Programa Político

Política Interior de Avante 2/3

Apoyo legal y mejores medios para Guardia Civil y Policía Nacional.
Equiparación real entre Guardia Civil y Policía Nacional y subida salarial.
Reconocimiento de profesión de riesgo para FCSE y Funcionarios de prisiones.
Desarrollo de políticas efectivas para acabar con el narcotráfico.
Desocupación de viviendas en 24 horas.
Control exhaustivo de fronteras.
Devolución de inmigrantes ilegales a sus países de origen.
Fin del efecto llamada.

Medidas relativas a las autoridades del Ministerio del Interior

Para la Secretaría de Estado de Seguridad siempre se designará a un Tte. General de la Guardia Civil (GC) o a un Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

La Dirección General de la Guardia Civil será ejercida por un Tte. General de la Guardia Civil que tendrá la categoría de Subsecretario de Estado. Desaparecerá la figura del Director Adjunto Operativo de la GC.

La Dirección General de la Policía será ejercida por un Comisario principal del CNP que tendrá la categoría de Subsecretario de Estado. Desaparecerá la figura del Director Adjunto Operativo de la Policía.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (II.PP:) será ejercida por un profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Todos los cargos orgánicos de la estructura de la Secretaría General de II.PP. serán ejercidos por profesionales pertenecientes a los cuerpos de funcionarios de II.PP.

La Secretaría General de Migraciones y Control de Fronteras estará a cargo de un Tte. General de la Guardia Civil, directamente dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Tendrá a su cargo todas las unidades de los FCSE que ejerzan las misiones de control de las fronteras del Territorio Nacional y de Vigilancia Marítima. Gestiona el resguardo fiscal y la vigilancia de fronteras. Coordina las actividades operativas en costas y áreas marítimas.

Apoyo a las FCSE. Recuperación del sentido de Autoridad

Avante 2/3 revisará en profundidad la actual Ley de Seguridad Ciudadana y demás leyes que afecten a la Seguridad, así como el Código Penal, para devolver a las FCSE la autoridad y confianza que necesitan en sus actuaciones.

Dotaremos a esas fuerzas de la equipación y medios de protección que precisan en su trabajo y que vienen siendo reclamados por ellas desde hace tiempo.

Se procederá a la actualización de los parque de automovilismo, de las embarcaciones de dotación y de los medios aéreos de las FCSE. Se prestará especial atención a las embarcaciones necesarias para la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Los vehículos de las FCSE serán de combustión interna, híbridos o híbridos enchufables, nunca exclusivamente eléctricos.

Apoyaremos decididamente sus operaciones policiales contra la corrupción, el narcotráfico, la inmigración ilegal y la seguridad ciudadana.

Sabemos que el Estado cuenta con medios para acabar con la delincuencia y los vamos a poner toda la carne en el asador para acabar, con la inseguridad en las calles de algunas de nuestras ciudades, con las mafias de la droga y el tráfico de personas, caiga quien caiga y, si es preciso, acudiendo a la ayuda de las FAS.

Reconocemos las difíciles y peligrosas condiciones en las que se desarrolla el trabajo de los componentes de las FCSE, por lo tanto de reconocerá el carácter de profesión de riesgo de las mismas.

Entendemos que la evolución de la delincuencia y de los medios que emplea, requiere que nuestras FCSE estén permanentemente actualizadas. Para ello Avante 2/3 pondrá todos los medios para que nuestros policías y guardias civiles dispongan de una formación continua en las mejores condiciones.

La creación de nuevos equipos, puestos administrativos y unidades, tanto en la GC como en el CNP, ha detraído, considerablemente, efectivos de las unidades de seguridad ciudadana, donde la plantilla ya estaba ajustada al máximo, dejando en parte sin el servicio suficiente a grandes zonas de la España vaciada y en dificultades a bastantes poblaciones. Pero, considerando como razonable la cifra recomendada por la ONU de entre 2,8 y 3 policías por 1000 habitantes, y teniendo en cuenta que los efectivos totales de ambos cuerpos llegan actualmente a los 156.000, no parecería razonable un aumento de los mismos, sino, más bien, un estudio racional del catálogo de puestos, para lograr una mayor eficiencia. No obstante, dado que la supresión de las autonomías y la consiguiente disolución de los diferentes cuerpos de las policías autonómicas conllevaría la necesidad de cubrir, al menos, unas 15.000 plazas, incrementaremos la plantilla de la GC en 10.000 efectivos y del CNP en 5.000, de todas las escalas de ambos cuerpos.

Estructura de las Fuerzas de Seguridad del Estado

Las únicas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado serán la Guardia Civil y la Policía Nacional. Por lo tanto y en consonancia con nuestro propósito de suprimir las Comunidades Autónomas como parte de la estructura territorial, administrativa y política del Estado, quedarán disueltas las policías autonómicas. El personal de la Ertzaintza, de los Mossos D´Escuadra y la Policía Foral de Navarra pasarán a ser policías locales de los municipios de sus regiones. Aunque, atendiendo a la preparación y valía de buena parte del personal perteneciente a estos cuerpos policiales, quedará abierta la opción de integrarse voluntariamente, conservando el grado jerárquico equivalente, en la Policía Nacional o en la Guardia Civil, tras un proceso de selección y adaptación.

La Policía Nacional y la Guardia Civil serán las únicas fuerzas de carácter policial que tengan capacidad como policía judicial (con la excepción de la que ya posean las policías locales) y de intervención en el ámbito internacional.

Los sueldos de la Guardia Civil y del CNP, se revisarán hasta igualarlos a los que cobraran los ertzainas en el momento de la disolución de su cuerpo.

Solución a la ocupación de viviendas

Avante 2/3 cree que la ocupación ilegal de viviendas exige medidas rápidas y efectivas, para devolver la seguridad jurídica a propietarios, arrendadores e inquilinos. Es preciso y justo proteger el derecho a la propiedad y garantizar la seguridad jurídica. Pero, a la vez, actuaremos con equilibrio y justicia teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad social, que serán debidamente atendidas mediante las medidas propuestas en la política de vivienda.

Aplicaremos la siguiente política:

Desalojo inmediato cuando una vivienda sea ocupada ilegalmente. Las fuerzas de seguridad, que tendrán acceso directo y ágil al Registro de la Propiedad y las bases de datos que sean necesarias, estarán facultadas por ley para proceder con el desalojo inmediato en cuanto hayan verificado la titularidad de la propiedad, sin necesidad de orden judicial previa.
Compensación por daños y juicios rápidos. El propietario de una vivienda, u otro tipo de propiedad, ocupada ilegalmente podrá reclamar una indemnización por los daños ocasionados en su vivienda. Mediante un juicio rápido se evaluará la situación y determinará la compensación correspondiente.
Responsabilidad económica y penal. Responsabilidad subsidiaria. Si el ocupante ilegal se declara insolvente para asumir los costes derivados de los daños ocasionados, el Estado actuará subsidiariamente para cubrir la indemnización inicial. No obstante, el ocupante asumirá su responsabilidad, por lo que se le podrán aplicar las penas de cárcel proporcionales. Además de tener que asumir el reembolso total de la deuda, incluyendo los intereses generados.
Prevención de la ocupación ilegal. Cambios legislativos con sanciones ejemplares y disuasorias, que incluirán penas de cárcel y multas.
Acción eficaz tras la ocupación proporcionando a las fuerzas de seguridad los medios más adecuados, además de contar con la máxima seguridad jurídica.
Caso de “inquiokupas”. Si el conflicto se produzca entre el propietario y el inquilino, se realizará un juicio rápido para determinar si se trata de un caso de ocupación ilegal o de una disputa contractual y se actuará en consecuencia.

Control de la inmigración

La descontrolada inmigración que recibe España permanentemente está tensionando todos los servicios públicos, la vivienda disponible, además de afectar a la seguridad ciudadana en algunas partes del territorio nacional. Sólo parte de esa inmigración tiene una actitud resistente a la integración en nuestra sociedad, con nuestros modos de vida, costumbres y cultura. Pero, al mismo tiempo, es esa parte la que lleva tiempo exigiendo respeto por sus costumbres, su manera de alimentarse, sus reglas y ritos religiosos (frecuentemente contrarios a nuestra legislación). Al final, se producen una serie de conflictos sociales, que suelen coincidir, o darse con mayor frecuencia e intensidad, en las zonas donde se da mayor concentración de inmigración irregular (o ilegal) y de mayoría musulmana.

Sabemos que, en la situación actual del mercado laboral español, la inmigración es necesaria, en muchos casos para cubrir puestos de trabajo que, simplemente, no quieren cubrir los nacionales. Pero, tenemos la seguridad tanto de que la inmigración es excesiva, como de que una revisión en profundidad de la estructura del mercado laboral mitigaría la necesidad de inmigración. También estamos convencidos de que, la eliminación del denominado “efecto llamada”, que producen las muy variadas ayudas, pagas, becas, etc., etc., será definitiva para una importante reducción de la inmigración irregular e, incluso, de la regular.

En atención a todas estas consideraciones, la política que Avante 2/3 llevará a cabo respecto a la inmigración se basará en:

Suspensión de subvenciones a las ONG,s que se dedican a colaborar con las mafias en el tráfico de personas para traer inmigrantes irregulares a nuestras costas. Un negocio criminal que además es aprovechado por el narcotráfico y el terrorismo islamista.
Aplicar una política de control exhaustivo de fronteras, devolviendo a sus países de origen a los inmigrantes que entren ilegalmente en España, modificando si es necesario el código penal, e incluyendo la pena de expulsión, una vez cumplida la condena por los delitos que pudieran haber cometido. Sabemos que la devolución a sus países de origen implica un trabajo duro y coordinado de diferentes organismos del Estado (Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, Servicios Sanitarios, Forenses, Servicios Sociales, CNI, FCSE, etc.), pero estamos convencidos de que es el mejor camino, después de eliminar el efecto llamada anteriormente mencionado.
Se volverá a dar máxima prioridad a las “mesas de contratación” en Embajadas y Consulados, con la finalidad de primar la entrada de inmigrantes con contrato de trabajo formalizado.
Las diversas subvenciones y ayudas tendrán siempre carácter temporal y su cuantía será insuficiente para “vivir sin trabajar”.
Seremos exigente en la exigencia del cumplimiento de las leyes de nuestro Estado, sin distinción ninguna por motivos de raza, etnia o religión. En los centros estatales no se hará ninguna distinción en lo referente a alimentación. En los centros educativos del Estado no se impartirá clases de religión.
Los inmigrantes que no reciban formación profesional y no tengan empleo, desde el momento que perciban algún tipo paga o ayuda económica, deberán trabajar en los servicios sociales que la ley establezca: limpieza de espacios públicos y naturales, extinción de incendios, ayuda a personas dependientes, etc.
Se acelerarán y abreviarán los trámites necesarios para regularizar la convalidación de titulaciones universitarias y, en su caso, la capacitación profesional necesaria, dando prioridad a la regularización de las titulaciones universitarias de inmigrantes procedentes de países de la comunidad hispanoamericana.
El partido desarrollará una política de integración de los inmigrantes y refugiados que entren legalmente en España mediante:

La inclusión de aquellos que estén en edad escolar obligatoriamente en el Sistema Educativo Nacional, incluyendo la Formación Profesional, y facilitando e incentivando su contratación por la empresa privada.
Para los que ya no estén en edad de escolarización obligatoria, el Estado organizará unos cursos de adaptación, de carácter voluntario, con una duración de cinco meses (dos tandas anuales), que se impartirán, en horario extraescolar en los centros públicos de educación en todo el Estado, por profesorado contratado con carácter indefinido por el Ministerio de Educación, por el procedimiento de concurso oposición. Se impartirán obligatoriamente las materias de Lengua española, Historia y Geografía españolas y Formación Ciudadana. La superación de estos cursos, según los criterios exigidos por el Ministerio de Educación, será obligatoria para poder acceder a empleos en cualquier organismo o centro dependiente de la Administración Púbica o empresa pública y, en el caso de empresas privadas o de participación pública estos cursos deberán ser valorados con, al menos, el 10% del máximo baremo estipulado por la empresa para la obtención del empleo, condición mediante la cual estas empresas podrán optar a los beneficios fiscales que posteriormente se determinaran.

Avante 2/3 hará una política exterior en cooperación que consiga regular la inmigración necesaria para España, privilegiando la hispanoamericana, llegando a acuerdos con los países emisores, principalmente de África, para que las ayudas al desarrollo se inviertan real y adecuadamente en esos países y su población no se vea obligada a emigrar. El mundo pobre alumbra cada año a 80 millones de personas, y esa masa humana es sencillamente imposible de ser acogida. Las ayudas deben servir para fijar esa población en sus países de origen.

Funcionarios de prisiones

Será inmediatamente formalizada por ley su condición de agentes de autoridad. Además, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias presentará un catálogo de los puestos que, entre sus funcionarios, deben de tener la condición de “profesión de riesgo”.

Seguridad Privada

Procederemos a la actualización inmediata de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada para adaptarla a las nuevas realidades del sector y a las necesidades del mercado, y lograr la simplificación de trámites administrativos y burocráticos para facilitar la gestión de las empresas, dar claridad en todo lo que respecta a las funciones y competencias de la seguridad privada, además de establecer unas pautas y protocolos claros y eficaces para regular la relación con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

Unificación a nivel nacional de las academias de formación del personal de seguridad privada, que podrán establecerse a nivel provincial; así como de los programas unificados de formación, cuyo contenido estará definido por la Dirección General de Inspección y Control de la Seguridad Privada, subordinada a la Subsecretaría de Interior. La evaluación se hará a nivel provincial, pero será igualmente coordinada y ejecutada a nivel nacional por la citada Dirección General, para lo que podrá apoyarse en las respectivas Comandancias de la Guardia Civil y/o Comisarías Superiores del Cuerpo Nacional de Policía. Con la periodicidad que determine la Dirección General se convocarán cursos de actualización, que serán obligatorios para poder mantener la acreditación y certificación correspondiente a cada categoría. En la formación del personal de las categorías que se determine se incorporarán programas de formación en nuevas tecnologías como drones, robots, sistemas de videovigilancia y análisis de datos para mejorar la eficiencia y la seguridad de sus servicios.

En la baremación y calificación de las pruebas para la obtención de la titulación de vigilantes de seguridad, escoltas privados y guardas rurales (incluyendo guardas de caza y guardapescas marítimos) se asignará un baremo determinado por haber permanecido como Tropa Profesional al menos 4 años en las FAS.

Las retribuciones y las condiciones laborables se negociarán y establecerán, según la categoría laboral y funciones específicas, por convenio colectivo a nivel nacional, entre sindicatos y empresas de seguridad privada de ámbito nacional, que deberá incluir un seguro de accidente laboral. Dicho convenio será revisado por la Dirección General de Inspección y Control de la Seguridad Privada, con la finalidad de asegurar que las funciones del personal de seguridad privada puedan ser ejercidas de manera correcta y adecuada, tanto en el aspecto de la seguridad del personal, como del material de seguridad, defensa y comunicaciones puesto a su disposición.

El Ministerio del Interior realizará un estudio pormenorizado para determinar con qué tipo de seguridad (pública o privada) deberían contar los diferentes organismos y centros públicos que requieran ese servicio, con el criterio general de incrementar los efectivos de las FCSE dedicados a la seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia en general.

Seremos extraordinariamente exigentes con el respeto a las condiciones exigibles a las empresas de seguridad privada, según la normativa existente al respecto. Estaremos vigilantes para evitar el intrusismo y la proliferación de empresas “piratas”.

Pondremos en marcha la normativa necesaria para lograr la mejor coordinación y comunicación con las FCSE, en orden a garantizar la eficacia de las actuaciones y el intercambio de información relevante para la prevención y la gestión de incidentes de seguridad.

Los problemas de la Guardia Civil y sus posibles soluciones

En la siguiente sección, abordamos con detalle los actuales problemas internos que afronta la Guardia Civil y sus posibles soluciones.

Los principales problemas de la Guardia Civil

Carencias en material y equipamiento

Deficiencias en Infraestructuras y Condiciones Laborales

Falta de Personal y Cobertura de Vacantes

Despliegue territorial obsoleto e ineficaz

Despliegue del Servicio Marítimo totalmente ineficaz
Excesivo gasto en múltiples aplicativos informáticos
Formación policial precaria

Soluciones propuestas por Avante 2/3 para mejorar la Guardia Civil y adaptarla a las nuevas necesidades de la sociedad.

Plan de Reestructuración Territorial. Compañías y Puestos

La estructura territorial actual de la Guardia Civil tiene su origen en la Ley de 1844, que estableció la organización inicial del cuerpo. Sin embargo, el modelo actual con Zonas, Comandancias, Compañías y Puestos se consolidó en la Orden General de 1988, que definió las bases de su despliegue en toda España. La última gran reestructuración ocurrió en 2016, cuando se implementaron cambios en la distribución de efectivos para mejorar la eficiencia operativa, aunque sin modificar la estructura fundamental.

La actual organización territorial, dada la escasez de personal existente es, a todas luces, totalmente ineficaz y no garantiza la presencia de la Guardia Civil en todo el territorio nacional las 24 horas del día. De nada sirve tener un Puesto en un pueblo si solo abre 2 días a la semana.

Es necesario realizar una profunda reestructuración que afecte principalmente a los Puestos y Compañías de la manera siguiente:

Plana Mayor. Cuya función será la mando, coordinación y análisis de la delincuencia en su demarcación territorial.
Área de Seguridad Ciudadana. Las actuales Áreas de Prevención de la Delincuencia, cuya función será la de organizar y planificar los servicios del personal de patrullas territoriales de seguridad ciudadana.
Área de Atestados. Correspondería a las actuales Áreas de Atención al Ciudadano, cuya función principal es la de recepción de denuncias y elaboración de atestados policiales. Dentro de este Área de Atestados, se incluirán diversas Oficinas Locales de Atención al Ciudadano, ubicadas en las antiguas dependencias de los antiguos puestos territoriales y en aquellas otras poblaciones que se determine, en función del volumen de población.
Intervención de Armas y Explosivos.
Área Contra la Violencia Intrafamiliar, dedicada exclusivamente al seguimiento y control de órdenes de alejamiento impuestas con motivo de violencias en el seno de la familia.
Área de Investigación y Policía Judicial

Al cargo de las Compañías Territoriales se situará un Comandante, auxiliado por un Capitán, jefe de la Plana Mayor.
Las distintas áreas funcionales serán mandadas por un Teniente, lo que hace un total de 7 tenientes.
Sería necesaria una plantilla total de 5 suboficiales en las Áreas de Seguridad Ciudadana, Área de Atestados y Área de Investigación y Policía Judicial, para garantizar que siempre haya un jefe de turno en cada uno de los 3 turnos diarios durante los 365 días del año. Lo que haría un total de 15 suboficiales por Compañía Territorial.
Número necesario de guardias civiles:

Plana Mayor: 3 guardias
Intervención de Armas: 3 guardias
Área Fiscal: 4 guardias
Área de Protección de la Naturaleza: 4 guardias
Área Contra la Violencia Intrafamiliar: 4 guardias
Seguridad Ciudadana: un mínimo 57 guardias (6 patrullas/turno como mínimo)
Atestados: Suponiendo una Compañía Territorial que cuenta con 5 oficinas de atención al ciudadano (antiguos Puestos), para cubrir el departamento de denuncias de la Compañía, garantizando la operatividad de la oficina central 24/7 y de las 5 oficinas de atención al ciudadano todos los días del año de 8:00 a 16:00, se necesitan 18 guardias en total.
Para garantizar la operatividad del Área de Investigación y Policía Judicial, se necesitan 31 agentes en total distribuidos de la siguiente manera:

En conclusión, sería necesario, como mínimo la siguiente plantilla mínima para una Compañía Territorial que disponga de 5 oficinas de atención al ciudadano (antiguos puestos) y una población de menos de 150.000 habitantes:

Plan de Reestructuración Territorial. Reorganización de Zonas y Comandancias.

Las actuales Comandancias, al cargo de un Coronel, se organizarán de la siguiente manera:

Negociado de Personal (Comandante)
Negociado de Gestión Económica (Comandante)
Negociado de Sanidad (Comandante)
Negociado de Prevención de Riesgos Laborales (Comandante)
Negociado de Material Móvil (Comandante)
Negociado de Informática (Comandante)
Negociado de Armamento y Material Policial (Comandante)

Unidad Aérea
Servicio Marítimo (Comandancias costeras)
GEDEX
GEAS
Servicio Cinológico
GREIM
USECIC (Un teniente, 5 suboficiales y 38 guardias mínimo)

Las actuales Zonas, quedarían suprimidas, siguiendo la dinámica del partido de eliminar organismos de nivel autonómico.

Con este nuevo despliegue territorial, se garantizan 133 efectivos (guardias y suboficiales) de Seguridad Ciudadana como mínimo en cada una de las aproximadamente 200 Compañías Territoriales, haciendo un total de 26.600 agentes. Si añadimos los agentes destinados en las USECIC de la cada provincia (2.236 guardias y suboficiales, como mínimo), llegamos a un mínimo de 28.836 guardias y suboficiales destinados en unidades de Seguridad Ciudadana.

Todo ello sin tener en cuenta los aumentos de plantilla en aquellas Compañías Territoriales con poblaciones superiores a 150.000 habitantes o con índices de delincuencia elevados.

Si a estas propuestas para mejorar el despliegue de la Guardia Civil se añaden las siguientes medidas, el servicio al ciudadano mejoraría aún más:

Establecer normativas que permitan a los municipios de una misma comarca, compartir el servicio de Policía Local, de manera que no haya ni un solo pueblo en España sin acceso al servicio de policía local 24 horas.
Establecer un sistema efectivo de presentación de denuncias por teléfono y a través de internet, sin necesidad de acudir a una comisaría para ratificar la denuncia.
Creación de Oficinas Móviles de recogida de denuncias que recorran de forma periódica aquellas zonas rurales más alejadas de oficinas permanentes.

Reseñar que, como es lógico, desde un punto de vista de coordinación a nivel nacional (formación, directrices generales de actuación, coordinación de servicios e investigaciones que impliquen a efectivos de varias Comandancias, etc.), las distintas especialidades de la Guardia Civil seguirían siendo dirigidas por la Dirección General de la Guardia Civil. Sólo desde el punto de vista operativo y de recursos humanos serían dirigidas por los Jefes de las Comandancias.

Plan de Reestructuración del Servicio Marítimo

El actual despliegue del SEMAR no tiene capacidad para asumir todas las competencias que la Ley le asigna.

En las Comandancias costeras del sur de España, incluyendo las Islas Baleares, el SEMAR dedica su personal y medios casi al 100% al rescate de pateras, dejando al servicio sin posibilidad de asumir el resto de las competencias (control del tráfico marítimo, lucha contra el narcotráfico y protección del medio ambiente) con normalidad.

Actualmente, según datos de 2022, hay unos 1200 agentes en el SEMAR, de los que unos 250 son miembros del GEAS, es decir, con funciones totalmente distintas. Y hay, aproximadamente, 145 embarcaciones distribuidas por toda España, lo que hace una media de 5 embarcaciones por Comandancia costera.

El servicio del SEMAR mejoraría cualitativamente si se garantizara la operatividad durante las 24 horas de, al menos, 2 patrulleras ligeras (del tipo S-38) por provincia y, en el caso de las Islas Canarias y Baleares, como mínimo, 1 patrullera ligera (del tipo S-38) asignada a cada isla. Apoyadas siempre por una embarcación rígida de tamaño superior (del tipo clase Rodman-66).

En el caso de la zona del estrecho, donde la lucha contra el narcotráfico se acentúa, es necesario contar además, con un número de patrulleras del tipo HS60 o superior que garantice la operatividad de, al menos, una de ellas durante las 24 horas.

Además de lo anterior, el GEAS debería ser totalmente independiente del SEMAR operativamente hablando, para lo cual sería necesario establecer un equipo GEAS en cada Comandancia (costeras y de interior), con, al menos, 12 agentes y 2 embarcaciones semirrígidas.

Reestructuración de la Dirección General

Estructura de Mando de la Dirección General de la Guardia Civil

Titular: Teniente General de la Guardia Civil
Estado Mayor: Con nivel orgánico de Subdirección General, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil, proporciona asesoramiento y apoyo al Director General.
Secretaría de Cooperación Internacional: Coordina la colaboración con organismos y policías de otros países.
Consejo de la Guardia Civil: Órgano colegiado asesor y consultivo. Compuesto por:

Director General
General Jefe del Estado Mayor
Generales Jefes de los distintos Mandos (Mando de Operaciones e Información, Mando de Personal, Mando de Logística e Infraestructura)
Órgano consultivo y de participación para mejorar las condiciones profesionales y el funcionamiento de la Institución.
Representantes de los miembros de la Guardia Civil: Vocales elegidos mediante sufragio personal, libre, directo y secreto por los integrantes del Instituto. Cada Escala de la Guardia Civil cuenta con un vocal, y se añade uno adicional por cada 6.000 guardias civiles en activo en dicha Escala.
Representantes de la Administración General del Estado: Vocales nombrados por los Ministros del Interior y de Defensa, igualando en número a los representantes elegidos por los miembros de la Guardia Civil.

Estructura Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil

Estado Mayor de Operaciones e Información: Órgano de coordinación de las distintas Jefaturas del Mando de Operaciones e Información
Jefatura de Información: Encargada de la obtención y análisis de información relevante para la seguridad pública.
Jefatura de Policía Judicial: Responsable de la investigación y persecución de delitos.
Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva (JUER): Coordina unidades especializadas y de reserva.
Jefatura de la Agrupación de Tráfico: Gestiona las funciones relacionadas con el tráfico y la seguridad vial.
Jefatura de Seguridad Ciudadana: Gestiona las funciones relacionadas con las unidades de Seguridad Ciudadana.
Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA): Vela por la protección del medio ambiente.
Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES): Supervisa actividades relacionadas con armas y explosivos.

Secretaría Técnica: Auxilia en la coordinación y gestión interna.
Jefatura de Personal: Administra aspectos relacionados con el régimen de personal.
Jefatura de Enseñanza: Gestiona la formación y perfeccionamiento del personal.
Jefatura de Asistencia al Personal: Proporciona asistencia sanitaria y psicológica.

Secretaría Técnica: Asiste en la planificación y coordinación de recursos.
Jefatura de Asuntos Económicos: Administra los recursos financieros y patrimoniales.
Jefatura de los Servicios de Apoyo: Gestiona el mantenimiento de medios materiales.
Jefatura de Tecnologías Informáticas e I+D+I: Supervisa sistemas informáticos y de telecomunicaciones.

Mantenimiento de edificios y material policial

Para paliar el actual deterioro de edificios y material policial sería necesario establecer, en primer lugar, un sistema efectivo de comunicación de incidencias, averías, roturas, de manera que cualquier componente del Cuerpo pueda comunicar al servicio responsable del mantenimiento cualquier incidencia que sea detectada, sin necesidad de seguir la cadena de mando, que aumenta la burocracia y retrasa irremediablemente la resolución de las mismas.

En segundo lugar, dotar de presupuesto suficiente a las Zonas para poder paliar de forma urgente (no más de 15 días) cualquier incidencia en edificios, material policial o material móvil y contratar empresas externas de mantenimiento que realicen revisiones periódicas a todas las instalaciones.

Vacantes sin cubrir en zonas de alto costo de vida

En Comandancias como Baleares, Canarias, Madrid o Barcelona, donde el precio de la vivienda es extremadamente elevado, sería necesario crear un complemento retributivo superior a los actuales o construir más viviendas para el personal destinado en esas Comandancias.

Excesivo gasto en múltiples aplicativos informáticos

Actualmente hay más de 50 aplicativos informáticos para la gestión de material, recursos humanos, uniformidad, control de hospederías, control de vehículos de alquiler, control de objetos de compraventa, gestión de diligencias e investigaciones, control de armas y explosivos, etc…

Cada uno de ellos creado y mantenido por una empresa diferente. Si todo se unificara en un único software de gestión policial que permitiera el acceso a cada una de las áreas en función del rango y destino de cada agente, los costes se reducirían considerablemente.

Si además ese mismo software de gestión policial se extendiera a las policías locales, policía nacional y juzgados, el coste se reduciría aún más, mejorando la coordinación y la comunicación entre cuerpos policiales y el sistema judicial.

Propuestas de Mejora en la Formación Policial

Actualmente los planes de formación de los cursos de promoción interna se basan principalmente en el estudio teórico de normativa sancionadora administrativa, reglamentos internos y código penal. Sin olvidar esto, los futuros mandos deben recibir formación enfocada a la administración de empresas, gestión de recursos, psicología del mando. Algo que no se está produciendo actualmente, lo que origina que exista un alto número de mandos sin capacidad de gestión.