Hasta 2013 había en España un Defensor del Pueblo Estatal. Además, en las diecisiete Comunidades Autonómicas (CCAA,s), existían once defensores autonómicos y en seis no se disponía de esta institución: Castilla la Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares y Cantabria.
Actualmente hay un Defensor del Pueblo central y nueve autonómicos en sendas CCAA,s. Es decir, han aumentado a ocho las CCAA ,s sin defensor del pueblo autonómico. Significa esto que, en esas ocho CCAA,s, donde viven unos quince millones de españoles, no tienen defensor del Pueblo? No, estos españoles disponen del Defensor del Pueblo estatal con competencia nacional.
¿Y que pasó en 2013? Pues que Asturias y La Rioja decidieron acertadamente suprimirlos, traspasando todas sus funciones al Defensor del Pueblo estatal. En el caso de Asturias, en su Ley 2/2013, de 21 de junio, se suprimía el procurador general. La argumentación principal es que los asturianos conocían y utilizaban con mayor intensidad al Defensor del Pueblo, la figura correspondiente a nivel nacional. Además se añadía que “tomando como referencia los respectivos informes anuales, en 2009, transcurridos cinco años desde la creación del Procurador, los asturianos continuaban tramitando ante el Defensor del Pueblo 459 expedientes de queja, por solo 276 ante su propia Procuradora General, que, sin embargo, supuso una carga financiera de 4.114.308 euros, esto es, de casi 15.000 euros por queja”. Además, esta medida se justificaba en “la actual coyuntura política, que exige de todos los poderes públicos las necesarias modificaciones en orden a lograr una dimensión adecuada, razonable y ajustada de sus estructuras”.
Mientras, en La Rioja, la Exposición de motivos de su Ley 9/2013, de 21 de octubre, se refería a la suspensión de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano. En la citada Exposición se explicaba que “la austeridad en la gestión de los dineros públicos, así como la búsqueda de una mayor eficiencia y la eliminación de duplicidades son las razones que hacen que en estos momentos veamos aconsejable suspender la actividad del Defensor del Pueblo Riojano”. Para concluir que “en todo caso, el pueblo riojano seguirá contando con la asistencia del Defensor del Pueblo del Estado ante cualquier mala praxis de cualquier Administración que pudiera ir contra sus derechos”.
AVANTE DOS TERCIOS pretende que sólo haya un único Defensor del Pueblo estatal, aumentando su personal en lo que se estime conveniente y, en consecuencia, eliminando el gasto autonómico en defensores.
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