Programa Político

Política de Educación, Cultura y Deportes

Reforma profunda de la educación primaria y secundaria. Búsqueda de la calidad y la excelencia.
Mejoras para el profesorado. Aumento de salarios y mayor estabilidad.
Mejoras en horario del profesorado y calendario escolar.
Apoyo y ventajass para maestros rurales.
Revisión completa del sistema universitario público. Fin del negocio de los masters.
Potenciaremos las Reales Academias de la Lengua, de la Historia, de las Bellas Artes de San Fernando y la de Ciencias Morales y Políticas.
Serán las Academias las que recomienden las subvenciones en el ámbito de la cultura y las artes.
Revisión de la Ley de Memoria Democrática por la Real Academia de la Historia.
El CSD será un organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Cultura y Deporte, regulado por el artículo 14 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.

Educación Primaria y Secundaria

La Educación es un tema de Estado y, como tal, debe quedar al margen de la rivalidad política y de los intentos de imposiciones ideológicas de cualquier tipo. En lugar de eso, debe ser abordado siempre escuchando con mucha atención a los sectores sociales directamente implicados en la implementación del sistema educativo nacional. Por la naturaleza misma de este tema y por haber sido tratado, durante décadas, como un elemento más de la confrontación política, nuestro partido se propone tomar la iniciativa política para hacer de este tema un asunto absolutamente prioritario.

El marco de referencia básico para abordar la reestructuración definitiva del sistema educativo está formado por:

La Declaración Universal de Derechos Humanos
La Constitución española, con la revisión que proponemos
El derecho inalienable de todas las personas a recibir una educación y, con él, el derecho de las familias a dar a sus hijos la educación que libremente escojan.
El derecho inalienable de los ciudadanos y organismos sociales a la libre creación de centros educativos.
El deber inalienable del Estado de proteger el derecho de todas las personas a recibir una educación, proteger el derecho de las familias a dar a sus hijos la educación que libremente escojan, y proteger el derecho a la libre creación de centros educativos
El deber inalienable del Estado de ofrecer a todos los ciudadanos en edad escolar una educación pública gratuita de excelente calidad en todos sus aspectos.

Además de estos principios de referencia, se tendrá en cuenta que en las provincias en las que se use otra lengua además del español, cada provincia podrá adecuar el porcentaje de cada idioma en función de su realidad sociolingüística territorial, pero con un mínimo del 50% en español. El profesorado que imparta las clases en español no estará obligado a conocer el otro idioma de la provincia/región. Los textos de historia de la enseñanza primaria y secundaria serán confeccionados por una comisión de la Real Academia de la Historia constituida al efecto. No se impartirán clases de ninguna religión en los colegios públicos; en los colegios privados se podrán impartir la religión que deseen; en caso de ser evaluada, no tendrá efectos en el expediente del alumno a efectos de acceso a la universidad u otra formación.

Familias, iniciativa ciudadana y responsabilidad estatal: el orden de la presentación que se acaba de exponer no es aleatorio ni casual, sino que muestra exactamente cuál es la posición del Estado como estructura puesta al servicio de los ciudadanos, garante de sus derechos y libertades y responsable también de tomar la iniciativa en aquello que le corresponde:

La educación como derecho de todos los ciudadanos. El derecho de las familias a dar a sus hijos la educación que libremente escojan.

Los padres tienen la responsabilidad de dar a sus hijos la mejor educación que puedan proporcionarles, y el derecho a escoger la que consideren más apropiada de entre las posibilidades existentes. Esa responsabilidad les es inherente por el hecho mismo de ser los padres, con lo que eso implica: ser los adultos que tienen con sus hijos un vínculo que no puede ser substituido por ningún otro y ser los responsables de velar por el bienestar de sus hijos. Ese vínculo y esa responsabilidad no pueden ser secuestrados por el Estado, y el derecho de los padres a elegir la educación que consideren mejor para sus hijos no puede ser convertido en una imposición que anule, de hecho, la libertad de elección de los padres. No obstante, dado que la educación de los hijos en casa es una metodología muy delicada ya que, desde la experiencia de los centros, se ha observado que la gran mayoría de las familias que la solicitan presentan algún tipo de problema que deriva en el aislamiento de los hijos, con las graves consecuencias que ello conlleva, la autorización para llevarla a cabo solo se dará en casos muy justificados y siempre que los padres que decidan educar a sus hijos en casa, asuman el formato de la educación en casa, dentro del marco normativo que regule dicha modalidad.

El deber del Estado de garantizar y proteger la libertad de enseñanza

La creación de centros de enseñanza como vehículos para el desarrollo de proyectos educativos surgidos de la iniciativa privada de los ciudadanos será reconocida por el Estado como una forma de ejercicio de la libertad de los ciudadanos y, por lo tanto, estará, además, protegida por el Estado. La normativa que regule la libre creación de centros de enseñanza garantizará que el Estado no obstaculizará ese tipo de iniciativas ciudadanas, y que respetará escrupulosamente su independencia dentro del marco legal regulador de todo el sistema educativo.

Esa independencia incluye también la económica y, coherentemente, el Estado se abstendrá de intervenir en la financiación parcial de centros educativos creados por iniciativa privada. Por eso, en la medida que el Estado pueda ir asumiendo el incremento de alumnado que ello supondrá, se irá paulatinamente poniendo fin al modelo de la llamada “escuela concertada”. Durante ese período de transición acordado con los sectores sociales directamente implicados, éstos deberán llevar a cabo los cambios organizativos que necesiten para adaptarse al nuevo marco jurídico que estableceremos para regular su actividad.

Por parte del Estado, se llevará a cabo, como parte de ese proceso de transición, una profunda reforma del sector de Fundaciones, con el objetivo de poner fin a la situación actual de dicho sector: absoluta dispersión normativa, deficiencia ejecutiva, y obsolescencia de algunos de los principios básicos del modelo fundacional. Dicha reforma incluirá cambios legislativos que establezcan de una forma clara e inequívoca el papel de las Fundaciones y acaben de raíz con prácticas actuales que son radicalmente contrarias a la función social que las Fundaciones ejercen en cualquier sociedad democrática occidental.

El deber del Estado de ofrecer una educación pública gratuita de excelente calidad, en todos sus aspectos

Paralelamente a todo lo anterior, el Estado asumirá su deber de garantizar la oferta de una enseñanza gratuita y de excelente calidad a todos los ciudadanos en edad escolar. Para ello, uno de los cambios que deben ser introducidos, inexcusablemente, será el de aumentar drásticamente la inversión en educación, lo cual incluirá dedicar a la financiación del sistema público de educación también los recursos económicos que, hasta ahora, se han estado escatimando por no considerar el sistema educativo como una de las máximas prioridades nacionales. Al Estado le corresponde garantizar, respetar y no obstaculizar la libertad de creación de centros educativos, no financiarla. Lo que le corresponde financiar es el sistema de educación pública con el objetivo de que sea de una excelente calidad en todos sus aspectos. De esta forma, además, el Estado renuncia a la coerción sobre las familias que decidan educar a sus hijos fuera de sus escuelas, y la sustituirá por el intento de atracción de esas familias al sistema público como resultado de la calidad y el prestigio de excelencia, en todos sus aspectos, que llegue a tener. En este sentido Avante 2/3 tiene el firme propósito de dedicar al Sistema Educativo Estatal y a la Universidad el 6 % del PIB, como mínimo, para compensar el déficit presupuestario que se ha venido arrastrando desde hace muchos años.

Educación Obligatoria

Las medidas básicas más urgentes en relación con la Educación Obligatoria son estructurales:

Educación Primaria de 8 cursos. La Educación Primaria constará de ocho cursos, y la Secundaria, cuatro. Con esto se pondrá fin al modelo actual, que no tiene ninguna fundamentación pedagógica de peso y que ha originado enormes problemas no sólo organizativos y pedagógicos sino, sobre todo, de pérdida de calidad en la vida interna de los centros, la cual ha afectado, principalmente, aunque no exclusivamente, a los niños afectados por la conversión de lo que eran los dos últimos cursos de Primaria a ser los dos primeros cursos de Secundaria (1º y 2º de E.S.O.). Esos dos cursos, pues, volverán a ser los dos últimos cursos de la Educación Primaria y, como tales, se les prestará la atención que requieren como período transitorio en la evolución del desarrollo de los niños. Eso implica que la reestructuración que se llevará a cabo incluirá también una reestructuración de la organización del tiempo de trabajo de los docentes con el objetivo de que se puedan poner en marcha, y sostener, protocolos de coordinación entre los equipos docentes de Primaria y Secundaria para potenciar, tanto como sea posible, los efectos positivos de la transición de los niños de unos centros a otros. En este sentido, en un plazo de tiempo prudencial se procurará adaptar las plantillas de profesorado para que en los dos últimos cursos de educación primaria propuestos impartan las clases los profesores de secundaria especialistas en cada materia.
Además, se creará una especialización de maestros en el ámbito de ciencias, al igual que existe en educación física o inglés, debido a que en el actual 1º de ESO (futuro 7º de Primaria) se detectan problemas graves en el ámbito matemático en cuanto a comprensión y resolución de problemas, cálculo y razonamiento. En ese curso también se ha observado poco hábito de trabajo, dificultad en compresión lectora, en razonamiento lógico y en capacidad de concentración, por lo que se procederá a una revisión de las nuevas metodologías en primaria, a la limitación del uso de dispositivos digitales, a promover la escritura y a potenciar la capacidad retentiva y evocativa del alumnado.

Se eliminará la diferenciación entre una “secundaria de orientación académica” y una “secundaria de orientación profesional” por un lado y, por otro, entre una educación predominantemente “humanística y artística” y una educación predominantemente “científica y técnica”.
Se eliminará la diferenciación de dos tramos, de dos cursos cada uno, cuyo punto de separación está, en este momento, en el punto que separa los cursos de 3º y 4º de la E.S.O., y los dos cursos de Educación Secundaria Postobligatoria, bien de diferentes modalidades de Bachillerato o bien de Ciclos Formativos de Grado Medio. Esa estructura disgregada será substituida por una estructura reintegrada en la que se ofrezca a los estudiantes una formación mucho más holística, menos dispersa e hiperespecializada y más profunda, generalista y sólida, en la que “lo académico”, “lo laboral”, “lo humanístico y artístico” y “lo científico y técnico” convivan de una forma integrada. Para articular la reintegración de esos diferentes “hilos dispersos” hasta ahora se rediseñará la secundaria mediante la reintegración, también, de lo mejor de lo que se suele denominar una “educación clásica” y lo mejor de lo que se suele denominar una “educación activa o alternativa”, especialmente el llamado “Aprendizaje Basado en Proyectos”.

Formación Profesional

Una vez acabada la Educación Secundaria, como alternativa a la vía universitaria, se podrá optar por acceder a la Formación Profesional, que se cursará durante dos años más. Una FP Dual, en colaboración con las empresas, que adaptaremos a las necesidades reales del mercado laboral, en el presente y el futuro, y a los cambios que se producen por las nuevas formas de producción y las nuevas tecnologías. No es ni lógico, ni conveniente llenar las universidades con alumnos poco o mal seleccionados, de los cuales no se puede esperar el rendimiento óptimo. La selección para emprender la vía de la FP o universitaria se iniciará en los dos últimos cursos de la educación secundaria y se hará de manera secuencial, según los méritos, actitud y aptitud de cada alumno, para ir derivándolo hacia aquellas enseñanzas y especialidades en las que va a sacar mejores resultados y va a dar a la sociedad un mejor rendimiento.

Ofertaremos una formación profesional más atractiva y amplia, teniendo en cuenta el tipo de profesiones que van a desarrollarse en el futuro y la probable demanda de puestos de trabajo para cada una de. Daremos la importancia y el apoyo necesarios para la FP orientada a los oficios que tienen que ver con la vida rural, para capacitar a los jóvenes en materias relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca, los temas forestales, la protección de la naturaleza, etc. La situación de grave despoblación de algunas zonas y de deterioro de algunos ecosistemas peninsulares, requiere que hagamos un esfuerzo para incluir una oferta atrayente de formación en estos aspectos educativos y que nos empeñemos a fondo en la difusión de la misma.

No somos partidarios de una radical separación de la formación profesional y de universitaria, pensamos que no hay que cerrar puentes a aquellos individuos que, estando capacitados y con los méritos suficientes, deseen ampliar su formación. Y por ello las universidades difundirán y harán atractivos los itinerarios de acceso, desde la Formación Profesional a titulaciones universitarias de las especialidades relacionadas. Una entrada a la Universidad que, a través de la correspondiente prueba, les permitirá el acceso a grados de 180 o de 240 créditos.

El profesorado

“Esto de los traslados de los funcionarios es inhumano y, lo que es aún más doloroso, desarraigador; quizá sea inevitable, pero quizá también debiera pensarse más prudente y cautelosamente. Eso de andar con la familia a cuestas es insano porque el nomadismo es deformador y el funcionario debe cuidar las formas. Nadie obliga a los funcionarios a firmar la oposición, es cierto, pero tampoco debe entenderse que los individuos, aunque sean funcionarios, pasan a ser propiedad del Estado” (Camilo José Cela, Memorias, entendimientos y voluntades, p. 12-13)

Es una práctica hipócrita y casi cruel exigir al profesorado de los centros públicos que actúen como auténticos profesionales y den lo mejor de sí cuando no son tratados como profesionales ni reciben lo mejor que pueden y deben recibir, en cuanto a lo que se les pide y a lo que se les da.

En el año 2000, la Doctora en Educación estadounidense Neila A. Connors publicó un libro titulado If You Don´t Feed the Teachers, They Eat the Students! (Si no alimentas a los profesores, se comen a los estudiantes). La relación entre docente y estudiante es una de las claves esenciales de lo que vayan a ser los resultados que unos y otros obtengan a lo largo de su estancia en el sistema educativo.

Históricamente, los gestores de dicho sistema han ignorado que la relación entre “la administración educativa” y los educadores es, también, de la misma forma, otra de las claves esenciales de los resultados del sistema educativo. Ambas claves están en la raíz misma de lo que, erróneamente, se ha estado denominando fracaso escolar, identificado, sobre todo, con los resultados académicos de los estudiantes. Ha llegado la hora de recuperar el respeto de todos hacia todos, en todas direcciones, y eso incluye no sólo de abajo arriba, sino también de arriba abajo. Formas de acceso a la profesión, modalidades de relaciones contractuales, salarios, jornada laboral, movilidad, desarrollo profesional continuo, son algunas de las cuestiones que deben ser abordadas urgentemente si queremos que nuestro sistema educativo público sea, efectivamente, un sistema de excelencia, y no simplemente una estructura burocratizada altamente ineficaz en todos los aspectos, desde el de la calidad de las relaciones humanas hasta el de la optimización real de los recursos materiales disponibles.

Eliminación de la disgregación del personal.

La función social de los educadores es de una importancia vital para las vidas individuales de los ciudadanos y la vida colectiva de su país. Por lo tanto, la estabilidad es esencial para que puedan llevar a cabo su labor de forma profesional, responsable y eficaz. Por lo tanto, proponemos poner en marcha:

La estabilización de las plantillas de profesorado, de manera que existan solamente dos categorías: funcionarios y profesores contratados exclusivamente para cubrir, puntualmente, substituciones, no para ocupar plazas que podrían y deberían ser ocupadas por funcionarios. Las substituciones, se necesarias se cubrirán con prontitud.
El acceso a los puestos de trabajo como docentes en la enseñanza pública se llevará a cabo a través de un proceso mixto que incluirá algunos elementos del sistema actual de oposiciones, y algunos elementos de las prácticas de contratación propias de la empresa privada.
Los profesores que accedan a una plaza del sistema educativo público pasarán por un primer período de transición de dos años, antes de adquirir la condición de funcionarios de carrera. Durante esos dos años, pondrán en marcha su primer proyecto docente, el núcleo del cual serán ellos mismos: su entrada en el sistema educativo y su adaptación a lo que la realidad del trabajo diario en los centros educativos supone. Para ello, recibirán el apoyo de un profesor con más de cinco años de experiencia que actuará como mentor y punto de apoyo inmediato del nuevo docente.
A lo largo de esos dos primeros cursos, irán elaborando breves informes en los que recogerán los aspectos más relevantes de su evolución. Al mismo tiempo, recibirán regularmente comentarios y recomendaciones de sus mentores y del director del centro.
Después de los dos primeros años, el nuevo docente hará una presentación sobre lo que haya sido su experiencia durante los mismos, ante un panel del que formarán parte su mentor, un representante del equipo directivo, un representante del alumnado y un representante de la administración educativa a la que el centro esté directamente vinculado. Sobre la base de dicha presentación y de la trayectoria del docente durante sus dos primeros años, se tomará la decisión sobre su continuidad, ahora ya como funcionario, la extensión de su situación provisional durante un curso más, o su cese. Es importante tener en mente que el objetivo de los mecanismos propuestos es el de apoyar, tanto como sea posible, al nuevo docente para que su labor sea exitosa, de manera que nuestro sistema educativo público se dote a sí mismo de los mejores profesionales posibles desde el primer minuto de su vinculación al mismo.
Se establecerán cursos que capacitarán para poder optar a la dirección de los centros educativos públicos. Estos cursos se impartirán en las facultades de Educación de los diferentes distritos universitarios y serán obligatorios para poder ser elegidos/designados directores de colegio o instituto público. Los directores de los centros serán elegidos por los docentes que ejerzan su labor en los mismos, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto.

Proyectos docentes y certificaciones de competencia educativa.

Cada docente deberá desarrollar, a lo largo de su carrera como funcionario del sistema educativo público, diversos proyectos docentes, unos individualmente, otros en colaboración con los equipos docentes de los que forme parte. Esos proyectos docentes, junto con requisitos progresivos de formación continua, serán parte del proceso de renovación de lo que se denominará la Certificación de Competencia Educativa, un proceso de apoyo, desarrollo profesional y personal, y progresiva mejora del perfil profesional de cada docente.

Jornada laboral y calendario

Se reestructurará la jornada laboral del profesorado de Primaria, jornada que, hasta ahora, ha estado sobrecargada de horas lectivas en detrimento de períodos de trabajo individual fuera del aula y de colaboración con otros docentes. La jornada diaria, de lunes a viernes, será de cuatro horas de trabajo con los alumnos y dos horas de trabajo individual y de equipo docente.
Se reestructurará también la jornada laboral del profesorado de Secundaria, la cual comenzará y terminará, para todo el profesorado de cada centro, a las mismas horas que para el alumnado. Se pondrá fin, pues, a la política de presentación de tres solicitudes de horarios personalizados por parte de cada profesor. Como en Primaria, estudiantes y docentes comenzarán y terminarán su trabajo en sus respectivos centros a la misma hora. Dentro de la jornada diaria del docente de secundaria, la distribución será, también, de cuatro horas de trabajo con los estudiantes, y dos horas de trabajo individual y de equipo docente.
Se modificará el funcionamiento de las tutorías. Tanto en Primaria como en Secundaria, cada alumno tendrá un mismo tutor a lo largo de varios años de permanencia en el centro. En Primaria, tendrá un tutor de 1º hasta 4º, y otro de 5º a 8º. En Secundaria, tendrá el mismo tutor a lo largo de los cuatro años. Por su parte, cada tutor tendrá menos tutorandos de los que tienen ahora, y estables: en lugar de tener un grupo entero nuevo cada año, tendrá un mismo grupo de entre 8 y 12 a lo largo de los cuatro años. Esto incluye también a todos los miembros de los equipos directivos. Parte de las horas de trabajo sin alumnos estarán dedicadas a la labor de tutoría, una pieza clave en la estructura de los centros para apoyar de forma directa, realmente personalizada, a los estudiantes. La tarea de los tutores dejará de ser una tarea puramente administrativa, y se expandirá, de manera que el tutor irá desarrollando un perfil más propio del mentor que del gestor administrativo.
Se reestructurará significativamente el calendario escolar. Una vez decidida la duración del curso escolar, con el número de días lectivos y no lectivos correspondientes, se procederá a reestructurar la secuencia de ciclos lectivos y no lectivos. En esa reestructuración, los cambios más significativos son los siguientes:

Dado que organizativamente es muy complicado iniciar un curso al mismo tiempo profesores y alumnos, aquellos acabarán las vacaciones de verano una semana antes para organizar y distribuir horarios, grupos, tutorías, temas administrativos, etc. Así el profesorado se incorporará el 1 de septiembre, o primer lunes después del de ese día es éste es sábado o domingo, y los alumnos lo harán una semana después.
A lo largo del curso escolar, se crearán secuencias de ciclos de 7 semanas lectivas seguidas de una semana de descanso. Este modelo deberá incluir la unificación de las fechas de descanso de Pascua (Semana Santa) en todo el país.
Dadas las especiales condiciones climatológicas de buen parte de los territorios de nuestra Nación, acometeremos las inversiones necesarias para que los centros educativos estén debidamente acondicionados para hacer habitables las aulas. En primavera y verano las clases no deberán superar los 26º y en otoño e invierno no deberán bajar de 18º.

Mobilidad

El sistema de concurso de traslados, adjudicación de plazas en expectativa, plazas en propiedad, comisiones de servicios, etc. debe ser remodelado. Es un fracaso sin paliativos, desde muchos puntos de vista, mantener un sistema de gestión de las relaciones con el profesorado basado en que, desde despachos de los edificios oficiales de las administraciones educativas, se tomen decisiones de tanta trascendencia como las de a qué localidades deben ir a trabajar los docentes que todavía no tienen una plaza definitiva. El hecho de que haya un gran número de docentes que tengan que vivir en dos residencias, la suya habitual durante los fines de semana y períodos de vacaciones, y, de lunes a viernes, la del lugar en el que se encuentra el centro educativo al que ha sido destinado provisionalmente, porque la distancia entre ambas es tanta que no pueden permitirse volver a su casa cada día, es sencillamente inaceptable. Cuando los profesores salen del centro educativo en el que trabajan, al final de su jornada, merecen también poder volver a sus hogares, en lugar de tener que volver a un piso compartido en el que tienen alquilada una habitación de septiembre a junio, o a una vivienda por la que tienen que pagar un alquiler añadido al alquiler o la hipoteca que tienen que pagar por su residencia habitual, si no son propietarios de la misma. A ello se añade el coste de los desplazamientos que deben hacer cada semana, o varias veces a la semana, en algunos casos, entre ambos lugares de residencia. Y todo ello, por el hecho de que la administración educativa no quiere o no sabe organizar las plantillas de una forma humana, racional y eficiente.

Por lo tanto:

Se hará una planificación rigurosa de las plazas realmente necesarias en cada centro. Puesto que el sistema que proponemos tiende a la progresiva estabilización, la variabilidad en las vacantes de plazas se irá reduciendo también progresivamente.
Una vez establecido el censo de plazas realmente necesarias, y el censo de profesores que todavía no tienen una plaza definitiva, se descentralizará la gestión de este aspecto de la organización educativa a nivel provincial y, dentro de este, a nivel comarcal. El objetivo es que la toma de decisiones sobre la cobertura de plazas vacantes llegue a poder tomarse a nivel comarcal, de manera que esas plazas puedan ser ocupadas por profesores residentes en las mismas comarcas en las que estén esas plazas vacantes. Este sistema pondrá fin al modelo de traslados arbitrarios, desarraigadores y ruinosos existente hasta ahora.
Llegados a este punto, cuando un docente ocupe una plaza, deberá permanecer en ella, como mínimo, durante cuatro años, que es también la duración de los ciclos de renovación de la certificación de competencia educativa, requisito obligatorio para todos los docentes y equipos directivos.

Salarios

En el sistema educativo que proponemos, los profesores serán tratados como profesionales, con el máximo respeto a su idiosincrasia y su creatividad docentes y también, por supuesto, con la máxima exigencia de despliegue de su tarea de una forma honesta y responsable. Es un sistema en el que desaparecen algunas realidades obsoletas aún vigentes:

La figura del profesor que, después de aprobar unas oposiciones, pasa un año de prácticas que no es ni siquiera un trámite, después del cual es ya un funcionario de carrera de por vida.
La figura del profesor funcionario de carrera que no desarrolla proyectos educativos propios ni participa en ningún proyecto llevado a cabo por quipos docentes pequeños y transversales, multidisciplinares.
La figura del profesor funcionario al que se le adjudica arbitrariamente la tutoría de un grupo de estudiantes, durante sólo un curso, y en un número que hace imposible llevar a cabo una tarea significativa como tutor. Ese profesor, con muchísima frecuencia, acaba convirtiéndose en un intermediario entre los estudiantes y la dirección del centro para asuntos que no van mucho más allá de lo puramente administrativo. En el nuevo sistema, todos los profesores serán tutores, así como todos los miembros de los equipos directivos; pero serán unos tutores que realmente podrán desarrollar con sus tutorandos (entre 8 y 10) una relación con componentes propios de la figura de un mentor y un director de proyectos.
La figura del profesor “nómada”, en virtud de la nefasta política de adjudicación de plazas ahora existente.
La figura del profesor sobrecargado de horas lectivas.
La figura del profesor del que solamente él y el equipo directivo sabe a qué hora comienza y termina su trabajo en el centro, porque el horario de cada profesor es diferente.

En este sistema, pues, al profesorado se le pide más y se le da más también. En coherencia con eso, y también con la reestructuración del gasto público y la desaparición de las subvenciones a escuelas privadas, el Estado ofrecerá al docente unos salarios significativamente superiores a los salarios actuales.

El profesorado que cubra plaza en poblaciones pequeñas del ámbito rural, con una población de 1.000 habitantes o menos, en las que la autoridad de Educación haya decidido mantener abierto el centro educativo (ejemplo: los CRA de Castilla y León y de Aragón) tendrá un incremento salarial del 40 % del sueldo y trienios que le correspondieran y una vivienda asignada por el Ayuntamiento o el Ministerio de Educación. En aquellas otras poblaciones de menos de 5.000 habitantes tendrá un incremento salarial del 30 % del sueldo y trienios que le correspondieran, además de contar, y un complemento para el alquiler de vivienda en la población de destino, que se fijará anualmente.

Además, se harán las modificaciones normativas necesarias para:

No promocionar curso con más de una asignatura suspensa.
El alumnado con evidente y demostrada carencia de voluntad formativa, que no aprovecha los recursos educativos, psicológicos y de orientación que se les ofrecen y, al mismo tiempo, entorpecen el normal funcionamiento de los grupos a los que pertenecen, serán derivados a ciclos formativos que orienten al alumno a la rápida incorporación al mercado laboral.
En los Consejos Escolares de cada centro tendrán voz todos los miembros que lo conformen según la legislación actualizada, pero solo tendrán voz y voto el personal de dirección, de orientación psicopedagógica y el profesorado.
Se legislará para devolver la autoridad al profesor en la clase, devolver la autoridad a los centros de enseñanza y quitársela a los políticos, en todo lo que afecta a la docencia. En cada centro educativo, los Consejos Escolares serán la última instancia para decidir sobre las reclamaciones o recursos del alumnado ante un suspenso dado por un profesor, o por una sanción disciplinaria impuesta por un profesor o miembro de la dirección.

Sistema Universitario

1. Se hará una reestructuración del sistema público universitario, agrupando la gestión de las actuales universidades dependientes de las CC.AA. en distritos universitarios con cabeceras en: Santiago de Compostela, Oviedo, Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Salamanca, Madrid, Valencia, Granada y Sevilla.
2. En el sistema público universitario el acceso a cualquier plaza de profesorado titular será siempre por concurso/oposición. Cada distrito universitario deberá prever con suficiente antelación las convocatorias de profesorado pertinentes para evitar, en lo posible, la contratación de profesorado interino o contratado sustituto.
3. En lo que se refiere a las obligaciones, derechos, proyectos docentes y competencia educativa del profesorado universitario y, con la debidas salvedades, oído el Consejo de Universidades, se tomarán las mismas medidas que las indicadas para el profesorado de educación obligatoria.
4. Las cátedras solo podrán obtenerse mediante concurso-oposición entre profesores titulares universitarios con el doctorado realizado.
5. En el sistema público universitario las carreras (a excepción de medicina) incluirán, entre los cuarto y quinto cursos, las especialidades que actualmente ofrecen los masters sin incrementar el coste de matrícula por asignatura. De esta manera se pretende acabar con el negocio de los masters que introdujo el sistema de Bolonia, tan gravoso para las familias y germen de desigualdad.
6. El ministerio de educación determinará en que carreras y para que capacitación deben cursase cinco cursos (master incluido /300 créditos)) y en cuales tres (180 créditos) o cuatro (240 créditos), estas dos últimas otorgarán exclusivamente títulos de grado.
7. El Estado garantizará la libre creación de Centros Universitarios privados, que deberán atenerse a las Leyes pertinentes. Los programas de cada uno de los Grados, Licenciaturas, Postgrados o Masters que vayan a impartir serán presentados a la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, para su aprobación.

Cultura

En el ámbito de la cultura, serán las Reales Academias de la Lengua, de la Historia, de las Bellas Artes de San Fernando y la de Ciencias Morales y Políticas, las instituciones que colaboren más directamente con la Secretaría de estado de Cultura y Deporte. Estas Reales Academias, junto a otras seis forman parte del Instituto de España. Todas ellas son instituciones que representan la excelencia en los diversos campos de las ciencias, las artes y las humanidades. En sus miembros concurren los más altos méritos intelectuales y científicos, además de contar con estabilidad e independencia frente a intereses económicos o políticos. Estos valores de excelencia e independencia hacen que las Reales Academias sigan siendo centros de pensamiento, de cultura y de investigación avanzada, libre y sosegada.

Por ello, la Secretaría de Estado de Cultura y Deportes apoyará, dentro de sus posibilidades y con todos sus medios, las propuestas que las Academias le presenten en todo lo referente a la difusión de la cultura, la historia y las artes españolas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Prestará especial atención a las recomendaciones que le presenten respecto a las subvenciones aconsejables para la promoción de la cultura y las artes en general. La Secretaría de Estado de Cultura y Deportes no concederá ninguna subvención que no haya sido estudiada y propuesta por las Reales Academias arriba mencionadas, coordinadas en el Instituto de España.

Se tomarán las medidas necesarias para revertir el mal uso de la lengua española, producido por la llamada “ideología de género”, la cultura “woke” y la invasión de anglicismos que tienen sus equivalentes en nuestra lengua.

En colaboración con la Real Academia de la Historia, se hará una revisión completa y profunda de la Ley de Memoria Democrática, procediendo, en el menor plazo posible, a la recomendación de su modificación o, en su caso, derogación.

Deporte

La Secretaría de Estado de Cultura y Deporte estará en contacto con las Federaciones deportivas para atender a sus necesidades de cara a la difusión de la práctica deportiva en general, sobre todo entre la juventud, sus proyectos para el deporte de alto rendimiento, sus escuelas deportivas, etc, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Solo habrá Federaciones Españolas de cada deporte y las correspondientes Federaciones Provinciales dependientes de aquellas.

El CSD seguirá siendo un organismo autónomo de la Administración del Estado, pero pasará a estar adscrito a la Secretaría de Estado de Cultura y Deporte. El CSD seguirá regulado por lo prescrito en el artículo 14 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, excepto en lo referente a la concesión de subvenciones a las federaciones deportivas, entidades deportivas, asociaciones y sindicatos de deportistas y asociaciones de aficionados, cuestión de la que se hará cargo la Dirección General del Deporte de la Secretaría de Estado de Cultura y Deporte.