- Pondremos en marcha una política innovadora para incentivar la contratación.
- Se retirará la paga mínima a todo el que esté en condiciones de aceptar un empleo.
- Inicialmente fijaremos el Salario Mínimo Interprofesional en 1.300 euros.
- Rebajaremos las cotizaciones de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social.
- Reduciremos y realizaremos ajustes en el Impuesto de Sociedades y el IRPF.
- Eliminaremos el IRPF de las pensiones con carácter inmediato.
- Igualaremos la pensión contributiva mínima al SMI.
- Las pensiones pasarán a financiarse por los Presupuesto Generales del Estado en un plazo de 10 años.
- Ampliación del permiso de maternidad/paternidad a 18 meses. Los seis primeros meses para la madre y el restante a decisión de la pareja.
- Educación infantil de primer ciclo (1 a 3 años) gratuita en todo el Estado.
Nuestro progama de un vistazo
Estrategia para el incremento de personas empleadas
Poner en marcha una política orientada sobre todo a combatir el paro juvenil, sin olvidar al resto de los afectados por esa lacra.
- Incentivar el contrato para el primer empleo
- Con carácter eventual inicialmente, para pasar a indefinido al cabo de un tiempo si el trabajador cumple las expectativas y hay acuerdo
- Máximo de dos años para jóvenes sin experiencia
- Incentivo para la empresa: 75 % menos de cuota para empresas de 250 o más trabajadores y del 100 % para el resto de las empresas
- Condición: Mantener el empleo neto en la empresa
- Incentivar el contrato en prácticas
- Duración mínima 6 meses y máxima 2 años, para jóvenes con la formación acabada
- Incentivo a la empresa: 100 % reducción de cuota el 1er año
- 75 % reducción de cuota el 2º año para empresas de 250 o más trabajadores
- 100 % el 2º año para empresas de menos de 250 trabajadores
- Poner en práctica el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa
- Para jóvenes desempleados o de otro sector productivo
- Condicionado a estar recibiendo formación vinculada con el puesto de trabajo
- Jornada del 50 %
- Incentivo para la empresa: 75 % menos de cuota para empresas de 250 o más trabajadores y del 100 % para el resto de las empresas
- Condición: Mantener el empleo neto en la empresa
- Potenciar la contratación indefinida
- Realizando una evaluación realista y consensuada con los actores sociales de las edades adecuadas para la jubilación según las profesiones y los sectores laborales.
- Incentivando los contratos de relevo con reducción del 100 % de la cuota a la Seguridad Social para el nuevo trabajador durante dos años
- Retirar la “Renta Mínima” a todo aquel que esté en condiciones de aceptar un empleo y trabajar, manteniéndola exclusivamente a familias en las que haya personas con discapacidad, menores o mayores de 67 años. En todo caso, el abono de la Renta Mínima estará reservado a españoles o inmigrantes legales con Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) o NIE.
Política Salarial
Hay diversas posturas doctrinales respecto a la conveniencia de la fijación de un salario mínimo interprofesional (SMI) general a nivel estatal. Cada una de ellas detallan las ventajas y los inconvenientes del SMI en el marco de una economía de mercado libre. También hay quien, en el caso de implantar el SMI, plantea la necesidad de adecuarlo a las realidades socioeconómicas de los diferentes territorios. Es, por lo tanto un tema muy controvertido y, sin duda, habrá que consensuarlo con los diferentes agentes económicos y sociales. No obstante, nosotros, en la actual coyuntura social y laboral creemos que es conveniente una regulación al respecto, en el entendido de que resultaría positiva la fijación de un salario mínimo para todo el territorio nacional, dadas las circunstancias actuales del mercado laboral y para dar una oportunidad a la España más despoblada. Una regulación que debería ir acompañada de las medidas de inspección y sancionadoras necesarias en orden a evitar la oferta de trabajo a emigrantes ilegales y a trabajadores nacionales sin contrato alguno. Todo ello, en el entendido de que, pasado un cierto tiempo, variable según el crecimiento económico y la evolución del mercado laboral, será posible dejar de regular el salario mínimo, como sucede en Italia en la actualidad, país en el que, los sueldos se determinan a través de convenios colectivos entre sindicatos y organizaciones empresariales y que, en 2025, el sueldo medio alcanzó los 2960 €/mes, mientras en España ronda 2.290, siendo la renta mediana 1790 €/mes.
La puesta en práctica de un SMI que, en términos EPA (Estándar de Poder Adquisitivo), inicialmente lo fijaremos en 1300 €, iría acompañada de las medidas que están expuestas en la política de pensiones, para ir rebajando la contribución de empresarios y trabajadores a la seguridad social, así de reducciones en el impuesto de sociedades y el IRPF, para que el dinero revierta en nuevas inversiones, innovación, desarrollo e incremento del empleo.
Diferencias entre los sistemas de pensiones más comunes
El sistema de reparto
Muchos países utilizan el sistema de reparto para el pago de las pensiones. Este sistema consiste en que recauda los fondos mediante las cotizaciones de las personas en situación laboral activa y con esos fondos paga las pensiones a las personas que están en una situación de inactividad laboral por jubilación. Es un sistema actualmente en dificultades y continuamente sometido a ajustes para garantizar el pago de las pensiones.
Cualquier situación económica adversa lleva consigo la contracción del mercado laboral y, consecuentemente, al contar con menos cotizaciones se ven afectadas las pensiones o se recurre al endeudamiento del Estado. Además, las nuevas modalidades de empleo que se han ido introduciendo tanto en España como en el resto de la UE, incrementando la contratación temporal o la extraña figura del fijo discontinuo, acaban indefectiblemente en una reducción de los salarios y del montante de las cotizaciones de las personas activas, poniendo en peligro la financiación de las pensiones. Tampoco debemos olvidarnos de la endémica ineficacia de nuestro mercado laboral para dar empleo a jóvenes licenciados o graduados universitarios, lo que provoca una penosa fuga de talentos después de haber asumido España el coste de su formación.
Añadamos a todo ello la peligrosa situación demográfica que vive toda Europa y en especial España, en la que el envejecimiento progresivo de la pirámide poblacional debido a una mayor esperanza de vida y una gravísima disminución de la natalidad. Por otro lado, la inmigración legal que logra trabajar y cotizar, mientras la situación económica en el país de acogida sea positiva, ayuda indudablemente al sostenimiento de la caja de la Seguridad Social pero, cuando las cosas vienen mal dadas en economía, las cosas cambian y muchos pasan a engrosar la filas de grupo de personas inactivas laboralmente, sin olvidar que, con el tiempo, envejecerán, pasarán a engrosar el grupo de jubilados y a cobrar su correspondiente pensión.
El incremento de la natalidad que pueda ser consecuencia de la inmigración no es un remedio ni claro, ni definitivo, para que nuestra situación demográfica cambie y menos para poder decir que con él se vaya a asegurar la sostenibilidad del sistema de reparto en un futuro. En primer lugar, porque el inicial empuje de la inmigración en ese sentido se va mitigando con el paso del tiempo, acercándose cada vez más a las costumbres del país de acogida. En segundo lugar, porque la inmigración ilegal, en aumento desde que se practica, por parte de los últimos gobiernos y algunas ONG,s un inconsciente y peligroso efecto llamada, recala en muchos casos en el campo de las contrataciones ilegales y los abusos laborales y la delincuencia. Las administraciones gastan en muchas de esas desvalidas personas buena cantidad de fondos en ayudas sociales, bien o mal administradas, manteniendo de esa manera en el país a una buena cantidad de personas que difícilmente van alguna vez a cotizar y a colaborar en la sostenibilidad del sistema de reparto, más bien al contrario van a ser únicamente perceptores de ayudas provenientes de las administraciones públicas.
Esta situación parece abocar en España a una crisis del sistema de reparto, que va a tener graves dificultades, a no mucho tardar, para financiar las pensiones de una población mayor proporcionalmente cada vez más numerosa. Así, muchos de los potenciales beneficiarios del modelo de reparto están ya pensando que pueden estar contribuyendo a un sistema con pocas expectativas de supervivencia, pues el acceso a la prestación por jubilación y la cuantía que éstas supongan podrían ser modificadas en el futuro al albur de las difíciles futuras circunstancias.
El sistema de reparto
En un sistema de capitalización el trabajador va aportando a lo largo de su vida laboral unas cantidades a un fondo que utiliza el capital de las cotizaciones sociales aportadas para realizar inversiones en fondos privados o públicos, con el fin obtener unas rentabilidades que, en un futuro, se sumarán al capital acumulado para la jubilación. Está claro que en este caso la pensión dependerá de la rentabilidad obtenida por los fondos privados donde se realicen las inversiones. Por lo tanto, la pensión dependerá del tipo de rentabilidad que obtenga el capital acumulado en un tiempo determinado. Este sistema supone una ruptura total con el sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional y del que hemos hablado anteriormente y que se puede considerar de difícil mantenimiento. Evidentemente, no asegura un tratamiento uniforme a los pensionistas, pues éstos pueden tener una prestación diferente según haya sido la rentabilidad de los fondos a los que haya confiado sus cotizaciones sociales.
Sin embargo, desde la fría óptica capitalista, el sistema de capitalización incrementa un ahorro que, mediante las entidades financieras que manejan esos fondos, se invierten en créditos y préstamos para la creación de empresas y a la creación de empleo, favoreciendo en consecuencia la buena marcha de la economía o, en su caso, la recuperación.
En Italia y Suecia se puso en funcionamiento un sistema denominado de cuentas nacionales, basado en que el Estado abre una cuenta a cada trabajador (la mochila) en la que acumula sus cotizaciones, un capital que con que el Estado hace inversiones. Al llegar a la jubilación, recibirá una pensión que será el resultado de dividir el importe acumulado en su cuenta nacional entre la esperanza de vida estimada de la cohorte de la población correspondiente a su tramo de edad considerado. Pero, se puede dar el caso de que el Estado fije una esperanza de vida excesiva y poco realista, por lo que el jubilado verá disminuida de manera importante su pensión mensual.
Sistemas mixtos
En Chile se llevó a cabo un cambio en su sistema de pensiones al pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización parcial obligatoria, complementado con una parte del coste de las pensiones financiado por el Estado con los impuestos, es decir, parte de las pensiones pasaron a formar parte de los presupuestos del Estado.
En otros países tales como Hungría, Polonia, Bulgaria o Croacia también se emplean sistemas mixtos, en los que mantienen el sistema de reparto con otro de cotizaciones gestionadas por entidades privadas o públicas.
La financiación a través de impuestos
En otros países europeos como Dinamarca, Alemania, Noruega, Finlandia y Suiza, gran parte del coste de las pensiones es aportado por el Estado a través de los impuestos, siendo incluido en los presupuestos del Estado.
Política de Avante 2/3 para las Pensiones
Con carácter inmediato, Avante 2/3 eliminará el IRPF de las pensiones. Un impuesto injusto y que es una antigua reivindicación de los pensionistas. Asimismo, subirá la pensión mínima hasta igualarla con el salario mínimo. Otra reivindicación de los pensionistas que tiene toda lógica. Y tanto la eliminación del IRPF como la subida de la pensión mínima se harán con cargo al ahorro cien mil millonario, obtenido con la revisión de la Constitución al derogar el ruinoso y corrupto sistema autonómico y el gasto político insostenible y también corrupto.
El presupuesto de las pensiones pasará, en fases programadas, a los presupuestos generales del Estado, garantizando su prestación y actualización, eliminando las cuotas de empresas, autónomos y trabajadores a la seguridad social, lo que producirá un incremento de la inversión, del consumo y del empleo suficiente para compensar el incremento de gasto traspasado a los PGE, por vía impositiva sobre la mayor actividad económica, junto al ahorro en gasto político y en corrupción (más de 120 mil millones al año). Es decir: se garantiza a los españoles que van a cobrar su pensión actualizada.
Según la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), “en España hay 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas (PYMES) -empresas con menos de 250 asalariados, incluyendo a los autónomos propiamente dichos-, que representan el 99,8% de las empresas del país y generan el 62,1% del empleo empresarial”. Atendiendo a estos datos, las propuestas arriba señaladas constituirían un círculo virtuoso que, para ese tejido empresarial, supondría un impulso fundamental para su pervivencia y para reducir el paro estructural que padece España.
En el año 2023, las cotizaciones a la SS sumaron 155 mil millones de euros, pero los pagos en pensiones fueron de 190 mil millones. Así que el Estado tuvo que poner la diferencia… emitiendo deuda pública.
Avante 2/3 propone reducir anualmente un 10% las cotizaciones a la SS de empresarios, trabajadores y autónomos, de manera que en diez años todo el gasto en pensiones recaiga sobre los PGE. El reducir el 10% significa, en cifras de 2023, que el Estado se verá obligado a compensar esos 15 mil quinientos millones a través del Presupuesto. Pues bien, Avante 2/3 estima que esos 15 mil quinientos millones que se quedan en los bolsillos de empresarios, autónomos y trabajadores ayudarán a que el PIB crezca el 5%, producto de la mayor inversión, más empleo y mayor gasto de los consumidores.
Es decir, el PIB crecerá hasta los 1,575 billones. 75 mil millones más. Como el Estado ingresa por impuestos el 18,2% del PIB, el resultado es que ingresará 286.650 millones, lo que hace un incremento de 14.650 millones respecto a lo ingresado en 2023 que fueron 272000 millones. Es decir, que prácticamente recuperará, vía impuestos, los 15.500 millones reducidos en las cotizaciones a la SS. Y si faltan ingresos, por cualquier circunstancia, se dispondrá del ahorro predicho en gasto político y corrupción.
Este cambio de pago de las pensiones obligará a un nuevo sistema de cálculo para su obtención al final de la vida laboral del trabajador. Tendrá que establecerse un periodo transitorio que respete los derechos adquiridos de los cotizantes, y se irá a un cálculo basado, por ejemplo, en lo pagado por IRPF durante la vida laboral.
Por otra parte, AVANTE 2/3 legislará para que las grandes empresas (significativamente las que cotizan en el IBEX 35) paguen los impuestos que corresponden sin deducciones ni “ingenierías financieras” de ningún tipo; y se prohibirán las “puertas giratorias” por las que los políticos entran en los consejos de administración de empresas cuya regulación depende del BOE, en claro perjuicio para los españoles.
Conciliación laboral y personal
Medidas prioritarias de conciliación
- 18 meses de permiso de maternidad/paternidad. Repartidos entre ambos a elección de la pareja, excepto los seis primeros que serán exclusivos para la madre.
- Educación Infantil de primer ciclo (1 a 3 años) gratuita en todo el Estado
- Favorecer la flexibilidad del horario laboral durante los 3 primeros años de vida del niño.
- Incentivar la semana laboral comprimida, la reducción de jornada y el Banco de Horas para padres hasta los tres primeros años de vida del niño
La implicación empresarial en esta política redundará en beneficios para:
- Los trabajadores con familia
- La empresa, reduciendo el absentismo laboral, incrementando el rendimiento, mejorando el ambiente laboral, por la retención del talento, por la reducción de costes en procesos de selección de nuevo personal, etc. Además de poder beneficiarse de ventajas fiscales
No obstante, la realidad es tozuda y muestra que la duración de las jornadas de trabajo, así como su ordenación, inciden en las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar o personal de hombres y mujeres, pero en especial de éstas últimas que siguen siendo las que más horas dedican al trabajo dentro de casa, lo que afecta a su participación en la vida laboral en igualdad de condiciones.
En definitiva, para lograr reducir más esa brecha nos proponemos adoptar las siguientes medidas:
- Estudiar la medición de las brechas salariales, tanto a nivel privado como público. Sobre todo, en base a estadísticas oficiales sobre la brecha salarial y empleando incentivos positivos y negativos por parte de la Administración Pública, para lograr la transparencia salarial de las empresas y la reducción de la brecha salarial.
- Fomentar, en el ámbito de la conciliación, la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las responsabilidades familiares. Aumentaremos y mejoraremos de los sistemas de apoyo y ayuda a las familias.
- Incrementaremos participación de la mujer en los órganos de decisión y en los de negociación colectiva, y promoveremos el emprendimiento femenino.