En 2024 tuvimos que ver cómo 237 compatriotas (al menos) perdían la vida por una Gota Fría, ahora denominada Depresión Aislada de Niveles Altos (DANA), cuyos efectos fueron devastadores para una extensa zona al sur de la ciudad de Valencia. Las responsabilidades políticas y criminales que, por acción u omisión, deberían recaer sobre ciertas personas están todas por conocerse, excepto el cese de una Consejera de la Generalidad y la dimisión a destiempo de un Presidente de esta, por cierto nada ejemplar. Por supuesto, la mayoría de los MCS han obviado sacar a relucir e insistir en la responsabilidad política y quizás penal en la que pueden haber incurrido todos esos cargos políticos (ministros, presidentes, consejeros) que olvidaron o traspapelaron los informes y proyectos que, de haberlos tenido en cuenta, hubieran salvado muchas vidas y evitado gran parte de las inmensas pérdidas materiales que se produjeron a consecuencia de ese fenómeno atmosférico que recurrentemente amenaza esa parte de nuestro litoral. Tampoco los fiscales, que deben actuar de oficio, se tomaron muy en serio su responsabilidad ante semejantes “presuntos delitos”. El coste de esas obras hidráulicas, muchas de las cuales estaban previstas para 2010, puede suponer hoy unos 500 millones de euros, pero que según la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, todavía no se han licitado. Me pregunto para cuándo, ¿esperan otra DANA? Me pregunto qué hubiera sucedido si se hubiera seguido la inercia que rompió el famoso Plan Sur de Valencia, quizá hubiera habido bastantes menos muertes en estos 50 últimos años.
En 2025 tuvimos el honor de ser el país más obscuro de toda Europa durante un día. Un apagón descomunal y sorpresivo nos afectó a toda España, aunque a unos más tiempo que a otros. De nuevo, la responsabilidad política queda reducida al cese de uno que pasaba por ahí y la penal en aguas de borrajas o entre miles de legajos acumulados en algún juzgado de no se sabe dónde y en el que dormirá el sueño de los justos. De nuevo, los responsables de llevar la red de distribución eléctrica al límite, por pura obcecación ecologista, se van a ir de rositas. En esta ocasión parece que solo son 10 muertes las achacables a aquel vergonzoso incidente, otros dicen que fueron bastantes más pero, en fin, no vamos a discutir por eso, porque solo un fallecido hubiera ya valido para llevar ante un juez al idiota que se cree, por muy ministra o presidenta de Red Eléctrica que sea, que esa red puede funcionar exclusivamente, o mayoritariamente, con energía procedente de fuentes renovables, olvidando que el sistema precisa de una “inercia mecánica” (50 Hertzios) para dar servicio.
Sin abandonar 2025, podemos seguir sumando defunciones que pueden ser achacables a la falta de inversión en mantenimiento por parte de las autoridades responsables. Es el caso de nuestras carreteras, un campo del que nuestro ministro de transporte se siente tan orgulloso como del ferrocarril mejor del mundo. Pues siento aguarle la fiesta pero los hay que dicen, y saben de lo que hablan, que el mal estado de las carreteras puede ser el responsable de la mitad de los fallecidos en accidentes de tráfico (1119 en 2025). Estamos hablando de algo más de 500 muertes al año debidas al mal estado de mantenimiento de las carreteras. Según la Asociación Española de la Carretera el 52 % de la red viaria española presenta firmes con deficiencias graves o muy graves, es decir unos 54.000 kilómetros están en mal estado. Ese deterioro es debido a un déficit de inversión en mantenimiento cifrado en unos 13.000 millones de euros. Los responsables: los mismos. Consecuencias políticas o penales: ninguna.
Ahora, ya entrados en 2026, nos encontramos con el principio de lo que, Dios no lo quiera, puede ser otra serie de siniestros que nos recuerdan que “ellos” siguen ahí, haciendo de las suyas, que no es otra cosa que llevárselo crudo. Pasado apenas un mes del nuevo año, unos accidentes, que son clara consecuencia de la falta de mantenimiento o de la revisión y conservación defectuosa de la infraestructura ferroviaria, han causado ya 46 muertes, entre ellas las de dos maquinistas. De nuevo, se desviará la atención, se cesará al que le toque en suerte, o por ser menos simpático con el jefe y santas pascuas. La clave de estos accidentes y otros que puedan seguir es la falta de mantenimiento preventivo de una red ferroviaria que es muy buena, aunque mal mantenida. En redes modernas, el mantenimiento total puede oscilar entre 30.000 € y 100.000 € por kilómetro al año. Si en España tenemos unos 15.500 kilómetros de vías, podríamos estar hablando de una media de unos 900 millones al año para un mantenimiento preventivo y correctivo eficaz, muy por encima de los 470 que se invirtieron en 2024, que resultaron claramente insuficientes y eso que supusieron un 40 % de lo invertido en 2019. Estamos en las mismas “ellos se lo guisan y ellos se lo llevan”.
¿Hasta cuándo vamos a aguantarlos? ¿Cuándo los vamos a mandar al paro?
