Política Laboral y Seguridad Social
Política para las pensiones
Hay diferentes sistemas para financiar los sistemas de pensiones. En nuestro caso estamos utilizando el llamado sistema de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional y que, por lo que parece está abocado al colapso. Otro sistema es el de capitalización que incentiva al trabajador a a ahorrar y contribuir activamente a su pensión de jubilación, de tal manera que al final de su vida laboral llega con una mochila cargada de dinero que será repartido a lo largo del resto de su vida. Este sistema tiene dos inconvenientes, uno es que la carga de la mochila depende de la rentabilidad de los fondos de inversión en los que se haya confiado el ahorro y otro que el Estado puede fijar una esperanza de vida excesiva y poco realista, por lo que el jubilado verá disminuida de manera importante su pensión mensual. Otros paises han apostado por un sistema mixto que, en cierta manera, compensa los defectos de cada uno de los anteriores con las ventajas del otro sistema.
Avante 2/3 propone una vía diferente y novedos que se expone a continuación:
POLÍTICA DE AVANTE 2/3 PARA LAS PENSIONES.
Con carácter inmediato, Avante 2/3 eliminará el IRPF de las pensiones. Un impuesto injusto y que es una antigua reivindicación de los pensionistas. Asimismo, subirá la pensión mínima hasta igualarla con el salario mínimo. Otra reivindicación de los pensionistas que tiene toda lógica. Y tanto la eliminación del IRPF como la subida de la pensión mínima se harán con cargo al ahorro cien mil millonario, obtenido con la revisión de la Constitución al derogar el ruinoso y corrupto sistema autonómico y el gasto político insostenible y también corrupto.
El presupuesto de las pensiones pasará, en fases programadas, a los presupuestos generales del Estado, garantizando su prestación y actualización, eliminando las cuotas de empresas, autónomos y trabajadores a la seguridad social, lo que producirá un incremento de la inversión, del consumo y del empleo suficiente para compensar el incremento de gasto traspasado a los PGE, por vía impositiva sobre la mayor actividad económica, junto al ahorro en gasto político y en corrupción (un mínimo de 120 mil millones al año). Es decir: se garantiza a los españoles que van a cobrar su pensión, actualizada, al igual que todos los funcionarios públicos.
Según FUNCAS, “en España hay 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas (PYMES) -empresas con menos de 250 asalariados, incluyendo a los autónomos propiamente dichos-, que representan el 99,8% de las empresas del país y generan el 62,1% del empleo empresarial”. Atendiendo a estos datos, las propuestas arriba señaladas constituirían un círculo virtuoso que, para ese tejido empresarial, supondría un impulso fundamental para su pervivencia y para reducir el paro estructural que padece España.
En el año 2023, las cotizaciones a la SS sumaron 155 mil millones de euros, pero los pagos en pensiones fueron de 190 mil millones. Así que el Estado tuvo que poner la diferencia… emitiendo deuda pública.
Avante 2/3 propone reducir anualmente un 10% las cotizaciones a la SS de empresarios, trabajadores y autónomos, de manera que en diez años todo el gasto en pensiones recaiga sobre los PGE.
El reducir el 10% significa, en cifras de 2023, que el Estado se verá obligado a compensar esos 15 mil quinientos millones a través del Presupuesto. Pues bien, Avante 2/3 estima que esos 15 mil quinientos millones que se quedan en los bolsillos de empresarios, autónomos y trabajadores ayudarán a que el PIB crezca el 5%, producto de la mayor inversión, más empleo y mayor gasto de los consumidores.
Es decir, el PIB crecerá hasta los 1,575 billones. 75 mil millones más. Como el Estado ingresa por impuestos el 18,2% del PIB, el resultado es que ingresará 286650 millones, lo que hace un incremento de 14 mil seiscientos cincuenta millones respecto a lo ingresado en 2023 que fueron 272000 millones. Es decir, que prácticamente recuperará, vía impuestos, los 15500 millones reducidos en las cotizaciones a la SS. Y si faltan ingresos, por cualquier circunstancia, se dispondrá del ahorro predicho en gasto político y corrupción.
Este cambio de pago de las pensiones obligará a un nuevo sistema de cálculo para su obtención al final de la vida laboral del trabajador. Tendrá que establecerse un periodo transitorio que respete los derechos adquiridos de los cotizantes, y se irá a un cálculo basado, por ejemplo, en lo pagado por IRPF durante la vida laboral. Así, por ejemplo, cobraría la pensión máxima el que haya cotizado por IRPF un mínimo del 30%.
Por otra parte, AVANTE 2/3 legislará para que las grandes empresas (significativamente las que cotizan en el IBEX 35) paguen los impuestos que corresponden sin deducciones ni “ingenierías financieras” de ningún tipo; y se prohibirán las “puertas giratorias” por las que los políticos entran en los consejos de administración de empresas cuya regulación depende del BOE, en claro perjuicio para los españoles.
Política Laboral
Orientada sobre todo a combatir el paro juvenil, sin olvidar al resto de los afectados por esa lacra.
Incentivar el contrato para el primer empleo
- Con carácter eventual inicialmente, para pasar a indefinido al cabo de un tiempo si el trabajador cumple las expectativas y hay acuerdo
- Máximo de dos años para jóvenes sin experiencia
- Incentivo para la empresa: 75 % menos de cuota para empresas de 250 o más trabajadores y del 100 % para el resto de las empresas
- Condición: Mantener el empleo neto en la empresa
Incentivar el contrato en prácticas
- Duración mínima 6 meses y máxima 2 años, para jóvenes con la formación acabada
- Incentivo a la empresa: 100 % reducción de cuota el 1er año
- 75 % reducción de cuota el 2º año para empresas de 250 o más trabajadores
- 100 % el 2º año para empresas de menos de 250 trabajadores
Poner en práctica el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa
- Para jóvenes desempleados o de otro sector productivo
- Condicionado a estar recibiendo formación vinculada con el puesto de trabajo
- Jornada del 50 %
- Incentivo para la empresa: 75 % menos de cuota para empresas de 250 o más trabajadores y del 100 % para el resto de las empresas
- Condición: Mantener el empleo neto en la empresa
Incentivar la contratación indefinida de jóvenes por microempresas (menos de 9 trabajadores) y autónomos incentivados
- Incentivo del 100 % de reducción de la cuota a la seguridad social durante 24 meses si el contrato es de un mínimo de tres años
- Condición: Mantener el empleo neto en la empresa y contratar a trabajador de menos de 35 años
Potenciar la contratación indefinida
Mediante las sucesivas rebajas de la cuota a la Seguridad Social previstas en la política de pensiones expuesta anteriormente, se podrá incentivar la contratación
Incentivando la contratación indefinida de trabajadores, facilitando las condiciones de acceso a la financiación para inversiones, desarrollo e innovaciones de las empresas
Flexibilizar la edad de jubilación
- Realizando una evaluación realista y consensuada de las edades adecuadas para la jubilación según las profesiones y los sectores laborales.
- Incentivando los contratos de relevo con reducción del 100 % de la cuota a la Seguridad Social para el nuevo trabajdor durante dos años
Política Salarial
Hay diversas posturas doctrinales respecto a la conveniencia de la fijación de un salario mínimo interprofesional (SMI) general a nivel estatal. Cada una de ellas detallan las ventajas y los inconvenientes del SMI en el marco de una economía de mercado libre. También hay quien, en el caso de implantar el SMI, plantea la necesidad de adecuarlo a las realidades socioeconómicas de los diferentes territorios. Es, por lo tanto un tema muy controvertido y, sin duda, habrá que consensuarlo con los diferentes agentes económicos y sociales. No obstante, nosotros, en la actual coyuntura social y laboral creemos que es conveniente una regulación al respecto, en el entendido de que resultaría positiva la fijación de un salario mínimo para todo el territorio nacional, dadas las circunstancias actuales del mercado laboral y para dar una oportunidad a la España más despoblada. Una regulación que debería ir acompañada de las medidas de inspección y sancionadoras necesarias en orden a evitar la oferta de trabajo a emigrantes ilegales y a trabajadores nacionales sin contrato alguno.
La puesta en práctica de un SMI, deberá ir acompañada de las medidas que están expuestas en la política de pensiones, para ir rebajando la contribución de empresarios y trabajadores a la seguridad social, así como el impuesto de sociedades y el IRPF. Para que el dinero revierta en nuevas inversiones, innovación, desarrollo e incremento del empleo.
AVANTE 2/3 Y LAS PENSIONES
EL SISTEMA DE REPARTO
Muchos países utilizan el sistema de reparto para el pago de las pensiones. Este sistema consiste en que recauda los fondos mediante las cotizaciones de las personas en situación laboral activa y, posteriormente con esos fondos paga las pensiones a las personas que están en una situación de inactividad laboral por jubilación. Es un sistema actualmente en dificultades y continuamente sometido a ajustes para garantizar el pago de las pensiones.
Cualquier situación económica adversa lleva consigo la contracción del mercado laboral y, consecuentemente, al contar con menos cotizaciones se ven afectadas las pensiones o se recurre al endeudamiento del Estado. Además, las nuevas modalidades de empleo que se han ido introduciendo tanto en España como en el resto de la UE, incrementando la contratación temporal o la extraña figura del fijo discontinuo, acaban indefectiblemente en una reducción de los salarios y del montante de las cotizaciones de las personas activas, poniendo en peligro la financiación de las pensiones. Tampoco debemos olvidarnos de la endémica ineficacia de nuestro mercado laboral para dar empleo a jóvenes licenciados o graduados universitarios, lo que provoca una penosa fuga de talentos después de haber asumido España el coste de su formación.
Añadamos a todo ello la peligrosa situación demográfica que vive toda Europa y en especial España, en la que el envejecimiento progresivo de la pirámide poblacional debido a una mayor esperanza de vida y una gravísima disminución de la natalidad. Por otro lado, la inmigración legal a trabajar y cotizar, mientras la situación económica en el país de acogida sea positiva, ayuda indudablemente al sostenimiento de la caja de la Seguridad Social pero, cuando las cosas vienen mal dadas en economía, las cosas cambian y muchos pasan a engrosar la filas de grupo de personas inactivas laboralmente, sin olvidar que, con el tiempo, envejecerán, pasarán a engrosar el grupo de jubilados y a cobrar su correspondiente pensión.
El incremento de la natalidad que pueda ser consecuencia de la inmigración no es un remedio ni claro, ni definitivo, para que nuestra situación demográfica cambie y menos para poder decir que con él se vaya a asegurar la sostenibilidad del sistema de reparto en un futuro. En primer lugar, porque el inicial empuje de la inmigración en ese sentido se va mitigando con el paso del tiempo, acercándose cada vez más a las costumbres del país de acogida. En segundo lugar, porque la inmigración ilegal, en aumento desde que se practica, por parte de los últimos gobiernos y algunas ONG,s un inconsciente y peligroso efecto llamada, recala en muchos casos en el campo de las contrataciones ilegales y los abusos laborales y la delincuencia. Las administraciones gastan en muchas de esas desvalidas personas buena cantidad de fondos en ayudas sociales, bien o mal administradas, manteniendo de esa manera en el país a una buena cantidad de personas que difícilmente van alguna vez a cotizar y a colaborar en la sostenibilidad del sistema de reparto, más bien al contrario van a ser únicamente perceptores de ayudas provenientes de las administraciones públicas.
Esta situación parece abocar a una crisis en el sistema de reparto, que va a tener graves dificultades, a no mucho tardar, para financiar las pensiones de una población mayor proporcionalmente cada vez más numerosa. Así, muchos de los potenciales beneficiarios del modelo de reparto están ya pensando que pueden estar contribuyendo a un sistema con pocas expectativas de supervivencia, pues el acceso a la prestación por jubilación y la cuantía que éstas supongan podrían ser modificadas en el futuro al albur de las difíciles futuras circunstancias.
EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN
En un sistema de capitalización el trabajador va aportando a lo largo de su vida laboral unas cantidades a un fondo que utiliza el capital de las cotizaciones sociales aportadas para realizar inversiones en fondos privados o públicos, con el fin obtener unas rentabilidades que, en un futuro, se sumarán al capital acumulado para la jubilación. Esta claro que en este caso la pensión dependerá de la rentabilidad obtenida por los fondos privados donde se realicen las inversiones. Por lo tanto, la pensión dependerá del tipo de rentabilidad que obtenga el capital acumulado en un tiempo determinado. Este sistema supone una ruptura total con el sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional y del que hemos hablado anteriormente y que se puede considerar de difícil mantenimiento. Evidentemente, no asegura un tratamiento uniforme a los pensionistas, pues éstos pueden tener una prestación diferente según haya sido la rentabilidad de los fondos a los que haya confiado sus cotizaciones sociales.
Sin embargo, desde la fría óptica capitalista, el sistema de capitalización incrementa un ahorro que, mediante las entidades financieras que manejan esos fondos, se invierten en créditos y préstamos para la creación de empresas y a la creación de empleo, favoreciendo en consecuencia la buena marcha de la economía o, en su caso, la recuperación.
En Italia y Suecia se puso en funcionamiento un sistema denominado de cuentas nacionales, basado en que el Estado abre una cuenta a cada trabajador (la mochila) en la que acumula sus cotizaciones, un capital que con que el Estado hace inversiones. Al llegar a la jubilación, recibirá una pensión que será el resultado de dividir el importe acumulado en su cuenta nacional entre la esperanza de vida estimada de la cohorte de la población correspondiente a su tramo de edad considerado.
SISTEMAS MIXTOS
En Chile se llevó a cabo un cambio en su sistema de pensiones al pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización parcial obligatoria, complementado con una parte del coste de las pensiones financiado por el Estado con los impuestos, es decir, parte de las pensiones pasaron a formar parte de los presupuestos del Estado.
En otros países tales como Hungría, Polonia, Bulgaria o Croacia también se emplean sistemas mixtos, en los que mantienen el sistema de reparto con otro de cotizaciones gestionadas por entidades privadas o públicas.
LA FINANCIACIÓN A TRAVES DE IMPUESTOS
En otros países europeos como Dinamarca, Alemania, Noruega, Finlandia y Suiza, gran parte del coste de las pensiones es aportado por el Estado a través de los impuestos, siendo incluido en los presupuestos del Estado.
Avante 2/3 es el sistema que prefiere, de hecho, aboga por financiar todo el coste de las pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado. No se debe olvidar que el artículo 31 de la CE dispone que:” Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo…” lo que legitima la utilización del tributo para financiar también las pensiones públicas.
El sistema propuesto ha sido expuesto por nuestro Secretario General en diversas ocasiones y está explicado con meridiana claridad en esta Web, dentro de “Nuestras Propuestas” dentro de este mismo apartado de “Política Laboral y Seguridad Social”.
EL IRPF DE LAS PENSIONES
Actualmente las pensiones están sometidas a la retención del IRPF con los siguientes tramos:
- Pensión hasta 12.000 euros anuales: 1%.
- Pensión entre 12.001 y 18.000 euros anuales: 2,61%.
- Pensión entre 18.001 y 24.000 euros anuales: 8,69%.
- Pensión entre 24.001 y 30.000 euros anuales: 11,83%.
- Pensión de más de 30.000 euros anuales: 15,59%.
El porcentaje exacto varia en cada caso, dependiendo de las circunstancias personales y familiares del pensionista. Además, si el pensionista tiene otros ingresos se le aplica la retención del IRPF general, según los ingresos anuales.
Los pensionistas no están obligados a realizar la declaración de la renta si sus ingresos anuales no superan los 22.000 €. Es decir, que no estarían obligados aquellos cuyas pensiones media mensual bruta fuera de 1.571,42 euros (14 pagas). Pero, en el caso de que tenga ingresos adicionales de otros pagadores que superen los 1.500 euros anuales, el límite para la obligación de presentar la declaración baja a 14.000 euros anuales.
En realidad el cobro de una pensión no se puede considerar rendimiento del trabajo, el derecho al cobro de esas pensiones se generó durante la vida laboral, mediante la retención practicada sobre los salarios mensuales. Practicar la retención del IRPF a las pensiones, que no son un salario recibido por un trabajo realizado, no es lógico, cuando, además, a los que se les retiene ya tributaron en su día ese mismo impuesto, el IRPF. Es un caso de doble imposición.
En todo caso, el Estado podría aplicar el impuesto correspondiente a un rendimiento de capital mobiliario, que resultaría mucho menos gravoso y que iría disminuyendo progresivamente según la edad del pensionista.
El ansia recaudatoria de estos gobiernos es excesiva y difícilmente soltarán la presa, como tampoco la soltarán en el caso de las clases medias, de donde sacan la mayor tajada. Podrán posturear amagando con subir los impuestos a las grandes fortunas, pero ellos saben, como nosotros sabemos, que de donde sacan la mayor tajada es de las clases medias, de los trabajadores por cuenta ajena, de los autónomos con ingresos bajos y medios y de los empresarios de PYMES. Así que difícilmente, algún partido de los que han gobernado hasta ahora o de los que aspiran a pillar cacho, van a plantearse la posibilidad de dejar de retener el IRPF a las pensiones.
Avante 2/3 lo tiene claro, en cuanto pueda eliminará esa retención, de manera que las pensiones subirán de golpe una cantidad importante. Los jubilados, que han estado trabajando y cotizando 35, 40 años o más años se lo merecen.
DEMOGRAFÍA. POLITICAS DE EMPLEO
PROMOCIÓN PROFESIONAL DE LAS MUJERES Y LA BRECHA SALARIAL
Se han hecho muchos estudios para conocer las causas y los efectos de la escasa presencia de la mujer en los puestos directivos de las empresas y organizaciones privadas y, aunque en menor medida, también de las públicas. En estos estudios se alude frecuentemente al concepto de “techo de cristal”, término que tomó forma en el mundo académico en EEUU cuando el Departamento de Trabajo del gobierno federal estadounidense, en 1984, estudió las barreras actitudinales y organizacionales que obstaculizaban el avance vertical en las organizaciones de individuos cualificados.
Sobre las causas del techo de cristal se ha escrito mucho, pero según expresaba la doctora Martínez Ayuso en su tesis doctoral[1], de todas las clasificaciones sobre las causas del fenómeno que nos ocupa, “la que permite englobar el mayor número de casuística de forma simple, limpia y lógica, sería la presentada por Agut (2007), que las agrupa de la siguiente manera:
- Barreras personales-internas: características de la personalidad y motivación de logro, estilos de liderazgo y capital formativo acumulado.
- Barreras sociales externas: Barreras culturales, cultura organizativa y políticas gubernamentales.
- Barreras mixtas: mezcla de las Barreras personales con los condicionantes sociales y organizacionales”.
Por todo ello es importante que una política laboral contemple medidas de conciliación laboral y personal para ambos sexos, de tal manera que a las mujeres no les suponga un sacrificio en su carrera profesional cumplir con su deseo, si lo tienen, de ser madres. No somos muy amigos de las discriminaciones positivas, pero en este caso pudieran dar buen resultado a medio plazo, para lograr el objetivo que pretendo hacer notar como imprescindible y que no es otro que conseguir recuperar índices de natalidad superiores al 2. Siempre respetando la decisión personal de la mujer sobre ser o no madre, creo que las administraciones y la sociedad en general debe poner todo el empeño para que no haya barreras, in internas, ni externas, para que a la mujer se le reconozca sin paliativos su valía profesional y se le respete tanto su vida personal y familiar, como la sana ambición de progresar profesionalmente. La maternidad en una sociedad humanizada no debe nunca ser un obstáculo para que la mujer pueda optar a un puesto de trabajo, sea del nivel que sea, ni para que pueda obtener los ascensos que merezca por su valía profesional. Para lograrlo si puedo admitir medidas de discriminación positiva.
Todas estas medidas que se han tomado en relación a la situación laboral de la mujer y más que se tomaran, son necesarias dada la situación laboral de las mujeres en la actualidad que, aunque ha mejorado, dista mucho de ser lo que debería. Aún hay diferencias en varios aspectos relativos a la participación de las mujeres españolas en el mercado laboral. La brecha de género en las condiciones de trabajo es debida entre otros factores a las siguientes características particulares de la participación de la mujer española en el mundo laboral:
- Tasa de temporalidad en el empleo.
- Trabajo a tiempo parcial.
- Brecha salarial de género.
- Tiempo de trabajo (remunerado y no remunerado) y su ordenación.
La realidad es tozuda y muestra que la duración de las jornadas de trabajo, así como su ordenación, inciden en las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar o personal de hombres y mujeres, pero en especial de éstas últimas que siguen siendo las que más horas dedican al trabajo dentro de casa, lo que afecta a su participación en la vida laboral en igualdad de condiciones.
En definitiva, para lograr reducir más la brecha salarial proponemos las siguientes medidas:
- Incentivar la medición de las brechas salariales, tanto a nivel privado como público. Sobre todo, en base a estadísticas oficiales sobre la brecha salarial y empleando incentivos positivos y negativos por parte de la Administración Pública, para lograr la transparencia salarial de las empresas y la reducción de la brecha salarial.
- Fomentar, en el ámbito de la conciliación, la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las responsabilidades familiares. En este caso las administraciones y los agentes sociales deben contemplar, de forma responsable, la posibilidad de aumentar y mejorar de los sistemas de apoyo y ayuda a las familias.
- Incrementar participación de la mujer en los órganos de decisión y en los de negociación colectiva, así como promover el emprendimiento femenino.
- Concienciar y sensibilizar a toda la sociedad en materia de igualdad. Siendo fundamental actuar, sobre todo, en el campo de la educación y formación, así como en los medios de comunicación.
Con ello, actuando decidida y racionalmente, puede que se consiga que las mujeres puedan a lanzarse de forma decidida a conquistar puestos, en todos los niveles del mercado laboral, sin temor a quedar relegadas, o a no poder tomar libremente la decisión de ser madres sin temer el tener que dejar de aportar económicamente al hogar, o que su puesto de trabajo dejara de ser respetado.
[1] Virginia Martinez Ayuso. “CAUSAS DEL TECHO DE CRISTAL: UN ESTUDIO APLICADO A LAS EMPRESAS DEL IBEX35” (Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2015), http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:CiencEcoEmp-Vmartinez/MARTINEZ_AYUSO_Virginia_Tesis.pdf