España seguirá siendo un Reino con monarquía parlamentaria. Un Estado social y democrático de derecho, con un sistema de libre mercado.

Las cortes estarán compuestas por el congreso y el senado. Los diputados y senadores no podrán cobrar un sueldo superior a tres salarios mínimos, compatible con la pensión.

El Poder Judicial será totalmente independiente y con un sistema de elección de sus miembros que garantice su independencia de los otros dos poderes.

El Fiscal General del Estado será nombrado por el rey a propuesta del CGPJ.

El Tribunal Constitucional será una sala del Tribunal Supremo.

Se eliminarán los aforamientos, los miembros del gobierno y los diputados y senadores serán enjuiciados, en su caso, por el Tribunal Supremo sin necesidad de suplicatorio.

En la deseable nueva constitución española desaparecerán las nacionalidades, y el término, en su caso,  será sustituido por el de regiones como ámbitos histórico culturales, no políticos. Las CCAA fueron una invención/innovación (forzada) de la Transición e incluida en la CE de 1978, pero realmente son las provincias las que tienen historia y raigambre en España y, además de su mayor proximidad al ciudadano, son las instituciones idóneas para solucionar el problema de la España despoblada.

Las CCAA se han convertido en órganos intermediarios, innecesarios, ruinosos, desintegradores y fábricas de desigualdad y de corrupción política. La descentralización política y administrativa quedará en los niveles provincial y municipal, y no estará permitida la unión política entre provincias. Seguirán existiendo Castilla, Galicia, País Vasco, Cataluña, etc. etc; seguirá habiendo castellanos, gallegos, vascos, catalanes, andaluces, etc. etc, pero la administración y la política la harán los burgaleses, los coruñeses, los vizcaínos, los barceloneses, los sevillanos, etc., etc.

Así:

Los niveles de gobierno administrativos y políticos serán:

El gobierno del Reino de España.

Las Diputaciones Provinciales.

Los Municipios.

En España solo habrá 3 tipos de elecciones: europeas, nacionales y provinciales/municipales.

El gobierno nacional tendrá una representación en cada provincia, presidida por el Delegado del Gobierno, del que dependerán las delegaciones ministeriales.

Todas las Diputaciones provinciales tendrán la misma estructura política y la Constitución y las leyes que la desarrollen establecerán sus competencias y su régimen fiscal.

Las Diputaciones Provinciales podrán decidir tener órganos legislativos: Juntas Generales o Parlamentos Provinciales, pero los junteros o parlamentarios no podrán cobrar un sueldo superior a 2,5 salarios mínimos, compatibles con la pensión. Los gastos de todo tipo que generen esas juntas o parlamentos provinciales se cargarán contra el presupuesto propio de la provincia.

Habrá un fondo estatal de compensación para que todos los españoles reciban iguales servicios públicos, independientemente de su provincia de residencia. A modo de ejemplo, cada cama de hospital o cada puesto escolar públicos tendrán la misma dotación económica.

Quedarán derogados los estatutos de autonomía.

Quedarán derogadas las CCAA y todos sus órganos constitutivos y dependientes.

Quedarán derogados los conciertos económicos del país vasco y navarra y, en su caso, el convenio económico y fiscal especial para Cataluña.

Las Diputaciones Provinciales y las delegaciones ministeriales provinciales del Estado acogerán también al personal funcionario o laboral procedente de las CCAA derogadas, que mantendrá todos sus derechos económicos y laborales. El exceso de personal, en su caso, se irá amortizando por las jubilaciones en el porcentaje que convenga para evitar un vacío generacional.

El personal de la Ertzaintza y de los Mossos d’ Esquadra y de la Policía Foral navarra pasarán a ser policías municipales, quedando abierta la opción de integrarse, voluntariamente, en la Policía Nacional o en la Guardia Civil.

La Policía Nacional y la Guardia Civil serán las únicas FSE de nivel estatal con capacidad exclusiva de intervención en el ámbito internacional. Serán, también, las únicas que, junto a las policias locales que ya cuenten con ella, tengan caracter de policía judicial.

Los edificios e instalaciones y  medios de toda índole que actualmente tienen las CCAA pasarán a titularidad del Estado, que podrá traspasarlos a las Diputaciones Provinciales o a las Delegaciones del Gobierno, vendiéndose los sobrantes.

Toda la deuda de las actuales CCAA será asumida por el Estado.

Estarán prohibidos los partidos políticos o cualquier organización que pretendan, explícita o implícitamente, la independencia de una parte del territorio español.

Se declara el español como lengua de todos los españoles y como lengua oficial del estado.

En las provincias/regiones con un segundo idioma, toda la documentación oficial, cartelería, anuncios, etc. de la administración pública se escribirá en los dos idiomas.

El conocimiento del español será suficiente para trabajar en cualquier administración pública en España. En las provincias/regiones con un segundo  idioma, el conocimiento del idioma distinto del español no dará ventaja alguna en los concursos y convocatorias públicos.

En el congreso, en el senado, en las juntas provinciales y en los plenos municipales solo se usará el idioma español. En las provincias/regiones con dos idiomas se podrán usar los dos, pero cuando se use el idioma distinto del español, se hará traducción simultánea al español.

La educación será competencia exclusiva del Estado. En las provincias con dos idiomas se dejara a la elección de los padres el idioma en el que desean que sea educado su hijo pero, en todo caso, el porcentaje de clases impartidas en cada idioma será función de la realidad socio-lingüística de la provincia, pero siempre con un mínimo del 50% en español. El profesorado que imparta las clases en español  no estará obligado a conocer el otro idioma de la provincia/región.

La ley establecerá qué gestiones se traspasan a las provincias.

Se hará una reestructuración del sistema público universitario, agrupando la gestión de las actuales universidades de CCAA en distritos universitarios con cabeceras en: Santiago de Compostela, Oviedo, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Salamanca, Madrid, Valencia, Granada y Sevilla.

La sanidad será competencia exclusiva del Estado. La ley establecerá qué gestiones se traspasan a las provincias.

La Seguridad Social y las pensiones serán competencia exclusiva del Estado.

La Política Exterior, la Defensa y la Seguridad serán competencias exclusivas del Estado.

La hacienda pública será competencia exclusiva del estado. La ley establecerá qué gestiones se traspasan  a las provincias.

Con el ahorro del gasto político innecesario y ruinoso, estimado en un mínimo de sesenta mil millones de euros anuales y el control de la corrupción política y económica (estimada en más de sesenta mil millones de euros anuales), se solucionarán los problemas de la vivienda, de la sanidad, de la natalidad, de la dependencia y el déficit de la seguridad social.

La inmigración y el control de fronteras serán competencia exclusiva del Estado.

El gobierno nacional no podrá traspasar a las provincias una competencia exclusiva del Estado.

Se establecerá el principio de subsidiariedad y no redundancia de las competencias de las administraciones públicas en los diferentes niveles. Habrá un sistema competencial claro y cerrado.

Se modificará la Ley Electoral para aumentar su representatividad democrática y mejorar la gobernabilidad.

Se modificará la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, garantizando la transparencia y el control por el tribunal de cuentas.

Se revisarán bajo criterio de eficiencia y control las subvenciones a Partidos Políticos, Sindicatos, Organizaciones Empresariales, Fundaciones y ONG,s, etc.

El defensor del pueblo será único, con oficina en Madrid.