Nuestro progama de un vistazo
Situación territorial actual de España
Las CCAA se han convertido en órganos intermediarios, innecesarios, ruinosos, desintegradores y fábricas de desigualdad y de corrupción política. Se ha generalizado la opinión de que el sistema autonómico es un cáncer que sufre España y que está arruinando y haciendo desiguales a los españoles. Es un cáncer con metástasis en otros órganos del Estado.
Las CCAA nunca fueron una necesidad del pueblo. Fueron un invento del 78 para contentar las ansias de los nacionalistas de siempre (otro cáncer) y algunas presiones procedentes de intereses exteriores. La gente sentía y siente la Nación, la Región, la Provincia y su municipio, pero no ese invento de la Comunidad Autónoma, sin arraigo histórico ni emocional. Pero, una vez introducido el sistema autonómico, los partidos políticos se dieron cuenta de que esa estructura era un negocio, tal y como ya sabían los nacionalistas. Ya en el año 2010 se calculaba que las en las CCAA se estaba produciendo un sobrecoste de unos 20.000 millones de Euros. ¿Qué no estará pasando ahora que se ha incrementado su voracidad sobre un sistema de financiación autonómica totalmente desnortado? No tienen fin ni medida a la hora de convocar numerosas ofertas de empleo público, ni de incrementar la remuneración de sus empleados, ni de seguir gastando más y más en gastos superfluos. Por otro lado, en 2020, se calculaba que el hecho de mantener las numerosísimas duplicidades que se producían entre las administraciones de este sistema conllevaba un despilfarro de 88.000 €.
Para corregir esa insoportable deriva que ha tomado el sistema autonómico, siendo posibilistas, antes de llegar a nuestro objetivo de suprimir las CCAA.
Propuesta de Avante 2/3 para la organización territorial
En un primer paso, mientras no se tenga la mayoría necesaria para proceder a la supresión de las CCAA, proceder a concertar con otras fuerzas políticas la recuperación por parte del estado de las competencias en Educación, Sanidad y Seguridad, que nunca se debieron haber cedido. Un paso previo que, sólo con la recuperación de las competencias de educación y sanidad, podría suponer un ahorro de unos 40.000 millones de euros, independientemente de las ventajas para la igualdad entre españoles.
Simultáneamente a la recuperación de las competencias citadas anteriormente, derogar los conciertos económicos del País Vasco y Navarra y, en su caso, el convenio económico y fiscal especial para Cataluña.
El objetivo final es que descentralización política y administrativa quede en los niveles provincial y municipal, no estando permitida la unión política entre provincias. Todas estas entidades gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. La deuda de las actuales CCAA será asumida por el Estado.
Los niveles de gobierno administrativos y políticos serán:
- El Gobierno de España
- Las Diputaciones Provinciales
- Los Municipios
Se establecerá el principio de subsidiariedad entre los tres niveles administrativos.
El gobierno nacional tendrá una representación en cada provincia, presidida por el Delegado del Gobierno, del que dependerán las delegaciones ministeriales. Todas las Diputaciones Provinciales tendrán la misma estructura política y la Constitución y las leyes que la desarrollen establecerán sus competencias y su régimen fiscal. No se admitirá la federación de provincias.
Habrá un fondo estatal de compensación para que todos los españoles reciban iguales servicios públicos, independientemente de su provincia de residencia.
Las Diputaciones Provinciales y las delegaciones ministeriales provinciales del Estado acogerán también al personal funcionario o laboral procedente de las CCAA derogadas, que mantendrá todos sus derechos económicos y laborales. El exceso de personal, en su caso, se irá amortizando por las jubilaciones en el porcentaje que convenga para evitar un vacío generacional.
Los edificios e instalaciones y medios de toda índole que actualmente tienen las CCAA pasarán a titularidad del Estado, que podrá traspasarlos a las Diputaciones Provinciales o a las Delegaciones del Gobierno, vendiéndose los sobrantes.
Se declara el español como lengua de todos los españoles y como lengua oficial del estado. En las provincias con un segundo idioma, toda la documentación oficial, cartelería, anuncios, etc. de la administración pública se escribirá en los dos idiomas. El conocimiento del español será suficiente para trabajar en cualquier administración pública en España. En las provincias/regiones con un segundo idioma, el conocimiento del idioma distinto del español no dará ventaja alguna en los concursos y convocatorias públicos.
Las competencias que puedan asumir las provincias y las que serán exclusivas del Estado estarán claramente definidas en la revisión constitucional que propone Avante 2/3. En ningún caso el Gobierno de la nación podrá traspasar a las provincias competencias exclusivas del Estado.
Las normativa legal estatal prevalecerá, en caso de conflicto, sobre las de las provincias en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Provincias.
Reto demográfico
Estamos al límite, estamos llegando tarde para darle solución a nuestro problema demográfico. Es el momento de dejar de “no hacer política demográfica”, de dejar de lado prejuicios ideológicos trasnochados, de abandonar el seguidismo de mentalidades egoístas y aburridamente individualistas, para prestar atención a ese gran problema nuestro que consiste simplemente en que somos el menos poblado de los países grandes de la UE y la razón es, pura y simplemente que cada vez nacen menos niños
No todo se puede confiar al o al azar, ni a la inmigración. Hay que hacer políticas adecuadas para prevenir lo que nos pueda llegar, manteniendo nuestras costumbres, mejorando nuestra particular forma de ser y vivir. Hay que emplear el dinero público, que sí es de alguien, porque es de los españoles, en políticas pensadas para el pueblo, a largo plazo y con honradez. Esas políticas que se han tenido olvidadas en España demasiado tiempo y que tienen que ver con los factores económicos, sociales y culturales que influyen en la decisión de tener hijos. Políticas para el medio y el largo plazo, que vayan dirigidas, sin complejo ninguno, a apoyar la natalidad, evitar los abortos y primar la familia.
Avante 2/3 nos vamos a volcar en:
- 1. Apoyo económico directo a la natalidad
- 2. Mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar.
- 18 meses de permiso de maternidad/paternidad. Los 8 primeros para la madre, el resto a repartir entre ambos a su criterio.
- Educación Infantil de primer ciclo (1 a 3 años) gratuita en todo el Estado
- Favorecer la flexibilidad del horario laboral durante los 3 primeros años de vida del niño.
- Incentivar la semana laboral comprimida, la reducción de jornada y el Banco de Horas para padres hasta los tres primeros años de vida del niño
- 3. Reducción de costes asociados a la crianza. IVA superreducido para productos específicos para la crianza de los hijos.
- 4. Vivienda accesible.
- 5. Cambios educativos, culturales y de sensibilización para incentivar la natalidad.
- 6. Incentivos y apoyo laboral a mujeres que desean tener hijos. Incentivos a las empresas que apliquen medidas de conciliación.
- 7. Iniciativas específicas para mujeres y jóvenes. Para su emancipación y acceso a la vivienda.
- 8. Apoyo a las mujeres con problemas para llevar a término su embarazo:
- Asistencia médica y psicológica gratuita
- Apoyo económico para poder disfrutar de una vida digna y en libertad, en caso de falta de los medios.
- Garantizar el alojamiento en caso necesario
- No consideramos el aborto como un derecho y menos que se pretenda incluirlo entre los Derechos Humanos. Por ello modificaremos la actual ley al respecto. Se legislará la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo para ciertos casos, como pueden ser las graves deformaciones en el feto, la violación o el riesgo de vida para la madre.
En España se practican una media de 100.000 abortos al año. Con nuestras medidas pretendemos disminuir esa cifra al mínimo. No es cuestión de penalizar a la mujer que se ve abocada a pasar por esa durísima experiencia, es cuestión de poner los medios para que no tenga que verse en las circunstancias que le lleven a recurrir a ello.
Despoblación de zonas rurales
Otro gran problema, otro desafío que debemos afrontar con decisión e inteligencia para darle una solución duradera y realista. El despoblamiento rural, que lleva ya unos años afectando a amplias zonas de España, es un problema demográfico de primera magnitud y también lo es desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente y de la necesaria recuperación de zonas que han caído, o están próximas a hacerlo, en la matorralización del terreno y desaparición de pastos debido al abandono de la actividad del pastoreo, de la ganadería extensiva y de la falta de limpieza de los montes.
Los efectos perniciosos de este problema demográfico sobre los servicios básicos en las zonas rurales afectadas, además de producir un efecto salida hacia las grandes poblaciones, influye negativamente en la percepción que tiene la escasa población joven sobre la oportunidad y conveniencia de tomar la decisión de emprender allí un proyecto de vida . Porque, al fin y al cabo, lo que se está produciendo en las denominadas zonas “rurales profundas” (con densidad de menos de 5 hab./km2) y “rurales estancadas” (cuya densidad despoblación está entre 5 y 15 hab./km2) es la escasez y lejanía de los servicios, que han venido a consecuencia de la escasa masa crítica de población en esas zonas. Las actuaciones que se emprendan para darle solución a este problema afectarán positivamente, también, a la tasa de natalidad en nuestro país.
Lo que hacía la vida posible en esas zonas rurales antes mencionadas era que había una economía sostenible basada en una agricultura y ganadería tradicional, enmarcadas en un mercado diversificado que abarcaba, además de las zonas rurales antes mencionadas, las denominadas zonas “rurales intermedias” (con una densidad de población de entre 15 y 25 hab./km2) y “dinámicas” (cuya densidad de población es entre 25 y 50 hab./km2, que constituían juntas un conjunto rural que contaba con manufacturas y artesanía, además de disponer de unos servicios básicos de proximidad. Toda esa red de poblaciones, más o menos habitadas y separadas, orbitaba alrededor de una cabecera comarcal que añadía a las posibilidades económicas antes indicadas una mayor diversificación económica y unos servicios que cubrían las propias necesidades y asistían a su comarca. Esa es la estructura a la que se debe tender, debidamente actualizada con los actuales medios de producción agropecuarios e industriales.
Se trata de llevar a cabo las medidas políticas necesarias para que, con racionalidad y eficiencia, se logren las condiciones adecuadas para que sea posible desarrollar proyectos de vida al margen de las grandes poblaciones.
Entre otras, las medidas que adoptará Avante 2/3 serán:
- Revisar la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para lograr que llegue realmente a los pequeños productores autónomos y explotaciones familiares y por lo tanto a la lucha contra la despoblación.
- Incentivar las actividades consideradas auxiliares y complementarias a las tradicionales en el medio rural (mecánica, administración y contabilidad, asistencia veterinaria y sanitaria, asesoría empresarial y fiscal, sistemas CIS y de localización GPS de aplicación en agricultura y ganadería, energías renovables, mataderos ambulantes, servicios de compra “on line”, comercio ambulante, etc.)
- Para los municipios de 100 habitantes o más acceso a las redes de servicios de información con una velocidad de al menos 300 MB. Una facilidad para que puedan establecerse en zonas rurales personas que pueden desarrollar gran parte de su labor mediante el teletrabajo.
- Créditos y ayudas fiscales para inversiones en energías limpias, sobre todo en energía solar, tanto para viviendas como para explotaciones agropecuarias.
- Apoyo a la rehabilitación de viviendas en el medio rural, sobre todo en municipios de menos de 2000 habitantes. Incentivar la reutilización edificios de titularidad pública para vivienda.