Política Demográfica

Hasta ahora el resultado de la política de ordenación territorial de las Autonomías no ha sido bueno en lo que se refiere a la lucha contra la despoblación, eso resulta evidente. El nivel administrativo que debería llevar el peso de la aplicación de las políticas contra la despoblación debería de ser el de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. Primero porque hay Autonomías muy extensas, con Provincias de características muy diferentes y necesidades muy distintas que no son siempre bien captadas y valoradas desde los gobiernos autonómicos, afectados casi todos ellos de neo-centralismo. Segundo porque en las Diputaciones están representados de manera más directa los pueblos y comarcas de la provincia, por lo que la sensibilidad sobre esta materia es mucho mayor. Y en todo caso siempre es más fácil corregir alguna deficiencia de representación en ese nivel administrativo que no está tan afectado por la correspondiente Ley Electoral Autonómica, normalmente hecha como un traje a medida de los deseos de alguien, y por la disciplina de Partido.

A nivel estatal existe la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) que, en mi opinión, podría ser el puente que regulara la financiación estatal o de la UE dirigida a la ejecución de las políticas concretas contra la despoblación en las diferentes Provincias. Se trataría de sustraer el control de esta política pública a las Autonomías porque ya han demostrado su ineficacia y no estamos en condiciones de perder más tiempo intentando reconducir su fracaso. Hay que ser valiente y decidido, hay que intentar otro camino que, por ser más próximo al terreno de que se trata y más sensible con su situación y necesidades, puede llevar de una forma más eficiente a la meta que perseguimos: parar la despoblación y recuperar aquellos pueblos y comarcas que aún tienen posibilidades de tener y dar vida.

Habrá quien diga que para elucubrar y discutir sobre estos temas territoriales están los Parlamentos Autonómicos y el Senado. Y yo les respondo que tuvieron su tiempo y se les pasó, entretenidos en otras cosas, sin duda importantes, pero otras, dejando de lado esta cuestión tan importante y decisiva para un futuro más libre y justo de nuestra sociedad. Respecto al Senado, la Constitución en su Artículo 69 establece que “El Senado es la cámara de representación territorial”. Determina así mismo que por cada provincia se elegirán cuatro senadores, tres en el caso de las islas mayores de los Cabildos o Consejos Insulares y uno más por cada una de las islas o agrupaciones menores (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Hierro, Gomera, Lanzarote y La Palma), además uno por Ceuta y otro por Melilla, todos ellos por sufragio universal. Por designación de la Asamblea Legislativa de cada Comunidad Autónoma se nombra un Senador y otro más por cada millón de habitantes del territorio de esa Comunidad. Pero el Senado, a pesar de ser “la cámara de representación territorial” y contar con un respetable número de Senadores (266), no ha obtenido ningún éxito en políticas contra la despoblación y recuperación de las áreas rurales más amenazadas.

En realidad, la verdadera representación territorial ha descansado en el Congreso de los Diputados gracias a la Ley Electoral, de la que no voy a tratar aquí porque no es el tema y además ocuparía mucho espacio por lo prolijo de la discusión sobre ella. El hecho concreto es que, como consecuencia de las circunscripciones electorales definidas, del número de diputados por circunscripción, la fórmula electoral y los restos, hemos logrado que el Congreso de los Diputados, en lugar de ser la cámara de representación de los ciudadanos soberanos, haya asumido además la función de cámara de representación territorial, usurpándosela al inoperante Senado. Así se oyen expresiones como Grupo Catalán o Grupo Vasco, cuando en realidad son Diputados de un partido nacionalista de una u otra región que tampoco demuestran interés por el problema que nos atañe aquí, sino más bien por los intereses de unas elites de muy dudoso proceder. Y así se puede observar cómo ha habido legislaturas en las que un partido de ámbito nacional con 969.946 votos obtuvo 2 diputados, cuando un partido de ámbito regional con 779.425 consiguió 10 diputados. Por eso las reivindicaciones territoriales se han concentrado en el Congreso, pero a pesar de eso en esa cámara tampoco se han dado soluciones efectivas a la despoblación. Entre otros motivos porque la ventaja que le concede la Ley electoral a las provincias más despobladas, no se traduce en una mayor representación de las zonas rurales, ya que en realidad los votantes se concentran en gran proporción en la capital de la provincia (por ejemplo, en Zaragoza capital vive el 70 % de la población de la provincia). Es decir que los partidos dependen del voto urbano de la ciudad donde están los órganos administrativos y las sedes de los partidos.

Por todo esto me decanto por soslayar las vías más o menos representativas hasta ahora utilizadas y utilizar las Diputaciones Provinciales y administraciones de similar nivel y los Consejos Comarcales para ejecutar las políticas que se acuerden en el seno la FEMP, organismo que además debería ser el canal de distribución de la financiación estatal y de la UE.

Las áreas de actuación que hay que tener en consideración para estudiar holísticamente el problema de la despoblación son muy variadas, pero bajo mi punto de vista, las que precisarían de una atención prioritaria serían la vivienda, la educación, el trabajo y el turismo. Éstas deberían ir acompañadas de medidas relativas a incentivos fiscales y a mejoras de los servicios públicos, las infraestructuras viarias (sobre todo de la de carreteras secundarias), las infraestructuras de telecomunicaciones, así como a la aplicación de incentivos o complementos de sueldo a funcionarios de las administraciones que permanecieran en las zonas rurales (maestros, veterinarios, personal sanitario, etc.), a la recuperación y gestión de los bienes comunales y a la creación de cooperativas, etc.

Empezaré por tratar el aspecto de la vivienda que, para cualquiera que desee establecerse en un pueblo, es sin lugar a duda uno de los decisivos a la hora de estudiar las posibilidades y calcular los costes de adoptar una decisión semejante. Como ya he manifestado con anterioridad al hablar de la política de vivienda, la existencia de un parque de vivienda vacía de cierta consideración me induce a pensar que no existe la necesidad, en la mayoría de los casos, de acudir a la construcción de vivienda nueva. Más bien pienso que se debería dar preferencia a la rehabilitación de viviendas vacías por sus propietarios, mediante la concesión de ayudas estatales a los mismos, siempre que la finalidad de la obra fuera habitar la vivienda de forma habitual (como mínimo 6 meses al año), o el alquiler de esta por un periodo no menor de 25 años, o 10 años en el caso de ser alquiler con opción a compra.

Otra versión de la rehabilitación correspondería a la de los edificios de titularidad pública, que abundan en la mayoría de los pueblos y cuya conservación es bastante deficiente. En este último caso, edificios como los antiguos consultorios médicos, las escuelas que no se vayan a reabrir, las casas de médicos o maestros, las viejas casas-cuartel de la Guardia Civil, locales abandonados de antiguos sindicatos agrarios y cooperativas y un largo etcétera, podrían ser objeto de una rehabilitación apoyada por el Estado, con la finalidad de contar con un parque de viviendas de alquiler de renta limitada. Debo recordar que, en el año 2013, mediante la Ley 8/2013 y el RD 233/2013 entre otros, el Gobierno cambió la tendencia que venía siendo habitual de apoyo y subvención a la construcción de vivienda nueva y apostó decididamente por la ayuda a la rehabilitación de viviendas y edificaciones y por la regeneración de los espacios públicos, así como por la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas unifamiliares y en edificios de residencia colectiva. De aquellos documentos legales se podrían extraer ejemplos a aplicar para la normativa que regulara las ayudas a la rehabilitación en las zonas rurales.

Puede que el pilar de mayor importancia en la complicada lucha contra la despoblación sea la educación. En este tema todas las administraciones públicas, cada una a su nivel y dentro de sus competencias deben procurar hacer gala de una gran generosidad, cuando menos al comienzo del deseable proyecto de extensión de la Escuela Rural, en las zonas rurales donde se decida actuar. No sería de extrañar que inicialmente se tuvieran que abrir escuelas infantiles y/o de primaria con ratios bajas, incluso de 3 ó 4 niños. El grado de determinación y generosidad que se tenga en el comienzo del proyecto será el que determine el tamaño del efecto llamada sobre las personas que estén en la duda de decidirse por dar un giro en su vida e irse a vivir al pueblo.

En las Comunidades de Castilla y León y Aragón nacieron en 1986, como una herramienta de lucha contra la despoblación, los Centros Rurales Agrupados (CRA) con los que se pretendía frenar el cierre de escuelas. Se trataba de agrupar escuelas de educación primaria (de 6 a 12 años) que no tenían estudiantes suficientes para completar todos los cursos, de forma que se organizaban como si fuesen un solo centro. A cada CRA se le asignó una cabecera de la que dependían el resto de las escuelas, situadas en los pueblos próximos más pequeños. Bastaba con que un pueblo contara con 4 niños para formar un aula y unirse al CRA más cercano. A los pueblos con más de 12 alumnos les corresponden dos aulas, y a los de más de 29, tres, según la legislación vigente. Sin embargo, juntar esos cuatro matriculados que marcan el mínimo para poder incorporarse a una CRA ha resultado cada vez más complicado para muchas localidades. De hecho 500 aulas pertenecientes a los CRA cerraron desde el curso 2010/2011 hasta el año 2016 en estas comunidades. En los últimos siete cursos, los CRA de Castilla y León y Aragón han perdido el 19 por ciento de sus aulas^[1].

A pesar de todo considero a esa iniciativa un buen comienzo y un ejemplo de actuación y, si se persevera en ese esfuerzo y se mejoran algunas de las demás variables que intervienen en la lucha contra la despoblación, podrán verse pronto los frutos. En este sentido en la Comunidad de Aragón, durante la anterior legislatura se salvaron del cierre 62 aulas de entre 3 y 6 alumnos. Paralelamente se han logrado reabrir escuelas que llevaban años ya cerradas. En esta Comunidad la mitad de los centros escolares están repartidos en las zonas rurales, en las que se encuentran el 95 % de las poblaciones de menos de 5000 habitantes^[2] y en esos centros estudian sólo el 17 % de los estudiantes de toda la Comunidad, pero para ellos se dedica el 31 % de la inversión en Educación, el 27 % del profesorado de la Comunidad, además de una cantidad muy respetable para el transporte escolar. El esfuerzo también llega a la etapa escolar de 0 a 3 años que es atendida en 193 escuelas infantiles (567 aulas en 2018), habiendo reabierto aulas en poblaciones de comarcas muy amenazadas por la despoblación. Se ha mejorado por otra parte las ratios mínimas para el desdoble de grupos, de tal manera que a partir de los diez alumnos (antes eran 12) se ha autorizado la apertura de dos aulas y dos maestros^[3] y, además, desde 2015 la ratio para mantener abiertas las escuelas bajó a 3 alumnos (antes 4). A pesar de todo el 46 % de los municipios de la Comunidad no tenían escuela en el año 2019, porque de los 212 pueblos de Aragón (29 %) que no superan los 100 habitantes hay 66 que en los que no hay niños menores de 15 años^[4].

Este ejemplo es una muestra de cómo empezar a mejorar las condiciones de vida en el mundo rural en el aspecto de la educación, pero creo que aún se debería llegar a más, hacer un mayor esfuerzo para acercar aún más las aulas de infantil, en las etapas de 0 a 3 y de 3 a 6 años, a los domicilios de los niños, evitando en la medida de los posible los desplazamientos.

En lo que al personal docente se refiere, es de dominio público que a los maestros les resulta difícil aceptar una plaza en la escuela rural, sobre todo cuando está muy alejada de la ciudad en la que vive. La mayoría de los que han ocupado una plaza en escuelas rurales lo hacen de forma temporal, hasta que puedan optar por una en la ciudad. Esta realidad afecta de manera negativa y muy decisiva en la posibilidad de mantener una cierta continuidad en los proyectos educativos de cada escuela rural y de la calidad de la educación, en definitiva. El maestro ha dejado de considerarse un actor clave en la vida rural, una persona de referencia, no sólo para el alumnado, sino para el pueblo en general. En ese sentido y en aras de la recuperación de la continuidad y el prestigio de la función docente en los pueblos, es preciso poner los medios adecuados para lograr una mayor permanencia de los maestros en las escuelas rurales. Una medida perfectamente asumible, desde mi punto de vista, es perfeccionar el salario de los maestros rurales mediante un sustancioso incremento del complemento de destino para los maestros de zonas rurales, complementos que deberían estar graduados según parámetros de lejanía a la capital provincial, población del municipio y facilidades o dificultades de acceso a su destino. Otra medida podría ser la aplicación de baremaciones que premiaran los años de docencia en las escuelas rurales en los concursos de plazas y oposiciones para los diversos cuerpos de funcionarios del Estado y CCAA.s.

No hay que olvidar que sería muy conveniente, para fomentar la solicitud de plazas de docentes en las escuelas rurales y su permanencia, disponer de un parque de vivienda pública a disposición de estos profesionales en los pueblos donde ejerzan su función. Con esta medida se obtendrían dos beneficios principalmente, uno lograr la integración del maestro en la población y recuperar la importancia de su figura en la sociedad rural y otro evitar los desplazamientos, a menudo largos, por carreteras en estado regular o deficiente, con el riesgo que conllevan debido a que, por inexistencia o carestía de vivienda, muchos optan por mantener su domicilio en la ciudad y otros se desplazan a otros pueblos con mayor y mejor disponibilidad de vivienda.

Por último, en cuanto a la educación, hay que señalar que es de máxima importancia dar espacio a la realidad rural en los programas de enseñanza, de todos los lugares y a todos los niveles, prestando más atención a la obtención de conocimientos sobre la cultura, trabajo, producción, beneficios en biodiversidad y sostenibilidad y posibilidades de desarrollo de iniciativas en el mundo rural. Dentro de estos programas podrían incluirse estancias en las zonas rurales, para estudiantes de Bachiller, FP y Universidad, para realizar estudios sobre la vida rural, posibles ideas innovadoras e iniciativas, o para realizar prácticas en explotaciones agropecuarias, talleres, empresas y cooperativas.     

Referente al trabajo, tercera área de mayor importancia en la lucha contra la despoblación hay que considerar, por un lado, las actividades tradicionales y básicas que se desarrollan en el mundo rural, es decir la agricultura, la ganadería y pastoreo, la apicultura, las actividades forestales y todas aquellas directamente relacionadas con éstas, como son la producción de queso, miel, leche, los mataderos fijos y ambulantes, etc. Pero por otro lado no hay que dejar sin considerar actividades auxiliares y complementarias como las referidas a la mecánica en general y en especial la de maquinaria agrícola, la administración y contabilidad, la asistencia veterinaria, la asistencia sanitaria, la asesoría laboral, empresarial y fiscal, la forja y herrerías, la guarnicionería, la alfarería y cerámica, las labores del esparto para fabricación de serones, esteras, alfombras, etc. Sin olvidar los trabajos que se ocupan de las nuevas tecnologías de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones que tanta aplicación están teniendo en el control de cosechas y ganaderías, la informática tanto en su versión del software como del hardware, las nuevas energías más normales (solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, biogás) e incluso, para ciertas zonas, la energía del mar o la geotérmica. Tampoco se puede dejar de mencionar los trabajos que se ocupan de la conservación, evolución y difusión de la cultura y el medio ambiente, como escuelas de música y bailes, las escuelas y centros deportivos y de cuidados físicos, los profesionales de los centros de interpretación de la naturaleza, museos etnológicos, bibliotecas, guías de espacios y recorridos naturales, etc.

En el ámbito de las actividades laborales con posibilidades de desarrollo en el mundo rural y de empleo para los jóvenes, se pueden mencionar además otras como el comercio y servicios asistenciales ambulantes, entre los que se pueden destacar el comercio itinerante, la compra “on line”, el servicio de transporte de la compra hasta núcleos de población retirados o a personas mayores, los mataderos ambulantes que recorren los pueblos que cuentan con pequeñas explotaciones, donde no es posible mantener un matadero fijo. Todas estas actividades son muy adecuadas dada la demografía de nuestra España rural, afectada por una importante atomización de municipios y con una población escasa y envejecida, por lo menos de momento. Pero para poder llevarlas a cabo con cierta seguridad y eficiencia es necesario mejorar mucho la conectividad de telefonía móvil y de internet y la infraestructura de las vías de comunicación.

Como se ve hay una gran variedad de actividades que pueden ser desarrolladas en las zonas rurales, a parte de las básicas y principales. Evidentemente la localización de los centros donde se puedan desarrollar dichas actividades dependerá de la distribución y cantidad de población en cada comarca o zona. Esto debería ser objeto de estudio de los Consejos Comarcales y Diputaciones o administraciones de similar nivel, de manera que se difunda convenientemente la demanda de actividades necesarias en que cada zona y, mediante los incentivos fiscales o facilidades crediticias y las facilidades de acceso a locales y viviendas, haga posible el establecimiento de empresas, centros, negocios, etc. que, junto con los profesionales que los gestionen, dinamicen el ámbito rural e incremente la población en el mismo.

Podría ser también una medida efectiva que las Diputaciones Provinciales se hicieran con unos fondos comarcales de tierras abandonadas o no utilizadas para posteriormente ser alquiladas a particulares, prioritariamente jóvenes, o cooperativas que quisieran establecerse en esas comarcas. También debería establecerse a nivel Diputación Provincial unos incentivos monetarios o complementos de renta básicos para el personal dedicado a actividades agropecuarias, forestales o de apicultura, por los trabajos complementarios que pudieran desarrollar de limpieza de montes y bosques, cuidado de pastos, mantenimiento de caminos, vías pecuarias y lechos de cauces de agua, así como por la cría de razas autóctonas. Así mismo sería conveniente la mejora de las posibilidades de comerciar de manera directa con la producción de los profesionales del campo y artesanos, facilitando la organización de ferias y mercadillos donde los productores de los pueblos de cada comarca pudieran ofertar, sin intermediarios, sus productos.

Respecto a la actividad de moda en el mundo rural, el turismo, lo importante, además de procurar su mantenimiento y consideración, es no banalizarla, evitando que el turismo rural se convierta en algo parecido a una simple visita a un parque temático. Hay que orientar las actividades turísticas, entre otras cosas, al conocimiento de las tradiciones, de la gastronomía, de la biodiversidad de la zona visitada, de las manifestaciones culturales y a la colaboración en actividades de cuidado y mantenimiento del medio ambiente, de las vías pecuarias usadas en la trashumancia y trastermitancia, etc. Al tiempo que se deberían evitar o aminorar la convocatoria de pruebas deportivas que supongan un abuso del medio ambiente, como las competiciones masivas de vehículos a motor o los grandes conciertos. También se debería evitar el exceso de construcción de alojamientos y equipamientos turísticos-culturales y deportivos, sobre todo de los que ni respetan el entorno, ni son realmente aprovechables en una zona determinada; de la misma manera que se debería ser más cuidadoso en la selección de productos alimenticios y artesanales de los mercados dirigidos al turismo, de forma que en cada zona se comercializaran sus productos típicos y tradicionales, escapando de la uniformidad de la oferta que impera en muchos de los mercadillos ambulantes que recorren nuestros pueblos.

Para orientar en la buena dirección el turismo en las zonas rurales podría ser una buena medida el apoyo e incentivo a empresas familiares de actividades agroturísticas, granjas escuela, talleres escuela y a empresas de actividades de turismo de naturaleza con variada oferta, desde el senderismo, la micología, la realización de la trashumancia o trastermitancia a pie o a caballo, hasta la realización de campamentos juveniles, el montañismo e, incluso la espeleología, el descenso de ríos y la escalada. En fin, se trata de huir de la simple masificación del turismo en urbanizaciones que permanecen vacías la mayor parte del año. Se debe procurar incentivar iniciativas que mantengan un flujo regular de turismo, a lo largo de todo el año, gracias a una oferta diversificada y atractiva de actividades para todas las edades.

Para terminar, hay algo que afecta a los cuatro pilares de la lucha contra la despoblación de los que he hablado hasta aquí: la digitalización. Digitalización de la administración a todos los niveles, que facilitaría de forma decisiva la simplificación de trámites y los desplazamientos innecesarios de los administrados. Digitalización que posibilitaría en muchos casos el teletrabajo de muchos funcionarios, cuando menos en una buena proporción del tiempo que deben dedicar a su labor y que facilitaría, por otra parte, su domiciliación en núcleos rurales. Digitalización de la gestión de explotaciones agropecuarias que, mediante sistemas de información geográfica, sistemas de localización GPS, sistemas de detección por sensores del estado de las condiciones de las cosechas o de los animales, tecnología de comunicaciones vía satélite y sistemas informáticos con sus aplicaciones adecuadas, puede simplificar y hacer más cómodo el trabajo de los profesionales del campo.

[1] “Las aulas que están a punto de desaparecer”, Los CRA: escuelas en peligro de extinción, 2016,  https://medialab-prado.github.io/cra-escuelas-medio-rural/post.html

[2] “La Escuela Rural en Aragón”, Gobierno de Aragón, 5 de abril de 2019, https://www.aragon.es/-/la-escuela-rural-en-aragon

[3] “Aragón es la única comunidad que salva escuelas rurales con tres niños”, El Periódico de Aragón, 13 de mayo de 2108, https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-es-unica-comunidad-salva-escuelas-rurales-tres-ninos_1283539.html

[4] Marta Gracia Huerta, “La vuelta al cole en la escuela rural”, Aragóndigital, 12 de septiembre de 2019, https://www.aragondigital.es/2019/09/12/la-vuelta-al-cole-en-la-escuela-rural/