Nuestro progama de un vistazo
Medidas relativas a las Autoridades del Ministerio
La Secretaría de Estado de Sanidad será asignada a un funcionario de carrera del grupo A1, doctor en Medicina, con un mínimo de 10 años de experiencia en dirección y gestión en órganos de este ministerio, o 12 años en la dirección de centros sanitarios públicos.
La Secretaría General de Servicios del SNS y Farmacia será dirigida por un funcionario de carrera del grupo A1, doctor en Medicina o licenciado en Farmacia, con un mínimo de 10 años de experiencia en dirección y gestión en órganos de este ministerio, o 12 años en la gestión de servicios de sanidad y/o de servicios farmacéuticos del SNS.
Para la Secretaría General de Información e Innovación del SNS se nombrará un funcionario de carrera del grupo A1, Ingeniero Informático, preferentemente perteneciente al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado doctor en Medicina, con un mínimo de 10 años de experiencia en las direcciones de Tecnologías de Información de ministerios.
La Secretaría General de Formación y Ordenación Profesional ejercerá la dirección un funcionario de carrera del grupo A1, doctor en Medicina o licenciado en Farmacia, preferiblemente con titulación universitaria de Administración y Dirección de Empresas y/o Económicas, con un mínimo de 10 años de experiencia en dirección y gestión en órganos de este ministerio, o 12 años en el ejercicio de la docencia en Facultades de Medicina.
Problemática actual del Sistema Nacional de Salud
Los 17+1 sistemas sanitarios coexistentes en España no han mejorado la situación del SNS único anterior a las trasferencias de la sanidad a las CCAA. Es un hecho que, la comparación de varios parámetros que definen la calidad de los sistemas sanitarios con países en similar situación económica que el nuestro, nos sitúan en una posición muy baja. Por poner unos ejemplos, el número de camas de hospital es de 2,4/1000 habitantes, o algo más de 3/1000 si contamos la sanidad privada y benéfica, mientras que en Alemania hay 8 camas por 1000 habitantes, en Rumanía 6 o en Grecia 4; si hablamos de camas de UCI por 1000 habitantes, contamos con 0,093 camas, cuando en Alemania tienen 0,34 y la media europea es de 0,13. Sin embargo, tenemos una de las más altas proporciones de médicos colegiados, 6 / 1000 habitantes, aunque eso no nos libra de tener una lista de espera para cirugía no urgente de más de 800.000 pacientes y 4.000.000 esperando una cita con algún especialista.
Otro problema que va a ser necesario abordar de manera urgente y de manera continua, a largo plazo, es la deficiente proporción de personal de enfermería respecto al número de médicos, que ronda sobre 1,14/médico en España, aunque en el SNS llega al 1,3, mientras en Europa la media viene es de 2,2/médico, lo que viene a significar que necesitaríamos del orden de 130.000 profesionales de enfermería más.
La diferencia entre los 17 sistemas sanitarios autonómicos es una de las muchas causas de desigualdad entre españoles. En un informe presentado en 2022 por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, queda evidenciada la gran disparidad en los servicios sanitarios entre las CCAA, poniendo en serio riesgo la necesaria cohesión y equidad entre territorios. Por ejemplo, en 2022, el presupuesto sanitario por habitante oscilaba entre el máximo de 1.991,21 €/habitante en la Comunidad Vasca y el mínimo de 1.300,55 de Madrid. Exageradas diferencias entre comunicades que no solo reflejan los efectos del sistema de gestión elegido. Exageradas son, también, las diferencias en el coste de alta hospitalaria, que oscilan entre los 3.806,62 € de Baleares y los 2.247,47 € de Andalucía; y las diferencias en gasto farmacéutico (recetas y orden de dispensación) entre Extremadura (352,13 €/habitante) y Castilla y León (201,3 €/habitante); así como el gasto de bolsillo anual por persona en sanidad, que varía de los 622 € de navarra a los 295 de Baleares; o el porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados en Cataluña (24,5), al que se dedicó en Extremadura, Andalucía o Aragón (4).
En todas las CCAA se introdujo el conocido sistema de la Nueva Gestión Pública (NGP) en cada uno de sus sistemas sanitarios, procediendo en todas ellas a externalizaciones, estuvieran o no justificas y fueran o no necesarias. En algunas de ellas la externalización ha puesto en manos privadas la atención primaria y hospitalaria a la población de las comarcas por concesión administrativa (Cataluña), poniendo a su disposición la infraestructura que anteriormente utilizaba la administración pública. Pero la gestión sanitaria no se ha hecho más eficaz, ni el presupuesto ha disminuido o dado mejores resultados. La aplicación profunda de la NGP no lo ha conseguido, y la descentralización tampoco. Porque, con la descentralización, a parte de la ventaja de la cercanía de los servicios a la población, sólo se ha logrado repartir el pastel del presupuesto correspondiente a cada Comunidad Autónoma entre una serie de entidades privadas que se han hecho con los servicios externalizados, además de incrementar el número de funcionarios de la administración no directamente implicados en la provisión de la atención sanitaria primaria u hospitalaria.
Las externalizaciones de los servicios auxiliares o periféricos como lavanderías, restauración, limpieza o control de accesos han sido, muy posiblemente, beneficiosas, pero las de servicios tan esenciales como los análisis clínicos, la contratación de personal sanitario o la gestión de hospitales y no digamos la provisión directa de asistencia sanitaria, no lo han sido.
Por otro lado el personal sanitario está sometido en algunos casos a la presión de tener que atender a una serie de pacientes en un tiempo tasado, en otros a la permanente temporalidad y a la percepción de unos salarios que no se corresponden ni con su preparación ni con la responsabilidad de su trabajo.
No se puede, ni se debe, poner en manos privadas lo que se ha logrado construir con los impuestos de todos los españoles desde antes de la transición, ni se puede poner en situación de inseguridad y temporalidad a tanto personal del sistema sanitario, para repartir los dividendos de los impuestos correspondientes entre unos cuantos “supuestos gestores”.
En otro orden de cosas, pero también muy relacionada con el sistema sanitario, no debemos dejar de tratar de la odontología. Una mala salud bucodental está relacionada con 23 enfermedades sistémicas y es . la salud uno de los grandes retos de salud pública en España, como lo es en toda Europa. Atendiendo, además, al evidente envejecimiento de la población y al incremento de la longevidad, el reto es aún mayor. En España, en 2024, la cantidad asignada en el Presupuesto Nacional para la salud bucodental fue de 70 millones de euros, de unos 100.000 millones que supuso la inversión pública en sanidad.
Según datos de la OCDE, en noviembre de 2024 España invirtió 2.822 € por habitante al año en sanidad, un 20% menos que la media de la Unión Europea (3.533 €) y casi la mitad de lo que destina Alemania (5.317 €). Ello supone un gasto público en sanidad muy por debajo del promedio europeo (74% frente al 81% de la media de la UE), por lo que los españoles debemos pagar de nuestros bolsillos el 26 % de los servicios.
En definitiva, actualmente la dificultad reguladora del Estado en la cuestión de la sanidad es patente y con ello la posibilidad de cumplir con el mandato constitucional de la igualdad entre todos los españoles en lo que se refiere al acceso a la sanidad.
Medidas a adoptar
Centralización de la Sanidad en un solo SNS, con delegaciones en todas las provincias.
La Gestión hospitalaria recaerá en profesionales de la medicina con formación complementaria en dirección y gestión de centros hospitalarios.
Avante 2/3 adoptará las medidas necesarias para cubrir, a medio plazo, 130.000 plazas de enfermería para llegar a la adecuada proporción entre médicos y personal de enfermería.
Adoptaremos, en un SNS unificado, las providencias necesarias para que, con el número de médicos colegiados del que dispone España (6/1000 habitantes), uno de los más altos de Europa, se pueda reducir significativamente las listas de espera de cirugía no urgente y de cita con especialista.
Se reducirán al mínimo imprescindible, y para situaciones de urgencia, las externalizaciones de servicios tan esenciales como los análisis clínicos, los diagnósticos por la imagen, la contratación de personal sanitario o la gestión de hospitales y no digamos la provisión directa de asistencia sanitaria.
Dedicaremos, al menos, el 5,1 % del gasto sanitario público a la salud bucodental, como la media, en Europa. Con el fin de acabar con la evidente desigualdad que se observa en la demanda de cuidados buco dentales y necesidades no cubiertas, en función del nivel socioeconómico, Avante 2/3 introducirá una cobertura pública inicial del 50 % en los gastos en salud bucodental. Después de acabar la carrera de odontología que actualmente se cursa en España (5 años), las Universidades que cuenten con carreras de odontología ofertarán, además, especialidades de odontología (2 ó 3 años), que serán reconocidas legalmente por el Estado.
Tomaremos las medidas necesarias para colocar a nuestro SNS entre los mejores de Europa y con una mayor capacidad de respuesta ante emergencias.
Pondremos en marcha un sistema nacional unificado de datos del historial médico de los pacientes con las debidas medidas de protección, tanto de la sanidad pública como de la privada, de manera que, cuando un paciente sea derivado de una a otra, en ambas se disponga de toda la información necesaria para proceder a un diagnóstico rápido y eficaz.
En concreto, nuestros objetivos prioritarios serán:
- Incrementaremos el presupuesto para gasto sanitario al 8 % del PIB.
- Lograr una ratio de 8 camas / 1000 habitantes (actualmente es menos de 3).
- Llegar a 0,3 camas de UCI / 1000 habitantes (actualmente existen 0,09).
- Conseguir la capacidad hospitalaria suficiente para que los pacientes internados puedan estar en habitaciones individuales, aunque con amplitud y medios necesarios para duplicar en caso de emergencias sanitarias.
- Llegar a la ratio de 4 médicos en el SNS público / 1000 habitantes.
- Conseguir tener 1 médico de Atención Primaria pública / 1000 habitantes.
- Alcanzar el número de 3 profesionales de enfermería por médico.
- Establecer las remuneraciones justas y competitivas para evitar la fuga al extranjero de profesionales de la medicina y enfermería.
- Llegar a alcanzar 1 médico de AP y 3 enfermeros / 1000 habitantes en zonas rurales.
- Incrementar en un 30% las remuneraciones en el caso del personal sanitario destinado al medio rural, además de asignarles vivienda y dotarlos de medios de transporte adecuados según la orografía .
- Dedicar la misma cantidad de euros al alta hospitalaria en todo el territorio nacional, igualando por arriba.