- Derogaremos la legislación referida al Pacto Verde Europeo.
- Revisaremos los acuerdos comerciales internacionales que afecten a nuestro sector primario.
- Permanente y exigentes inspecciones en frontera a las importaciones.
- Se hará cumplir a los productos importados la misma reglamentación que a los productos nacionales y europeos.
- Consideraremos prioritario darle carácter jurídico al "Principio de Preferencia Comunitaria".
Nuestro progama de un vistazo
Estado de la cuestión en relación a la situación del sector primario
Hay dos problemas que afectan de manera importante al primer sector productivo de nuestro país en particular, pero también al resto de los países de la UE. El primero de esos problemas tiene que ver con el “globalismo”, en concreto con los Acuerdos de Libre Comercio y el segundo con las políticas que se vienen llamando de “Falso Ambientalismo”.
Respecto a los Acuerdos de Libre Comercio, cuando la UE firma los firmó, lo que hizo fue violar uno de los principios básicos de la UE: el de “preferencia comunitaria”, es decir, que los países europeos tenían ventaja para vender dentro del mercado europeo y, de hecho, esto era así porque los productos agrícolas, ganaderos y de pesca europeos se vendían dentro de Europa en un 95 %. Pero, de soslayo, la firma de esos acuerdos también violó los otros dos principios básicos de la UE: el de “unión de mercado” y el de “solidaridad financiera”. En definitiva, la firma de esos acuerdos ha supuesto, en la práctica, la renuncia a la consideración de la alimentación como un bien estratégico.
La paulatina reducción de aranceles, hasta alcanzar incluso su anulación completa, la eliminación del límite a las toneladas de producto importado, unido a los bajos costes de producción en los países con los que se firmaron los acuerdos nos ha llevado a una situación de sobreoferta, que obliga a los productores españoles (y europeos en general) a la bajada de precios, en muchos casos por debajo del coste de producción. Y, para agravar la situación, el escaso y, en muchas ocasiones, inexistente control de los productos importados facilita la introducción de nuevas plagas y enfermedades
En cuanto a las llamadas políticas de “Falso Ambientalismo” y sus correspondientes leyes de “Falso Verde”, todas ellas tienen su origen y fundamento en la Agenda 2030. De ella salió el Pacto Verde Europeo del que se desprenden la “Estrategia de la Granja a la Mesa” y la “Estrategia por la Biodiversidad”. En estos casos si que se ha llevado a cabo un desarrollo legislativo, lo que les confiere un carácter y respaldo jurídico, no como en el caso de los principios básicos de la UE que, por carecer de ese respaldo, son fácilmente sorteables, a voluntad de los empleados del globalismo.
En cuanto a las llamadas políticas de “Falso Ambientalismo” y sus correspondientes leyes de “Falso Verde”, todas ellas tienen su origen y fundamento en la Agenda 2030. De ella salió el Pacto Verde Europeo del que se desprenden la “Estrategia de la Granja a la Mesa” y la “Estrategia por la Biodiversidad”. En estos casos si que se ha llevado a cabo un desarrollo legislativo, lo que les confiere un carácter y respaldo jurídico, no como en el caso de los principios básicos de la UE que, por carecer de ese respaldo, son fácilmente sorteables, a voluntad de los empleados del globalismo.
Deteniéndonos en la Estrategia de la Granja a la Mesa, las autoridades europeas y las nuestras con especial dedicación y “ejemplaridad” están empeñadas en conseguir la reducción drástica de fitosanitarios, dejando a nuestros productores sin los medios adecuados para defender sus cultivos de plagas, algunas introducidas por productos importados escasamente controlados. Por parte de nuestras autoridades esa reducción es exagerada, ya que, por lo general, el cumplimiento de la normativa de la UE respecto a los niveles y concentraciones de productos fitosanitarios es de sobra cumplida por nuestros agricultores. Para añadir más presión, dentro de esta estrategia, se pretende reducir también la fertilización, lo que abocará sin duda a una reducción de la producción y a disminuir más, incluso, la posibilidad de ofrecer cierta competencia. A este respecto hay que mencionar que se están poniendo problemas para la utilización de fertilizantes tanto orgánicos, como de abonos minerales. En este último caso, aduciendo contaminación de acuíferos, normalmente por nitratos, lo que está científicamente demostrado. Aun así, nuestros políticos han fijado un máximo de concentración de nitratos derivados de la fertilización de la mitad de lo permitido en la mayoría de los países europeos y no digamos en el resto del mundo.
Para acabar de cuadrar el círculo, nuestras autoridades quieren imponer progresivamente el llamado “Cuaderno Digital”, para controlar el uso de fitosanitarios, fertilizantes, etc, Un trabajo más que les cae a nuestros productores, de momento solo obligatorio para explotaciones superiores a 5 Hectáreas, y que supondrá un quebradero de cabeza más para la gente del campo, que acabarán haciéndole el trabajo de control sanitario al gobierno.
También, dentro de esta estrategia, se enmarca el empeño por reducir al 50 % la utilización de antibióticos para combatir las enfermedades en nuestra ganadería. Una medida que deja indefensos a nuestros ganaderos ante las enfermedades de su ganado, algunas de ellas importadas. En adición a esta limitación, nuestros ganaderos también tienen que lidiar con leyes como la de transporte animal, o la de bienestar animal, que suponen un incremento de gasto e inversiones, que no son exigidas en los países importadores.
La otra derivada del Pacto Verde Europeo es la Estrategia por la Biodiversidad, cuya ley principal es la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuya finalidad es devolver la naturaleza a la situación previa al desarrollo agrícola, para lo que quieren alcanzar el objetivo de hacer desaparecer el 30 % de los cultivos; puede que para que compremos lo que nos traen de otros lugares en los que resultan mucho más baratas la producción y la logística. Relacionada con esta última estrategia también tenemos la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) de la UE, la Ley de Aguas de 1985 modificada por Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030. Todas ellas con un inconfundible color “verde” y con unas cuantas medidas que suponen verdaderos ataques a la agricultura y la ganadería de nuestra Nación, en definitiva a nuestra soberanía alimentaria.
El caso de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos es de especial importancia, por las nefastas consecuencias que algunos de sus preceptos traen a los regadíos consigo cuando se producen riadas. Esa ley ha causado la eliminación de cientos de azudes y presas, que según ellos están en desuso e interrumpen el “curso natural de los ríos”, aseveración con la que, en muchos casos, no están de acuerdo los habitantes de las zonas rurales afectadas. La estrategia de los gobiernos ha quedado clara: destruir lo que se pueda y dejar de mantener el resto (se devuelven 7 de cada 10 euros presupuestados para mantenimiento de esas infraestructuras). Por esa ley se dejan de limpiar los cauces de los ríos, produciendo que la maleza, cañas y escombros varios provoquen peligrosos tapones que provocan la rotura de puentes, pasarelas y pontones.
La casi exclusiva dedicación de estos gobiernos por las energía llamadas renovables, es otra fuente de problemas para nuestro campo. Las macroinstalaciones de plantas solares (también eólicas) requieren grandes extensiones de terreno que se está detrayendo de los campos de cultivo y pastos para el ganado, además de constituir un delito paisajístico descomunal. Para ello, las ultimas normas legislativas están orientadas a facilitar la expropiación forzosa, en exclusivo beneficio de las empresas particulares de energía. Queremos dejar constancia de que, en nuestra opinión, la fiebre por las renovable traerá consigo, a medio plazo, un gravísimo problema de residuos de muy difícil tratamiento y eliminación.
Nuestros pescadores también están afectados por esa normativa europea y nacional, tan influida por el lobby ecologista y por los intereses globalistas. Por ejemplo, con una de las directivas que han sacado de la manga últimamente, obligan a los pesqueros de la UE a reducir el número de días de pesca en el Mediterráneo y a cambiar algunas de las artes utilizadas para la pesca (algunas de ellas realmente destructivas o lesivas, aunque no todas). Lo que supone una discriminación, ya que coloca a nuestros pescadores en una situación de absoluta desventaja respeto a los pescadores de países del norte de África, que comparten las mismas aguas con los nuestros, sin verse afectados por esas restricciones, y cuyos productos son comercializados por empresas multinacionales (muchas de ellas europeas) a las que el factor trabajo y toda la logística que hay hasta la comercialización le supone un menor coste en esos países, además de no tener que pagar aranceles por exportar a la UE.
Otro empeño, al que están dedicados nuestros políticos, es a cumplir con los predicados del Pacto Verde Europeo en lo que respecta a la reducción de los gases de efecto invernadero y, entre ellos, sobre todo, del CO2 y CH4 (metano). Un empeño probablemente inútil, pero que produce verdaderos quebraderos de cabeza a nuestros agricultores y ganaderos, y pingues beneficios cierta genta, a pesar de que el CO2 supone solo el 3 % de todos los gases de efecto invernadero y, el CO2 producido por los humanos es el 3 % de ese 3 % del total de gases de efecto invernadero. Es decir, el total de CO2 en la atmósfera supone 412 partículas/millón y el CO2 humano solo llega a las 12 partículas/millón, más concretamente, en el CO2 humano de Europa contribuye en 1 partícula/millón al total de CO2 en la atmósfera.
Un empeño, ese de la reducción de gases, que les lleva a muchos de nuestros políticos a procurar que se deje de arar los campos porque se libera el CO2 de la tierra, o a empeñarse en que dejemos de comer carne, para disminuir la cabaña ganadera y, de esa manera, evitar que el metano de sus ventosidades acelere el calentamiento global, cuando la cabaña ganadera, vaca arriba, vaca abajo, lleva sobre la faz de la tierra miles de años.
Medidas a adoptar
Para evitar los despropósitos y desmanes que se están llevando a cabo contra el sector primario español, uno de las más afectados de Europa, por padecer en España unos de los gobiernos más entregados al radicalismo ecologista, Avante 2/3, como primera medida, derogará todas las leyes promulgadas a la luz del Pacto Verde Europeo para, posteriormente, denunciar todos los acuerdos al respecto firmados con la UE, y proceder a su renegociación, teniendo como premisa principal el respeto a la soberanía alimentaria española, en particular, y también europea.
Revisaremos, también, los acuerdos comerciales internacionales que afecten a nuestro sector primario. Exigiendo de la UE la imposición de aranceles para compensar los sobrecostes de nuestros productores y colocarlos en igualdad de condiciones.
Obligaremos a llevar a cabo permanentes y exigentes inspecciones en frontera. Entre otras condiciones, obligaremos a que el producto importado llegue con el adecuado tratamiento en frío, lo que, por ejemplo, para productos agrícolas supone entregarlos entre 00 y 10 en pulpa. Igualmente, se hará cumplir a los productos importados la misma reglamentación que a los productos nacionales y europeos respecto a la concentración de fitosanitarios, fertilizantes, antibióticos, etc.
Apoyo decidido a la ganadería extensiva e intensiva y regularización de los estudios técnicos necesarios para evitar afecciones indeseadas en los terrenos que puedan verse afectados, solo en base a esos estudios se podrá prohibir la instalación de éstas o el uso de pastizales. Recuperación de las vías pecuarias y apoyo a la trashumancia.
Revisión y modificación de la Ley 6/1997 de Suelo Rústico, cuya Disposición Adicional Octava —modificada por la Ley 25/2006— autoriza la declaración de interés general para proyectos renovables. Devolución a los propietarios que lo reclamen de los terrenos agrícolas o de pastos expropiados en virtud de esa ley. También, a los que se les han expropiado terrenos o forzado, de cualquier manera, a vender terrenos con posterioridad a incendios forestales, inundaciones o riadas.
Consideraremos prioritario el darle carácter jurídico al “principio de preferencia comunitaria”, de manera que no pueda ser burlado y sorteado como se ha venido haciendo por parte de la Comisión y el Consejo Europeos, al firmar acuerdos internacionales contrarios a ese principio básico de la UE.