El actual Gobierno de España ha demostrado ser incapaz de sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero sorprendentemente eficaz a la hora de seguir gobernando sin ellos. Desde 2023, esta anomalía constitucional se ha normalizado, generando consecuencias directas para millones de ciudadanos… y ninguna para los responsables.
Año tras año, la ausencia de presupuestos actualizados no solo incumple la obligación constitucional de someter las cuentas públicas al control parlamentario, sino que además convierte la gestión pública en una improvisación constante, perjudicando gravemente a las Comunidades Autónomas, a los proveedores del Estado y, en última instancia, a todos los ciudadanos.
Financiación autonómica en el aire
Entre las consecuencias más evidentes, destaca la no actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Esta irresponsabilidad ha generado un déficit progresivo en los presupuestos regionales. En el caso de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, el agujero económico alcanza los 200 millones de euros mensuales.
Tampoco se ha aprobado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, instrumento clave para que las CCAA puedan cubrir gastos esenciales. Por primera vez en 12 años, se les ha privado de este apoyo financiero, dejándolas a la deriva en un contexto de inflación y aumento del gasto público.
Proveedores como prestamistas forzados
Una de las consecuencias más preocupantes es el retraso en los pagos a los proveedores de servicios esenciales. Las Comunidades Autónomas están superando el límite legal de 30 días, con demoras que ya alcanzan los 38 días en promedio.
Especialmente grave es el caso de los farmacéuticos, quienes han empezado a recibir avisos de que los pagos por medicamentos se retrasarán en algunas regiones. Estos profesionales, lejos de ser responsables de la situación, se ven ahora forzados a actuar como prestamistas involuntarios de una administración ineficiente.
Deuda para tapar agujeros
La situación ha llegado a tal extremo que Comunidades como la Valenciana han tenido que emitir deuda por valor de más de 1.800 millones de euros solo para poder pagar facturas farmacéuticas y otros servicios básicos antes de que acabe julio.
Este endeudamiento no responde a una inversión en infraestructuras, innovación o crecimiento, sino simplemente a la necesidad urgente de cubrir el funcionamiento básico del Estado del Bienestar. Una huida hacia adelante sin estrategia ni responsabilidad.
Conclusión
España se encuentra atrapada en un modelo de gestión política en el que la ausencia de presupuestos no impide gobernar, pero sí impide gobernar bien. La Constitución se convierte en papel mojado, y los ciudadanos en espectadores pasivos de una obra de teatro cada vez más cara… y más cínica.
Gobernar sin presupuestos es hacerlo sin control, sin rumbo y sin vergüenza. Pero sus efectos no son invisibles: están en los bolsillos de los ciudadanos, en las farmacias, en los hospitales y en la deuda que las próximas generaciones heredarán sin haber votado a nadie.
Estamos en manos, no ya de ineptos, sino de mafiosos, dispuestos a continuar sin perder la mamandurria. Todo les vale, y ahora, que se ven al borde del abismo, son auténticamente peligrosos. Dios nos coja confesados.