POSICIÓN POLÍTICA DE AVANTE 2/3. TEORÍA DEMOCRÁTICA, ABSTENCIÓN AUTONÓMICAS
LOS ORÍGENES DEL SISTEMA REPRESENTATIVO
El “sistema representativo” y la llamada “democracia liberal”, tan alegre y dócilmente asumidos como inmejorables diseños políticos, tienen su origen en la Convención Constituyente de 1787, en los incipientes primeros Estados de lo que hoy conocemos como EE.UU. A pesar de lo que nos hayan contado, de los bonitas frases que nos han repetido asociadas a aquel proceso, tales como “el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, la verdad es que la intención de aquella clase política norteamericana demostró estar muy en contra de la participación del pueblo en política. Y, así lo plasmó en las instituciones que se fueron perfilando, y que dejaron en el olvido a las iniciales Asambleas (cámaras legislativas) de algunos de los primeros Estados, en las que, en muchos casos, se procedía a dar respuesta positiva a lo solicitado por la ciudadanía.
Por ejemplo, Alexander Hamilton, considerado uno de los padres de los EE.UU que, por cierto, tenía más de 40 esclavos, alertó de la usurpación del poder de la legislatura, previniendo de la posibilidad de tener a “los representantes populares constituidos en dictadores perpetuos”.
En aquellos tiempos, en los que estaban enfrentados los “conservadores o antifederalistas” y los “republicanos o federatistas (precursores de un gobierno centralista)”, las cámaras de los estados fueron asociadas a una visión catastrofista de “pérdida de virtudes sociales” y su poder democrático fue considerado “tiránico y opresivo”. Tan es así, que, en el “Federalista”, el texto político más importante que hubo en defensa de la Constitución norteamericana se da a entender que “el objetivo principal de esa norma suprema fue el de impedir que las facciones[1] controlasen la vida política de la nación, lo que llevaba a poner todas las travas posibles a la acción de las mayorías en la legislatura, pero no como defensa de los derechos de las minorías, tal y como las entendemos hoy, sino como protección de los “pocos que tienen el poder político y económico”.
Para Alexander Hamilton la idea de minoría estaba ligada a la de “ricos y bien nacidos”. Por su parte James Madison, otro influyente intelectual del momento, sostenía que “el Senado debía estar determinado a proteger a la minoría de opulentos frente a la mayoría”. De todo lo resumidamente expuesto hasta aquí ya se podría deducir que el sistema político representativo iniciado en los EE.UU. y más tarde difundido por Europa, estuvo diseñado contra las mayorías y para la protección de la minoría elitista.
En esa democracia incipiente, lo que quedaba claro era que había que evitar las tendencias “facciosas” de las mayorías. Pero se llegó al convencimiento de que lo más adecuado iba a ser equilibrar el poder de influencia, tanto de los socialmente aventajados o que tenían propiedad, como del sector mayoritario de la sociedad, el de los pobres, el de los que no la tenían. Eran otras muchas las fracturas sociales que entonces se daban, pero la fundamental, según el propio Madison era la señalada, la existente entre ricos y pobres. Así, a pesar de la tendencia antimayoritaria de los padres de aquella constitución, se llegó al acuerdo de que ambas partes debían contar con una “igual” proporción de poder político. De esa posición surgió el denominado sistema de frenos y contrapesos del poder, según el cual se establecían diferentes ramas de poder, separadas y capaces de llevar a cabo el control mutuo y de restringir los excesos de cualquiera de ellas: el ejecutivo, el judicial y dos cámaras legislativas.
En principio parecía que todo debería funcionar como un reloj suizo. La Cámara de Diputados, era la que representaba la rama del poder de esa mayoría no propietaria, que elegía de manera directa y, según la élite, tras ser “influida por demagogos y populistas”, a sus representantes. Una cámara que, para muchos de los padres fundadores, “tenía una fuerte propensión a la toma de medidas perniciosas”. Ya se encargarían ellos, después, en modular adecuadamente las veleidades de esa cámara mediante el pertinente sistema de partidos políticos, unas piezas clave para controlar esa rama del poder.
Por otro lado, para asegurar la presencia de la “minoría” de propietarios y aventajados en el sistema de gobierno pusieron en marcha un instrumento ideal: las elecciones indirectas. Mediante este procedimiento se iban a asegurar la presencia en el poder de unos líderes de cuerpos intermedios que, cumpliendo ciertos requisitos (edad, estudios, propiedades), serían elegidos, de manera indirecta, para representar los intereses de los “ricos y bien nacidos”. Esos representantes iban a ser elegidos por las legislaturas estatales y no de manera directa por el pueblo, entre aquellos ciudadanos que cumplieran unas cualidades determinadas. Así se conformaría el Senado, la segunda cámara, en la que debían estar aseguradas ”la riqueza y los talentos” y en la que debían producirse debates desapasionados que condujeran a “decisiones imparciales”, producto de la reflexión de unos pocos ciudadanos suficientemente cualificados. Una cámara llamada a atemperar las veleidades de la otra y con capacidad para realizar “juicios políticos”.
Además del control y los frenos que se establecieron sobre la Cámara de Diputados por parte del Senado, se previeron una serie de mecanismos del sistema de frenos y contrapesos que se basaban en la idea elitista que desde el principio prevaleció en los padres de aquella constitución: circunscripciones amplias, elección indirecta de ejecutivo, poder de indulto del presidente, facultad ejecutiva de designación de funcionarios, poder de veto del ejecutivo, nombramiento de los jueces.
LAS ACTUALES DEMOCRACIAS LIBERALES
LA SITUACIÓN ESPAÑOLA
Con más o menos variaciones, aunque nunca demasiadas, las actuales democracias liberales o representativas, han seguido un esquema parecido al relatado en el apartado anterior. Cierto que, en bastantes de las democracias actuales, el sistema electoral generalmente elegido es el mayoritario, en algunas menos es el proporcional y en otras pocas es el mixto y que ello introduce algunas diferencias en cuanto a la proporcionalidad y calidad democrática de cada caso, pero el sesgo elitista de todos los sistemas representativos es parecido a como lo fue en su origen, y esa deriva ha terminado en un “sistema partitocrático” controlado férreamente por una élite cada vez más hermética y poderosa. No nos podemos dejar engañar.
Así que, si la democracia liberal alguna vez tuvo visos de llegar a ser el mejor, o menos malo, de los sistemas políticos y que pudo generar cierta ilusión y esperanza creo que, al final, ha degenerado. Y esa degradación ha sido por culpa de una élite política y no política de baja estopa y peores intenciones, que se han dejado arrastrar por intereses frecuentemente ajenos al bien común, poco claros, lejanos y, a veces, hasta inconfesables.
Bajando a tierra, y en concreto a la nuestra, los españoles estamos sufriendo, desde las primeras elecciones “democráticas” de la llamada Transición, un sistema electoral que nos ha conducido a tener que soportar situaciones esperpénticas en la sede de la soberanía nacional y a tener que contemplar cómo el sistema de descentralización política y administrativa, diseñado con excesiva alegría en aquella Transición, ha llegado a ser el más insolidario de los federalismos asimétricos que podamos conocer. Tan es así que, en estos momentos, los grupos políticos separatistas están haciendo valer su inmerecida y desproporcionada representación parlamentaria para poner en solfa la integridad de la Nación española, mediante el chantaje a un presidente de gobierno adicto al poder, a la mentira y con un respeto nulo por la Constitución, empezando por sus dos primeros artículos, sobre todo por esa frase que dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…” y por esa otra que reza así: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
A aquellos defectos del sistema representativo y la democracia liberal que he mencionado más arriba, tenemos que añadir que, además, nuestras Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, han dejado de ser lo que deberían en un sistema parlamentario como es “teóricamente” el nuestro. Lo han hecho en favor de un poder ejecutivo cada vez más invasivo, cada vez más encarnado en la persona de un líder de partido que, apoyado en los pocos militantes de carné, cada vez más radicalizados y adoctrinados, ha tomado el control absoluto del aparato de su partido, arrinconando o expulsando a los tímidos disidentes y amenazando con el ostracismo a los dirigentes que han asomado la patita sin permiso. Puro estilo totalitario que, en el caso del actual líder del PSOE, se vio venir desde que empezó a manifestarse su patología autocrática.
Es una evidencia la disfunción a la que han llegado tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, como consecuencia de la Ley electoral actual, que ha convertido a aquel en una cámara de representación territorial en lugar de ser la verdadera representación de la soberanía popular (nacional), y a éste en una institución prácticamente vacía de contenido, en un inútil cementerio de elefantes.
Nuestra ley electoral, hecha a medida de los dos grandes partidos que estuvieron llamados a protagonizar la Transición a la democracia, ha derivado en una situación en la que los partidos localistas, guiados por intereses muy particulares, han logrado una representación desproporcionada en el Congreso de los Diputados. Como consecuencia, en no pocas ocasiones, esas minorías han sido clave para lograr investiduras o para que el partido en el poder lograra las mayorías parlamentarias necesarias para sacar adelante sus proyectos o simplemente para mantenerse en el poder, frecuentemente a costa de inconfesables acuerdos y cesiones.
A estas alturas, es discutible si España, tantos años después de ser aprobada la CE, por una amplia mayoría de españoles (aunque con una considerable abstención), puede ser considerada de verdad un “Estado Social” o, más bien un “Estado liberal” en el sentido económico más estricto de la palabra liberal, al estilo de Friedrich August von Hayek. Más debatible aún, si cabe, es si sigue siendo un “Estado de Derecho”, porque llevamos unos años en los que nuestros políticos están jugando muy peligrosamente con la independencia del poder legislativo, a través de los aparatos de los partidos, utilizando métodos poco éticos como son la discutible disciplina de voto y el control asfixiante de la actividad de los Grupos Parlamentarios. No digamos en lo que se refiere a la independencia del Poder Judicial o a la que debería asegurarse en el Tribunal Constitucional, que por cierto sería aconsejable sustituir por una nueva Sala del Tribunal Supremo, dada la facilidad con que el poder ejecutivo interviene en él para arrimar el ascua a su sardina. Tampoco se andan con demasiados remilgos nuestros representantes políticos cuando se habla de la renovación de los cargos en el Tribunal de Cuentas o cualquier otra institución que tenga como función el control o la inspección de cualquier actividad económica o política que pudiera afectar a los gobiernos, nacional o autonómicos o a los partidos que los sostienen.
Pero, desde luego, no me atrevería definir la forma de nuestro Sistema Político, como de “Sistema Democrático”, como de hecho la CE tampoco lo hace. En su Artículo 1.3 denomina a nuestro Sistema Político como una “Monarquía Parlamentaria”. Lo que viene a ser una denominación, aplicada para los países con monarquías constitucionales, y que se comparece más con un “Sistema Político de Gobierno Representativo”.
Todas los Estados que se definen como Democracia Liberal, incluidas las Monarquías Parlamentarias, tienen realmente un Sistema de Gobierno Representativo. En todos los casos, según los principios de la democracia liberal, los partidos políticos deberían ser los que aglutinaran y encauzaran las corrientes de opinión de los ciudadanos hacia las instituciones en las que se toman las decisiones, tanto en un sistema electoral proporcional, como en uno mayoritario. Pero es un hecho que los partidos políticos están cada vez más alejados del sentir del común de los mortales y más próximos a los Grupos de Intereses, sobre todo de carácter económico y financiero, aunque también a los que han levantado las banderas de la última ola del feminismo, de la ideología de género o del multiculturalismo y la sociedad abierta, entre otras tantas, que han ido sustituyendo a las viejas banderas que la izquierda arrió cuando se les cayó el muro y el Estado del Bienestar triunfaba en occidente. Como consecuencia, los partidos han dejado de cumplir su misión para convertirse, en muchos casos, en meras correas de transmisión de poderes nacionales e internacionales con intereses que nada tienen que ver con el bien común de los pueblos.
Esa falta de sintonía entre los intereses reales de los ciudadanos y las engañosas promesas electorales de los futuros representantes ha minado la confianza en los partidos. A pesar de todo, mediante la filtración en todas las instituciones y poderes del Estado, los partidos siguen manteniendo un férreo control sobre la sociedad civil. Un control que ejercen a través de una prolija (quizás excesiva) producción legislativa que, en muchas ocasiones, no es comprendida ni asumida por los sufridos ciudadanos. Incluso, en ocasiones, los asuntos debatidos en la cámara de representantes no son considerados por los representados de tan vital importancia, como para ser debatidos durante meses y en carísimas comisiones. Frecuentemente, por el contrario, se entienden como temas de carácter distractor, cuando no de exclusivo interés de los variopintos grupos de presión que, sin contar con la suficiente representatividad ni legitimidad, poseen herramientas con las que ejercen una fuerte presión, legal o no, sobre los partidos políticos, los parlamentarios y el ejecutivo.
Sufrimos un excesivo y desproporcionado protagonismo de los partidos políticos y de unos líderes, que tienen una cierta tendencia al autoritarismo. Los actuales partidos y quien esté detrás de ellos, o mejor dicho por encima de ellos, son los que detentan realmente el poder en nuestra sociedad, se han filtrado como agua desbordada en todas las instituciones del Estado y en las estructuras sociales. Salvo escasas excepciones, no están muy preocupados por el interés general, más bien lo están por lograr sus propios objetivos (normalmente poder y dinero), los de los grupos de presión que les apoyen en cada momento y por mantener sus poltronas, que usan como trampolines para seguir obteniendo influencia y prebendas. La democracia liberal (el Sistema de Gobierno Representativo) se ha convertido, en buena parte de los Estados de occidente, en una corrupta e ineficaz partitocracia que solo atiende a los dictados de las élites multibillonarias globalistas.
Para empeorar la situación, la democracia interna de los partidos ha desaparecido prácticamente, quedando las decisiones políticas exclusivamente en manos de una reducida camarilla que controla el aparato del partido y el grupo parlamentario con mano férrea, hasta en los aspectos menores. Se ha trocado la importancia de las ideas por la mayor trascendencia de la imagen del líder y por unas difusas y huecas ideologías. Lo malo de la falta de democracia en el interior de los partidos es que acaba reflejándose, indefectiblemente, en la falta de ella en el sistema político entero.
En cuanto al control de los ciudadanos sobre el cumplimiento de los políticos, todo ha quedado reducido a la repetición periódica de las elecciones; el uso de otras instituciones democráticas, tales como el referéndum o consultas populares, está prácticamente olvidado. No digamos los referéndum revocatorios o abrogatorios. Imaginen a estos políticos, que durante cuatro años, o durante periodos múltiplos de cuatro, si repiten, actúan cada vez más libremente, respondiendo ante aquellos “Juicios de Residencia” o “ Capítulos de Corregidores” a los que se sometía a todos los oficiales del Rey, incluso a los Virreyes de la España del otro lado del Atlántico, sobre todo desde final del Siglo XV, cuando abandonaban sus responsabilidades por el motivo que fuera. ¿Cuántos iban a salir indemnes del dictamen de esos inquebrantables tribunales?
Todos estos problemas expuestos hasta aquí han llevado a lo que ya parece una evidencia: las democracias liberales y la nuestra entre ellas están perdiendo la confianza del pueblo y esta situación está producido inestabilidad en muchos Estados “democráticos” y la aparición de movimientos antisistema y populistas. Tan es así que podríamos hablar de una evidente “crisis de la democracia liberal” y “representativa”.
Nosotros, sabedores de ese grave problema y conocedores de su origen y sus causas debemos esforzarnos en buscar las vías de una verdadera y sana democracia. Primero la interna en el partido, para ser ejemplo y poder, en su día, filtrarla en nuestra sociedad. Puede que sea un trabajo que requiera mucha atención a lo que se mueve a nuestro alrededor, una gran capacidad para escuchar y debatir y un constante esfuerzo por mejorar. Pero “debemos ser permanentemente diferentes”, será la única manera de ganarnos la confianza de un pueblo tan desencantado con los políticos como el nuestro.
EL DEL SISTEMA AUTONÓMICO ESPAÑOL. la moderada opción federal
Al déficit democrático que afecta a España, hay que sumarle otro gran problema: el desastroso modo con que los “padres de la CE” acometieron la descentralización de la administración y el poder político. El llamado Sistema Autonómico, mal planteado entonces, peor gestionado después y finalmente aprovechado arteramente por unos independentistas, racistas e insolidarios, que odian irracionalmente a España, ha acabado siendo uno de los mayores lastres para nuestro desarrollo político, social y económico.
En la Europa de la época moderna todas las monarquías, autoritarias y absolutas, tuvieron ciertas tendencias centralizadoras y unitarias, que se enfrentaron a los poderes estamentales y territoriales, a los señores feudales. Recordemos la oposición que encontraron los monarcas españoles de los siglos XV y XVI para introducir en Flandes y Los Países Bajos una avanzada legislación y unas modernas técnicas de administración y justicia que suponían, en muchos casos, el fin de los privilegios y abusos de poder que se daban en aquellos territorios que estaban sometidos al poder de la pequeña nobleza local, anclada aún en costumbres poco respetables. No obstante, al final, la tendencia centralizadora y normalizadora triunfó en la práctica totalidad de la Europa del siglo XVIII, siendo habitual la monarquía absoluta como forma de Estado.
Posteriormente surge el primer liberalismo que, dicho sea de paso, no es precisamente un invento anglosajón, ni tan moderno como se pueda pensar. La palabra “liberal” ya estaba definida en el Diccionario de Autoridades de los años 1726 a 1739, hoy día disponible gracias a la elaboración del Instituto de Investigación Rafael Lapesa y edición de la Real Academia Española. En el tomo IV (1734) de dicho diccionario aparece el término liberal como: “generoso, bizarro, y que sin fin particular, ni tocar en el extremo la prodigalidad, graciosamente da y socorre, no solo a los menesterosos, sino a los que no lo son tanto, haciéndoles todo bien”. Ese liberalismo es el que impregnó la Constitución de 1812 de nuevos principios, como el de la separación de poderes como garantía de la democracia, el de soberanía como patrimonio de la nación (ya no de la corona). Ese liberalismo es el que, en su forma política, se opone frontalmente al absolutismo y da nombre a algunas agrupaciones o partidos políticos y que fue reconocido en toda Europa como de origen español. De hecho la primera vez que se emplea, tal cual, la palabra “liberales” en su acepción política es en Inglaterra, por un tal Southey en 1816 y posteriormente se adaptó a la lengua inglesa como “liberals”.
La filosofía política liberal no comparece demasiado con maneras centralistas de organización territorial del Estado, pues la división y difusión del poder están en el alma del liberalismo político, que no económico. Pero, sin embargo, la práctica mayoría de los modernos Estados liberales se inclinaron por las formas de Estados unitarios ya logradas por las monarquías absolutistas. El liberalismo, que gustaba y presumía de racionalismo, buscó la fórmula más directa de lograr la uniformidad de funcionamiento de los poderes públicos, que asegurara una mayor igualdad de trato para todos los ciudadanos del Estado. En la mayoría de los casos, los Estados liberales optaron por dar continuidad a las reformas y modernizaciones hechas en las diferentes administraciones por las monarquías absolutas. Entonces el regionalismo se asociaba a posiciones ultraconservadoras herederas de la situación anterior, como en España sucedió con el carlismo.
A medida que pasan los años, durante el siglo XIX, el regionalismo en Europa evoluciona hacia posiciones nacionalistas más o menos moderadas, según los países, e incluso se presenta como una opción para refrescar y revitalizar democráticamente el sistema liberal. Esa corriente recorre varios Estados europeos, en Italia el Alto Adagio y el Valle de Aosta por ejemplo; en Francia La Bretaña, Occitania, el País Vasco francés y Córcega entre otras; en Bélgica la región de Flandes; en el Reino Unido Gales, Escocia e Irlanda del Norte; en España Cataluña y Vascongadas, sobre todo. Desde finales del XIX y durante el siglo XX esos modernos Estados liberales y democráticos, que ya habían consolidado la división de poderes (aunque sólo teóricamente en la mayoría de los casos), se vieron afectados por esa corriente que reclamaba la difusión territorial del poder que el liberalismo negó en un principio. Se presenta, entonces, la regionalización como una forma de organizar el Estado que permitiría una eficaz Administración Pública y una mejor planificación económica, más cercana, además, a las necesidades de los ciudadanos, todo ello supuestamente.
La constante presión de estos movimientos, variable en su intensidad según los casos, ha sido la razón del surgimiento del modelo de Estado regionalista en Italia, de los proyectos de “Devolución” en el Reino Unido, de la extraña y complicada organización del Estado belga o del especial caso del Estado Autonómico español de 1978 que, por cierto, ya fue groseramente iniciado con el “Estado integral español” de 1931. En algunos de los Estados en los que la tensión regionalista o nacionalista se ha exacerbado, los menos por cierto, se ha llegado a situaciones inaceptables que han derivado incluso en la violencia más irracional, como todos conocemos.
Se habla en muchas tertulias y algunos círculos de debate político de una posible solución federal “moderada” para acabar con las tensiones territoriales en España. Es una postura mantenida por bastantes pseudo intelectuales, profesionales del derecho y de la ciencia política, la mayoría bien instalados y mantenidos por las actuales élites del poder. Es una opción que, en el caso español y en la mayoría de los casos, es recurrir a una “tirita” para acabar con una hemorragia provocada por un balazo. Eso del federalismo es otro de esos mantras que se han incluido en lo que se viene llamando el “pensamiento oficial” o el “discurso progre”, tanto de la izquierda, como de la derecha.
Sin ánimo de aguarle la fiesta a nadie, tengo que objetar dos cuestiones respecto a los ánimos federalizantes:
Primero, los Estados federales, como una forma más de Estado compuesto, suelen ser el resultado de procesos muy elaborados de uniones sucesivas de organizaciones estatales preexistentes, a las que les unen intereses económicos, políticos, militares y razones culturales geográficas e incluso históricas. Este no es el caso de España, ya que España ha sido el único Estado existente en este territorio desde hace muchos siglos, incluso antes de ser nación y que, además, lo ha sido en éste y otros territorios de ultramar. Es decir, en el actual territorio español no ha habido otros Estados que pudieran haber querido federarse; no existen otros Estados a parte del español. Y ¡Ojo! porque, como decía Ortega y Gasset sobre las tesis federalizantes en 1931: “cuando se pretende convertir un Estado unitario en otra forma de Estado compuesto no debe olvidarse la lógica de ambos tipos de Estado”. Es decir, hay que tener en cuenta cómo se llega a uno y otro tipo de Estado y desde que posiciones de partida. ¿Se tuvo seriamente eso en cuenta en 1978?
Segundo, hay situaciones en las que las tensiones independentistas son de tal calibre, que pueden tentar a algunos políticos a decantarse por una pragmática solución federal para un Estado hasta entonces unitario o ya descentralizado, como en el caso español. El dejarse llevar por esas tentaciones no ha dado buen resultado casi nunca. Véase, por ejemplo, los casos de Bélgica o de Canadá, que pueden dar la imagen de Estados en los que la federalización ha hecho superar las tensiones independentistas, pero que la realidad es bien distinta, pues permanecen en un continuo pulso entre fuerzas centrípetas y centrífugas que suponen un desgaste no solo moral, sino también de recursos. Una solución federal debe estar enmarcada en un entorno verdaderamente democrático, en el que las fuerzas nacionalistas acepten de buen grado, sin coaccionar, su integración en el modelo que se propone. Pero, a pesar de no haber déficit democrático, nos podemos encontrar con un nivel de radicalización nacionalista, alimentada por una manipulación, la propaganda y la malversación de fondos públicos, incluso las presiones exteriores interesadas, que hace dudar a cualquier mente de mediana inteligencia de la eficacia del recurso a la federalización para lograr integrar a ese nacionalismo en un Estado compuesto. A mí, personalmente, me parece que, ante las posturas mostradas sin disimulo por esos independentistas, nada mínimamente lógico sirve. Llevaban muchos años haciendo todo lo posible para lograr la exclusión de toda aquella parte de la población que no les sigue, para llevar al Estado a una situación límite, por la vía ilegal e ilegítima. Una “moderada opción federal”, que en poco superaría al actual Estado de las Autonomías, no les va a producir más que risa.
Por otro lado, el actual Estado de las Autonomías está reconocido, por una gran parte de los especialistas en la materia, como una forma federal de Estado incluida dentro de ese continuum de descentralización que clasifica a los diferentes Estados como federales, regionales, unitarios, etc. Siendo cierto que nuestra forma de llevar a cabo la descentralización, por cierto ya muy evolucionada, tiene algunos déficits respecto a los criterios mínimos que se podrían establecer siguiendo las definiciones de Estado federal de varios politólogos de gran valía como Wheare, Duchcek, Eleazar y Watts, pero en general puede decirse que el Estado de las Autonomías está entre los Estados compuestos, junto con el Estado regional y la federación y más bien cercano a ésta última (Solozabal 2000). Incluso en algunos aspectos nuestra forma peculiar de descentralización hace que las CCAA gocen de un mayor grado de autogobierno que los miembros de muchos Estados federales. Es una evidencia, además, que entre ellos hay una gran variedad de formas y maneras de llevar a cabo la descentralización de su Estado, por ello es muy difícil hacer una categorización rígida al respecto. Lo importante son las capacidades reales de los diferentes niveles de gobierno y los resultados de sus políticas públicas y en eso estoy de acuerdo con lo expresado por Braun (2000): “para estudiar los diferentes efectos de la organización territorial en la eficacia de las políticas públicas en los Estados federales y unitarios prefiere establecer la distinción basada en conceptos de «capacidad de actuar» y «capacidad de decidir» de los distintos niveles territoriales, lo que produce un agrupamiento de los países muy diferente a las clasificaciones tradicionales bipartitas o tripartitas”.
Ni que decir tiene que, en un Estado federal del tipo cooperativo, no tienen cabida las poco justificadas diferencias entre regiones que llevan implícitos desfasados privilegios foralistas y denominaciones extravagantemente diferenciadoras como “nacionalidades” o “comunidades históricas” para remarcar un origen histórico con más caché, aunque sea inventado.
¿Serían capaces estos políticos que piden “la moderada opción federal”, esos políticos de casta, o de élite”, de federalizar de verdad, olvidando tanta inútil palabrería? Si se pusieran a la tarea, que no lo creo, lo más seguro es que lo hicieran mal de nuevo y tendríamos que seguir aguantando procesos secesionistas, golpes de estado, terceros grados prematuros, indultos y amnistías inconstitucionales. Parece que hoy día dar un golpe de estado, siempre y cuando seas civil y de una comunidad histórica, sale bastante barato. Acabemos pues con esta farsa y pongámonos a trabajar por y para el pueblo español, viva donde viva, sin desigualdades, sin CC.AA.
POR QUÉ NO QUEREMOS PARTICIPAR DEL SISTEMA AUTONÓMICO
Muchos nos dicen que, para acabar con el actual Sistema Autonómico, hay que participar en el. En nuestro caso, presentarnos a las elecciones autonómicas y, una vez conseguido alguna parcela de representación y/o poder, trabajar por ir desmontando las estructuras de ese sistema, por ejemplo con la devolución al Estado de algunas competencias o intentando aminorar la presión que, en algunas de ellas, se ejerce sobre el español, nuestra lengua común, con la que TODOS nos entendemos.
Sin ánimo de provocarles desilusión, ni mucho menos frustración, creo que no se dan cuenta de la dimensión y maldad del “monstruo” al que se quieren enfrentan desde dentro de sus entrañas. En primer lugar, es razonable dudar de la capacidad de resistencia de cualquier persona, una vez metida en el sistema, para luchar contra una marea generalizada, corrompida y ofensiva. Algunos de los que apoyan la opción de luchar desde dentro contra el Estado de las Autonomías hablan, incluso, de que se podría renunciar a toda o parte de la remuneración económica que se pudiera percibir por el cargo de parlamentario autonómico o del que fuese, como medida de protesta o de manera simbólica. Con sinceridad, me parece que están pensando en una especie de héroe de las galaxias. Es decir, si no entiendo mal, ese posible representante no solo ha de enfrentarse valerosamente a una fuerte corriente de vividores del sistema sin escrúpulos, si no que, además, debe ofrecer gratis el tiempo que podría dedicar para lograr un salario con el que mantener a su familia. Tengo que reconocer que es una opción pero, para lograr voluntarios para ese cometido, solo podríamos acudir a personas con una solvencia económica poco o nada habitual.
Por otro lado y sabiendo que el Estado de las Autonomías es un cáncer que se detecto allá por el año 1981, incluso algunos lo diagnosticamos antes, y que después ha ido extendiéndose por todo el cuerpo de la Nación, sin habérsele aplicado los necesarios remedios paliativos y/o curativos, es algo ilusorio pensar que vamos a poder parar la descomposición que está produciendo con paracetamol, o una tortilla de ibuprofeno. Es como creer que podemos acabar con una organización de narcotraficantes entrando en ella para ir poniéndole palitos en las ruedas. ¿Hasta cuándo íbamos a durar vivos, o hasta cuándo íbamos a aguantar sin corrompernos?, aunque solo fuera por salvar la vida.
En Avante 2/3 estamos convencidos de que el Sistema Autonómico es letal para los españoles y de que hay que acabar con él. Y, sí, al enemigo se le pueden enviar espías infiltrados, y lo que se quiera, incluso saboteadores, pero atacar, lo que se dice atacar, hay que hacerlo desde fuera. Si se quiere, como algunos recuerdan, fijando por el frente y atacando por el flanco, pero atacando.
Por otro lado, nuestro partido, como he dicho anteriormente, debe ser ejemplar y no solo en el aspecto democrático, también en coherencia. Consecuentemente, si propugnamos la desaparición del Estado de las Autonomías, no debemos participar en él. Es un sistema que nos repugna, que consideramos lesivo para España y para el pueblo español y, por lo tanto nuestro esfuerzo debe estar dirigido a su denuncia, a su eliminación, a recuperar todo lo que supone de gasto superfluo, a simplificar el marasmo legislativo que ha producido en contra de los españoles, a devolver la igualdad entre españoles que se ha cargado ese sistema, a impedir la desmembración que desean para España, tanto los independentistas, como algunos desnortados izquierdistas.
En definitiva, no contemplamos la opción de participar en el juego de las autonomías y no presentaremos candidaturas en unas elecciones autonómicas, que consideramos un engaño y un despilfarro. Sólo haremos campaña por la abstención es esas elecciones. Cuanto más abstención mejor, a ver si, de una vez, se dan cuenta de que tienen decepcionado al pueblo, de que tienen que cambiar de rumbo. A ver si se dan cuenta de que el estado de las cosas ha llegado a tal extremo que la única salida es revisar la CE, para cambiar un sistema político que ha llegado a ser EL PROBLEMA.
[1] Facciones: hacían referencia a las asambleas legislativas obedientes de la voluntad popular
- 3 Respuestas
Buenas tardes a todos:
Seré muy breve, porque mi simpleza no me alcanza a profundizar en teorías políticas, muy interesantes sin duda, pero que yo resuelvo a mi manera, reduciendo la realidad a sus causas y a las soluciones de los problemas que plantea.
Debemos partir de una idea clara, no hay sistema político perfecto.
También que el sistema que ahora tenemos, con graves deficiencias, ha permitido al menos que nos manejemos sin enfrentamientos armados (aparte del terrorismo que ya quedó derrotado).
Creo entender que todos estamos de acuerdo en la necesidad, para atajar los problemas más graves que nos aquejan, en la reforma constitucional y de la ley electoral que permita que todos los votos de todos los españoles valgan lo mismo, lo que se consigue con la fórmula sencilla de establecer una circunscripción única. Votan las personas, no los territorios.
En cuanto al sistema territorial autonómico, también entiendo que es unánime la necesidad de centralizar el estado y eliminar las autonomías, que sólo reproducen, multiplicado por 17 la ineficacia y la corrupción (muy bien explicado en el vídeo difundido por Avante 2/3).
Llegado a este punto, en el que creo que todos estamos de acuerdo, me permito cuestionar en primer lugar la estrategia de no participación en las elecciones autonómicas, estrategia, permítaseme decirlo que se ha decidido desde la dirección del partico, sin consultar con los afiliados, siendo ésta una cuestión, entiendo, de máxima importancia. Y la cuestiono por la sencilla razón de que la abstención, una vez realizado el conteo de los votos, resulta difícil, cuando no imposible, atribuirlo a una posición política concreta. Abstención ha habido siempre, y la que hay se atribuye a la desidia o falta de interés en la vida política y si esa abstención se incrementa, resultará imposible atribuirla a una actitud de protesta contra el sistema autonómico. El que calla, sencillamente no dice nada, y al que nada dice no se le tiene en cuenta. Así de sencillo.
Obviamente, con base en este razonamiento, entiendo que hay que participar en todas y cada una de las convocatorias, ya sean locales, autonómicas, nacionales o europeas. Otra cosa distinta es la estrategia política a adoptar en esas instituciones si llegáramos a conseguir alguna representación, cuestión que debería estudiarse teniendo en cuenta precisamente la representación obtenida.
Por otro lado, también añado una cosa más en la que también discrepo, y es la solución a la descentralización a través de las diputaciones provinciales. A lo largo de mi vida profesional he tenido oportunidad de acercarme en innumerables ocasiones a esa administración, y puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que es la administración corrupta por antonomasia, es el ejemplo más paradigmático de lo que no debiera ser una administración. Propongo que se busque otra solución. La Delegación del gobierno a nivel regional y subdivisión en provinciales me parecería, con una construcción desde la base, una solución más aceptable. Ello sin ningún tipo de parlamento. La administración a mi modo de ver, debe ser piramidal, sin que haya mediación de ningún otro parlamento que no sea el nacional.
En todo lo demás, felicito al autor por su análisis, que además de certero está escrito con una literatura estupenda.
Te agradezco la respuesta. Es muy importante revitalizar este medio para debatir. Tomo nota de tus dos discrepancias, es cierto que la decisión de hacer campaña por la abstención en las elecciones autonómicas ha partido de la dirección, no recuerdo si se habló algo al respecto en aquella extraña Asamblea que se celebró en Madrid. Habrá que corregir el aspecto de la toma de decisiones en temas tan importantes, para tener en cuenta las diferentes opiniones que palpiten en el partido y así lo haré constar en la próxima reunión del CPN. En cuanto a la forma de concretar la descentralización administrativa, podemos contemplar diversos métodos pero, al final, para acabar con la corrupción, lo importante en todos ellos es el «control» de las instituciones y de sus funcionarios y políticos. Tu propuesta de Delegación Regional y Subdelegaciones Provinciales, sin Asamblea de ningún tipo hay que estudiarla pero, personalmente, no acaba de convencerme, porque toda institución (política y/o administrativa) conviene que esté sometida, además de al férreo control del órgano superior, al de los ciudadanos a los que se debe, que puede ejercerse mediante representantes directamente elegidos por aquellos o, en su caso, indirectamente a traves de los miembros de los concejos municipales.
Me alegro de que nos recuerdes que, a pesar de ser pocos y muy atareados, no debemos olvidarnos de la «democracia interna». Muchas gracias.
Por qué me uní a Avante 2/3
Quería explicar por qué decidí unirme a Avante 2/3.
Para contextualizar, por la familia y el barrio en los que me crié siempre he sido más de derechas que de izquierdas. Hace ya 22 años conocí a quien hoy es mi mujer y, en su caso, por su entorno familiar y social, ella era más de izquierdas que de derechas. Llevamos 22 años juntos porque coincidimos en lo fundamental: la relación de pareja, la economía del hogar, la salud, el respeto y la educación de nuestro hijo de 16 años. A partir de ahí, respetamos que cada uno tenga su espacio y sus ideas. Siempre hemos hablado mucho, incluso de aquello en lo que no coincidíamos, porque en lo esencial estamos de acuerdo.
Durante años voté a la derecha, concretamente al PP, hasta que me di cuenta de que la política había dejado de ser lo que era. Antes me gustaba ver el control al Gobierno o los debates del estado de la nación: había respeto, se debatían ideas y daba igual si eran de derechas o de izquierdas. Con el tiempo, eso se fue perdiendo y se sustituyó por el insulto y la descalificación.
Ese fue uno de los motivos, entre otros, que me llevó a estar diez años sin votar. Otro motivo fue la ley electoral. No me parecía justo que los partidos —me da igual que fueran de izquierdas o de derechas, porque lo han hecho ambos— pactaran con partidos nacionalistas, ya fuera con el PNV o con Convergència i Unió, condicionando los intereses generales a los intereses particulares de una minoría. No me parecía justo ni correcto, así que decidí no participar en un sistema con el que no estaba de acuerdo.
Durante esos años tuve discusiones con mi mujer, que me decía que eso también era democracia y que votara en blanco. Mi postura era clara: no se trataba de votar en blanco, sino de no votar, porque ningún partido me representaba y porque no me gustaba el sistema de votación. Esa era mi forma de protestar.
Cuando aparecieron Podemos, Ciudadanos y, más tarde, Vox, volví a votar y lo hice por Vox. Al principio parecía que iba a plantar cara al bipartidismo, pero con el tiempo acabó comportándose como los demás, dejándose corromper por el sistema o por quienes lo sostienen. Al final, detrás de todo esto siempre hay élites que mantienen a los partidos. Por eso también dejé de votarles.
En las últimas elecciones europeas voté a Alvise Pérez, porque estaba señalando problemas reales y hacía falta alguien que empezara a decir las cosas claras.
Tengo amigas que votan siempre al PSOE, pase lo que pase, y a menudo me dicen que no entienden cómo puedo votar a la derecha teniendo muchas ideas de izquierdas. Aquí volvemos al discurso simplista que nos han metido en la cabeza: que si haces una cosa eres de derechas y si haces otra eres de izquierdas. Eso no es así. Hay cosas de sentido común. Algunas medidas pueden parecer más estrictas y otras más sociales, pero no pertenecen en exclusiva a ningún bloque ideológico.
Por último, quiero mencionar algo que me marcó mucho. Soy scout y fui voluntario en las zonas afectadas por las inundaciones de la DANA; lo comenté cuando estuvimos en Zaragoza. Aquello me dejó muy tocado. Fallaron todas las administraciones: antes, durante y después. Y siguen fallando.
A través de un transportista me llegó , por causalidad, no por casualidad, una entrevista del coronel Baños a los fundadores de Avante 2/3. Me dijo: “Estos sí que nos van a salvar de toda esta gentuza”. Vi la entrevista, entré en la web y, aunque nunca he estado en política, comprobé que lo que propone Avante 2/3 son, en su mayoría, cosas de sentido común. Puede que discrepe en algún punto concreto, pero en un 90–95 % del programa coincide con mis ideas, mis principios y lo que siempre he pensado.
Por eso decidí echar una mano y ayudar, por varios motivos: porque soy valenciano y porque soy español. Me sentí muy mal como valenciano y muy mal como español con todo lo ocurrido con la DANA. Llegó un momento en el que entendí que había que hacer algo.
Tengo un hijo de 16 años y el futuro que le veo, y se lo decía a mi mujer, es que quizá tenga que irse a Europa, a Sudamérica, a China o a cualquier otro lugar, porque la situación va de mal en peor. Incluso puede que tengamos que irnos nosotros. Yo he decidido no quedarme de brazos cruzados, no quedarme sentado en el sofá de mi casa, y hacer todo lo que esté en mi mano por defender mis principios y valores, que son los que defiende Avante 2/3.
Respecto a las Comunidades Autónomas, han demostrado que el sistema falla: pasó en La Palma con el volcán, en Madrid con Filomena, en Valencia con la Dana, en Castilla-León y Galicia con los incendios, y lo he vivido yo mismo en otras provincias con problemas relacionados con la sanidad. Por eso considero acertada la estrategia adoptada por el Comité Nacional Permanente. Si queremos eliminar el sistema autonómico, es muy difícil hacerlo desde dentro; hay que hacerlo desde fuera.
Desde mayo ejerzo como coordinador y puedo decir que hablo con muchísimas asociaciones y colectivos. Queremos recuperar a esa gran abstención que existe y canalizarla hacia nuestra propuesta. Me estoy dando cuenta de que hay muchísima gente que piensa igual y que está harta. El problema es el ego: asociaciones que defienden lo mismo pero no se soportan entre sí. Lo he visto en manifestaciones de autónomos, de la Policía y la Guardia Civil, de agricultores… Todos dicen lo mismo, pero cada uno va por su lado.
Estoy en Avante 2/3 por las personas que lo fundaron, por lo que proponen y porque creen que deben ser los ciudadanos quienes lleguen ahí. Es un trabajo difícil y complicado, pero no imposible. Tenemos objetivos a corto, medio y largo plazo. Conseguir dos tercios de los diputados es muy complicado; si en 2027 logramos algún escaño, será un éxito de cara a 2031. Y si no llegamos a los dos tercios, pero nos quedamos cerca, la idea es alcanzar acuerdos y colaboraciones para reformar la Constitución, porque si no lo hacemos, la cosa pinta muy mal.
Lo que tenemos que buscar es la unión, centrarnos en lo que nos une y comprometernos con un esfuerzo común. Todos los que estamos ahora lo hacemos de forma voluntaria y sin ánimo de lucro. Si en el futuro recibimos algo, bienvenido sea, pero mi mayor éxito sería que el país funcionara: pagar impuestos justos, vivir tranquilos y que mi hijo no tenga que irse de España para tener vivienda, un buen salario, un sistema de salud digno y seguridad.
Ese es el camino: largo y difícil, con discrepancias, pero apoyándonos en lo que compartimos y sin dejarnos amedrentar por los problemas que, sin duda, encontraremos.
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