, sin extenderme mucho, las mínimas para contrarrestar a las que posee el Conbreso deberían ser:
las cinco principales capacidades con las que debería contar:
· Iniciativa legislativa. En este caso sus proyectos de ley se remitirían al Congreso para deliberación. Posteriormente se devolverían debidamente informados al Senado en el plazo que se fijara. El proyecto de Ley, modificado o no, debería volver al Congreso para su deliberación y aprobación o no. En este último caso pasaría ser debatido en una Comisión mixta paritaria (Congreso/Senado), que propondría los cambios que estimara oportunos, el mantenimiento del proyecto de ley o la supresión de este.
· Capacidad de Veto para proyectos de ley que impliquen la modificación de la Constitución o que afecten directamente a la ordenación territorial del Estado, la financiación de CCAA, Diputaciones y Municipios, así como a sus procedimientos administrativos. El veto debería suponer la constitución de una Comisión mixta paritaria (Congreso/Senado), con el fin de llegar a acordar un texto que resulte aceptable al Senado, en caso contrario el proyecto de ley decaería.
· Derecho de dictamen de los proyectos de ley del gobierno. En el plazo que se determine se devolvería debidamente informado al gobierno, que aceptaría o no los dictámenes del Senado y remitiría el proyecto al Congreso para continuar con el trámite legislativo.
· Derecho a la impugnación. Que podría ejercer en el caso de tratarse de leyes sobre las que no tuviera derecho a veto. La primacía legislativa, al igual que ocurre en la actualidad, estaría depositada en el Congreso de los Diputados pero, en el caso de leyes no incluidas en el apartado 2 (caso de veto), una vez acabado el proceso legislativo en el Congreso, la ley debería ser sometida a la deliberación del Senado. En el caso de no estar de acuerdo con la ley remitida por el Congreso, el Senado podría exigir, en el tiempo que se determinara, la formación de una Comisión Mixta (Congreso/Senado), que propondría cambios en la ley, su mantenimiento o la supresión de esta. En el caso de que la Comisión Mixta recomiende el cambio o supresión de la ley, el Congreso debería volver a iniciar el proceso legislativo y la ley, en su nuevo formato, volvería pasar por el Senado y, en su caso, por la Comisión.
· Control del Gobierno. Además, el Senado debería tener la obligación de oír al Gobierno cuando éste lo solicitara y la potestad de convocar sesiones de control al mismo.
Todo ello, suponiendo que el Estado de las Autonomías continuara como es, cosa que nosotros no deseamos, por lo que aquellos senadores de desiganción por los gobiernos de las CCAA desaparecerían.
Por lo que hace al poder judicial, mi propuesta para la elección de los miembros del CGPJ, cuestión clave para respetar la independencia de dicho poder, es la siguiente:
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte magistrados con más de 25 años de antigüedad, nombrados por el Rey por un período de cinco años, todos elegidos por sorteo entre los cien mejores currículums evaluados por el CGPJ mediante concurso de méritos según normativa del propio Consejo. Debo aclarar que, por supueto, entrarían en evalúación y sortéo los jueces y magistrados que voluntariamente lo deseen.
Totalmente de acuerdo. Quizás algunos productos de fuera, incluso siendo sometidos a los mismos controles y a pesar de los costes del transporte, resulten más económicos debido al menor coste del factor trabajo en algunos países, pero no es asunto nuestro. Podemos desear que en esos paises los trabajadores tengan los mismos derechos que los de aquí, incluso que tengan unas remuneraciones más dignas y justas, pero en eso no podemos influir, son ellos los que deben luchar por ello en sus países.
Con circunscripciones provinciales no evitaremos nunca la atomización del Congreso en un número exagerado de partidos, además de no poder evitar la presencia de partidos independentistas. Para evitar esto último es necesaria la circunscripción nacional y una barrera electoral próxima al 3 %, si no es así, con una ley electoral similar a la tenemos, nunca evitaremos la presencia de esos partidos, a menos de que por una hipotética nueva ley de partidos, sean ilegalizados.
En cuanto al CGPJ y al Tribunal de Cuentas, la introducción del sorteo sería la garantía de independencia, ya que se uniría, a unos altos y estrictos requisitos para poder acceder voluntariamente al proceso de elección, la total aleatoriedad de la designación de sus miembros.
Por otro lado, si no se quiere contemplar la circunscripción nacional y volviendo a las elecciones de diputados por provincias, tampoco hay que despreciar la posibilidad de que la elección de los representantes en el Congreso se produzca por un cuerpo electoral contituido por los diputados provinciales y, en su caso, los concejales municipales. Al fin y al cabo los ciudadanos elegirían a sus representantes en los municipios y éstos a los diputados proinciales en las Asambleas de las Diputaciones Provinciales por lo que, mediante elecciones sucesivas, los diputados en el Congreso representarían a los ciudadanos de las provincias y estarían sometidos a mandato imperativo.
